La situación en Nicaragua viene en detrimento principalmente desde 2018, cuando las faltas del presidente Ortega comienzan a ser más evidentes en términos de abusos de poder, censura y violaciones a los derechos humanos.
Entre abril de 2018 y julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró más de 300 fallecidos en protestas, las cuales comenzaron en distintas ciudades ante una reforma de la seguridad social, y se sucedieron a lo largo del año por distintos motivos.
Para ese entonces, también comenzaban a contabilizarse presos políticos y censuras a medios de comunicación, prácticas que se han vuelto más comunes en los últimos años. Radios y canales de televisión han sido ocupados y/o allanados en decenas de oportunidades, en tanto cientos de periodistas debieron exiliarse, según el informe 2022 de Voces al Sur.
El presidente Daniel Ortega se ha visto amparado por la Ley 1055 aprobada en diciembre de 2020, que acusa de “traidor a la patria” a cualquier individuo que encabece o financie un golpe de estado, altere el orden constitucional, fomente o inste a actos terroristas, entre otras disposiciones.
De esta forma, en las elecciones de 2021 la papeleta de Ortega estuvo en las urnas, pero varios de sus opositores no pudieron presentarse por estar detenidos como traidores a la patria desde mediados de ese año. Es así que el presidente fue reelecto por el 75% de los votos, en elecciones que registraron un 65% de participación.
En cuanto a los presos políticos, la cifra registraba un total de 245 personas hasta enero de este año, entre las que es posible ubicar a opositores al gobierno, manifestantes, periodistas, escritores, estudiantes y miembros eclesiásticos.
Referido a este tema, el último episodio que tomó notoriedad internacional tuvo lugar en febrero de este año, cuando Ortega comunicó la liberación de 222 presos políticos, que fueron deportados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad en lo que ha sido considerado, a nivel internacional, como un atropello inconstitucional.
Las personas fueron sorprendidas en la noche del 9 de febrero y supieron lo que estaba ocurriendo sólo por el propio transcurso de los hechos: serían enviados a Washington y tendrían un permiso de dos años para quedarse en Estados Unidos.
Desde ese momento, varios países se manifestaron al respecto y ofrecieron su nacionalidad a las personas expatriadas nicaragüenses. España fue el primero en expedirse, a quien le siguieron Chile, Colombia, Argentina, México y Brasil.
Por nuestra parte, Uruguay se ha mantenido relativamente al margen. Si bien hubo un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual “expresa su condena” ante las decisiones adoptadas por Nicaragua, “que disponen la privación de libertad” para referentes “y vulneran sus derechos ciudadanos de forma perpetua”, otros países han sido más categóricos en condenar las acciones o tender una mano, con discursos de sus propios presidentes o en organismos internacionales, y ofreciendo la nacionalidad directamente.
Respecto al presidente Luis Lacalle Pou, el mandatario realizó un discurso en la cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) el 24 de enero, casi 15 días antes de que Daniel Ortega procediera con la expatriada, donde advertía que no es dable tener una “visión hemipléjica” respecto a las observaciones que hacemos sobre los Derechos Humanos, en una clara alusión a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Asimismo, el Partido Colorado hizo pública una “Declaración sobre la situación en Nicaragua”, en la que condena al régimen de Ortega, se solidariza con el pueblo de esa nación y apoya la propuesta del diputado Conrado Rodríguez (PC), de otorgar protección humanitaria a aquellos nicaragüenses que se encontraren en riesgo de ser considerados “apátridas”.
Sobre esta propuesta a la que refiere el documento, el diputado Conrado Rodríguez (PC) detalla su intención en diálogo con El País, de ofrecer la nacionalidad uruguaya por gracia especial de la Asamblea General a algunos de los opositores expatriados, siendo este un mecanismo extraordinario que se ha utilizado contadas veces a lo largo de la historia. No obstante, la propuesta del diputado se comunicó a finales de febrero, siendo el 1° de marzo cuando comienzan las sesiones de la Asamblea General, y hasta el momento no ha sido planteada la discusión.
De alguna forma, se sobreentiende que las políticas migratorias en nuestro país son lo suficientemente flexibles para recibir a las personas expatriadas, sin la necesidad de tomar nuevas medidas ante esta situación.
Daniel Ortega recibió la llave de la Ciudad de Montevideo en 2008, cuando iniciaba su segundo mandato presidencial. Recientemente hubo propuestas para quitarle este emblema, pero no existe un mecanismo posible para hacerlo.
