El BPS y la reserva de fuentes

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La Asociación de la Prensa Uruguaya quiere manifestar su preocupación por una investigación abierta en el Banco de Previsión Social (BPS) para conocer el origen de la "filtración" de una serie de datos de interés público al semanario "Brecha", que incluyó una citación a los periodistas Fabián Werner y Walter Pernas para interrogarlos de manera improcedente sobre las fuentes de la información que publicaron el pasado viernes 31 de agosto.

Amparándose en su secreto profesional, Werner y Pernas se negaron a revelar la identidad de sus fuentes informativas, y declararon que como periodistas bregan por “reglas claras de transparencia en los contratos del Estado. Y eso incluye que no se impida el acceso a la información respecto a la integración de directorios o del plantel de empleados de las empresas que contratan con organismos públicos”.

La reserva de fuentes es parte integrante del derecho a buscar, recibir y difundir información, tutelado por la Constitución y el Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero además se encuentra reconocido a texto expreso por el Art. 1 de la ley 16.099.

En el marco de una serie de investigaciones periodísticas sobre la administración de los Casinos Municipales durante la gestión de Juan Carlos Bengoa, los periodistas de "Brecha" publicaron la integración de algunas empresas que contrataban con esa gestión municipal. Se trata de una conducta legítima, ya que la información es de interés general y no corresponde a ellos mantenerla en reserva.

De hecho, este sindicato cree que los ciudadanos tienen derecho a conocer la integración de las empresas que contratan con el Estado. Por todo esto, llama la atención que el BPS abriera una investigación para determinar la "filtración" de datos de interés público y, más grave aún, llamara a los periodistas para que revelaran sus fuentes de información. También resulta cuestionable el hecho de que se haya negado a los periodistas el acceso a una copia de su declaración, lo cual implica que no se les haya otorgado las garantías del debido proceso.

Por este medio, la APU quiere respaldar a los periodistas que se negaron a revelar sus fuentes de información y espera que la actitud de las autoridades del BPS se enmarque en un desconocimiento de la normativa sobre libertad de expresión y no en una política deliberada para restringir el derecho de los ciudadanos a informarse y de los periodistas a buscar, recibir y difundir informaciones de interés público.