29 de Febrero del 2024
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Acceso al agua
La ONU debe considerar las propuestas de los pueblos indígenas
Acceso al agua
Foto: UNOPS

El 26 de febrero de 2024 inició en Nairobi la 6a. edición de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Ricardo Changala - lacommunis.org

Esa Asamblea s realiza cada dos años y reúne a los 193 Estados miembros de la ONU para abordar colectivamente los problemas medioambientales críticos a los que se enfrenta el planeta. Se trata del único momento, aparte de las reuniones de la Asamblea General de la ONU, en el que participan todos los Estados miembros.

La Asamblea se creó en 2012 como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, celebrada en Brasil.

Como resultado de los debates de la sesión de 2022 de la Asamblea de Medio Ambiente, se han iniciado las negociaciones sobre el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante para acabar con la contaminación provocada por el plástico, que se espera esté terminado a finales de 2024.

En esta edición, uno de los temas centrales es la escasez y la protección del agua, de los recursos hídricos.

Esta Asamblea ONU sobre medio ambiente, ha sido precedida por otro foro internacional dedicado específicamente el agua: a Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023, celebrada del 22 al 24 de marzo en Nueva York.

En ese contexto, mas de 500 organizaciones, Pueblos Indígenas y movimientos sociales, emitieron una resolución por la cual se reafirmaba el carácter de derecho fundamental del agua y el saneamiento, la necesidad de priorizar la gestión sostenible de los ríos, lagos, humedales, manantiales y acuíferos, garantizando su buen estado ecológico; reconocer y respetar las prácticas y las organizaciones de gestión comunitaria del agua y del saneamiento promovidas, entre otras, por las comunidades campesinas y los pueblos indígenas;

Además, la resolución establece que

“…los Pueblos Indígenas tienen derechos distintos e inherentes, así como sistemas de conocimientos propios para relacionarse con el agua de manera armónica, por lo que los Estados deben reconocerles su condición de sujetos colectivos de derechos y respetar sus derechos territoriales, a la libre determinación y el derecho a ser consultado para obtener el consentimiento previo, libre e informado frente a cualquier proyecto que los afecte, y asegurarse que la gestión de sus medios de vida, incluido el agua, se realice conforme sus propias normas, en cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Precisamente, son múltiples los ejemplos por los cuales, las acciones de los Pueblos Indígenas, apoyados en sus conocimientos tradicionales a los que se suman las innovaciones tecnológicas, aún en contextos notablemente negativos, logran preservar y acceder a los recursos hídricos, en general, ante la ausencia o ineficiencia de las entidades estatales.

Por ejemplo, más de 55 millones de habitantes de México tienen dificultades para acceder al servicio de agua potable, en especial en las zonas rurales donde tan solo cuatro de cada 10 personas tienen acceso diario al liquido esencial.

Las comunidades indígenas, que tienen una relación ancestral con su entorno, incluyen el recurso hídrico, impulsan múltiples respuestas para proteger y conservar el agua, incluyendo variados sistemas de cosecha de agua como las que pueden verse en algunos lugares de los estados de Campeche y Oaxaca y Chiapas.

Un reciente material de la UNAM recopila varios ejes ejemplos e historias de vida relacionados con sistemas de cosechas de agua, de redes alternativas de agua construidas por generaciones anteriores pero que siguen siendo eficientes, contenedores recolectores de agua o sistemas de potabilización en base a los rayos ultravioleta.

El Estado de Chiapas, con un elevado porcentaje de población indígena, posee cerca del 40% de los recursos hídricos nacionales con una población de algo más de cinco millones de personas.

Sin embargo, a pesar de ser la entidad política con mayor cantidad de agua disponible por habitante, buena parte de su población sufre la falta de suministro de agua segura con el impacto que ello implica para la salud, la educación y el disfrute de un ambiente sano para su población.

De los 124 municipios que conforman el estado, apenas 41 cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales en funcionamiento, lo que significa, entre otras consecuencias, que el 70% de los ríos en Chiapas se encuentran contaminados.  El 13.4% de las viviendas carecen de acceso a agua entubada al tiempo que el Estado ostenta el menor porcentaje nacional de agua destinada al consumo humano ya que solo tiene 5 plantas potabilizadoras.

Sobre final del año 2023 se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas, el denominado tercer Encuentro por el Agua sobre propuestas de mujeres y Pueblos Indígenas, donde participaron personas vinculadas a diez municipios chiapanecos y algunas de Oaxaca.

Al cierre, se conoció un posicionamiento emitido las mujeres indígenas que participaron en el evento, quienes señalaron que, a pesar de vivir en un territorio con abundantes recursos hídricos, “Desde la madrugada, cargando a nuestros hijos e hijas, atravesamos kilómetros en busca de un recurso que a menudo está contaminado por pesticidas y microorganismos perjudiciales para la salud”. 

Las mujeres demandan que no quieren seguir siendo relegadas a un destino impuesto, exigiendo que sus voces sean reconocidas y sus demandas respetadas.

Entre otras cosas, proponen un plan de justicia hídrica para Chiapas con un compromiso colectivo y acciones concretas para transformar la realidad actual para que el derecho al agua sea accesible para todas las personas.

Similares iniciativas pueden verse en otros países de la región y en otras partes del mundo.

Por tanto, más allá de otros asuntos de la compleja agenda de la Asamblea del Medio Ambiente de la ONU, es de esperarse que estas propuestas e iniciativas no solo no queden en el olvido sino que sean consideradas para promover acciones y políticas públicas sostenibles.

En  la declaración de marzo del año 2023 comentada, se sostiene:

“Como sujetos y titulares de derechos humanos y defensores y defensoras del agua, a menudo criminalizados y perseguidos por defender los derechos humanos, exigimos que la ONU priorice el diálogo y la colaboración con las comunidades más vulnerables en la implementación del ODS 6, incluidos los Pueblos Indígenas, las comunidades campesinas, los que viven en asentamientos informales, las poblaciones discriminadas por motivos de género, ascendencia y clase, y todos aquellos que aún no tienen garantizado el acceso al agua potable y al saneamiento”.