Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, al ser entrevistado para el Portal  APU.UY explicó que la denuncia busca que la CIDH observe y emita recomendaciones sobre la situación actual. Destacó así mismo que los fiscales enfrentan un hostigamiento constante, incluyendo acusaciones infundadas de actuar con fines políticos e "ideología de género".

Según Rosa, estas acusaciones no solo afectan la credibilidad de la Fiscalía como institución, sino que también debilitan su capacidad operativa y su influencia en decisiones clave del Estado, como la asignación de recursos y la designación del Fiscal General, que lleva vacante casi tres años.

La Asociación subraya que un organismo público debilitado puede favorecer a grupos delictivos y a sectores de corrupción, al impedir una acción judicial efectiva contra actividades como el lavado de activos y el crimen organizado de alto nivel.

El fiscal enfatizó que la intervención de la CIDH no busca sancionar al Estado, sino obtener recomendaciones que impulsen un compromiso renovado con la independencia judicial y fortalezcan la posición de la Fiscalía en el sistema de justicia uruguayo, en donde también se  promueva un diálogo constructivo  para mejorar las condiciones de trabajo y la independencia de la Fiscalía en Uruguay.