
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) Uruguay ha levantado la voz, denunciando un trato discriminatorio por parte del gobierno en las recientes auditorías a servicios de comunicación audiovisual.
Desde AMARC, se ha expresado preocupación sobre el sesgo en las auditorías realizadas por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), señalando que estas se están centrando exclusivamente en radios comunitarias. Alegan que, "según las leyes vigentes, estas auditorías deberían abarcar a todos los titulares de servicios de comunicación audiovisual".
La URSEC aprobó y notificó el proceso solo dos meses antes del vencimiento, sin proporcionar una capacitación adecuada. Esto ha generado inquietud, ya que el incumplimiento del trámite aprobado podría resultar en sanciones para los medios de comunicación. AMARC sostiene que esta acción apunta más a sancionar que a un control real de los medios.
En el transcurso de este jueves 29 de febrero, fecha en que cerraba el período para presentar la documentación correspondiente; la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) comunicó que “se posterga el plazo para la presentación del trámite de Auditoría de Radios Comunitarias y habrá una charla explicativa”.
De acuerdo a una comunicación emitida por la URSEC se establece que “el plazo para presentar la información de las Auditoría de Radios Comunitarias vencerá el 31 de marzo de 2024”
Por su parte, consultado por Portal APU.uy Miguel Dell Acqua, vocero de la mesa nacional de AMARC afirmó que “era esperable esta postergación del plazo para la presentación de la documentación solicitada” al tiempo que informó que este jueves 7 de marzo se tiene previsto una reunión con la URSEC-
Dell Acqua resaltó la importancia de que “estas instancias de capacitación se puedan realizar en horarios en que los que estamos interesados podamos asistir y de esa manera surtan el efecto de asesoría y acompañamiento que históricamente venimos reclamando”.
En un comunicado hecho público por AMARC este jueves hay un factor adicional que es “la conexión directa entre estas auditorías y la demanda de la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (ANDEBU), que representa a medios comerciales poderosos. Esto plantea interrogantes sobre la imparcialidad del gobierno al actuar según la solicitud de una gremial sin auditar a sus propios socios, beneficiarios de millones de dólares del gobierno”, señala AMARC
La denuncia resalta la aparente intencionalidad política contra el sector comunitario. Desde declaraciones previas de funcionarios gubernamentales hasta cambios en la ley de radiodifusión comunitaria en 2021, se señala un trato desigual y restricciones que podrían poner en peligro la existencia de radios comunitarias. AMARC exige un trato no discriminatorio hacia todos los titulares de medios de comunicación radial y televisivo.
El vocero de AMARC afirmó además que “percibimos que el estado en el tema de la comunicación no apoya al sector más débil y por el contrario extiende concesiones a medios privados o comerciales que son efectivamente lo que manejan grandes volúmenes de recursos e incluso la mayoría de las pautas oficiales que otorga el estado desde sus diferentes dependencias”
Desde AMARC se señala que “es esencial que la sociedad esté alerta y demande transparencia en estas acciones gubernamentales, especialmente en un año electoral y de iniciativas populares”. Esto debido a que “la libertad de expresión y el acceso a información son derechos fundamentales que deben protegerse, independientemente del tamaño o la naturaleza del medio de comunicación”.
En conclusión, la denuncia de AMARC destaca la importancia de un escrutinio público sobre las acciones del gobierno, promoviendo la igualdad y la justicia en el tratamiento de los medios de comunicación. La sociedad tiene el poder de exigir un cambio y garantizar que se respeten los derechos fundamentales en el ámbito de la comunicación.