El presidente de la Confederación de Sindicatos del Estado (Cofe), Martín Pereira, ha anunciado que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dado trámite a la denuncia presentada por el gremio en relación con el nuevo régimen de licencias médicas en el sector público de Uruguay. Según Pereira, la OIT ha aceptado el reclamo y, además, ha tomado una medida adicional al remitir la denuncia a un comité especializado en "libertades sindicales" debido a la falta de negociación colectiva sobre el tema.

El conflicto se centra en las modificaciones introducidas al régimen de licencias médicas para los funcionarios públicos. Bajo el nuevo régimen, los trabajadores del Estado recibirán el 100% de su salario solo durante los primeros nueve días de licencia por enfermedad. A partir del décimo día, el salario se reduce a un 75%, y esto ha sido motivo de controversia.

Las organizaciones sindicales sostienen que este cambio no fue negociado con los representantes de los trabajadores, lo que implica una rebaja salarial significativa. Además, critican que el nuevo régimen no solo afecta las condiciones económicas de los funcionarios, sino que también se ha implementado sin el debido proceso de negociación colectiva, lo que vulnera derechos laborales fundamentales. Antes de la reforma, los funcionarios públicos recibían el 100% de su salario durante todo el período de licencia médica, sin importar la duración de la misma.

En respuesta a estas denuncias, la OIT ha aceptado el reclamo  y ha solicitado la conformación de un comité tripartito para estudiar las denuncias de los sindicatos sobre la rebaja salarial y los incumplimientos en materia de salud laboral. La OIT también ha trasladado la denuncia al comité de libertades sindicales, debido a la acusación de falta de negociación colectiva por parte del gobierno.

Este paso de la OIT representa un avance importante para los sindicatos, que consideran que la intervención de la organización internacional es una forma de presión sobre el gobierno para que revierta la medida y cumpla con los estándares internacionales de derechos laborales.