22 de Marzo del 2024
Sala de Redacción
Desaparición forzada de personas
Un grave problema que sigue golpeando a la región latinoamericana
Carmen Elizabeth Oviedo Villalba
Foto: https://donde-estan.com

La desaparición forzada sigue siendo un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo y que, en América Latina, continúa cobrando víctimas, a pesar de que ya no existen dictaduras militares en el continente

RICARDO CHANGALA - lacommunis.org

Sin embargo, se producen desapariciones en contextos de situaciones conflicto interno, como método de represión política o también, como herramientas de delincuencia armada, entre otras razones. 

Se ejerce la desaparición forzada contra defensores de derechos humanos, de tierras y territorios, pueblos indígenas, en el marco de supuesta lucha contra el terrorismo o el narcotráfico afectando personas y comunidades con múltiples consecuencias negativas e irreparables.

Por esa misma razón, el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General, a través de la resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

Por ello, declaró el día 30 de agosto, como el día mundial de la desaparición forzada de personas.

Según la ONU, cientos de miles de personas han desaparecido durante conflictos o períodos de represión en al menos 85 países de todo el mundo.

De acuerdo con la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, se producen desapariciones forzadas cuando:

“se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

A menudo, estas personas nunca son puestas de nuevo en libertad y no llega a conocerse su suerte.

Con frecuencia las víctimas sufren tortura y muchas son objeto de homicidio o viven con el temor constante de que las maten. Saben que sus familias desconocen por completo su paradero y que es poco probable que alguien acuda en su ayuda.

Incluso si escapan de la muerte y son liberadas, las cicatrices físicas y psicológicas permanecerán.

Los casos en Latinoamérica se cuentan por miles.

Por ejemplo, en México, el número de la desaparición forzada de personas supera los 100.000, en Guatemala al menos 45.000 personas ha sido registradas como desaparecidas durante el conflicto armado interno y en Argentina la cifra asciende a 30.000 personas desaparecidas durante la última dictadura militar, según los datos aportados por la mayor parte de las fuentes dedicadas a esta temática.  En Colombia, las cifras son muy altas también, variando entre 80.000 a 200.000 según la fuente consultada.

En Honduras, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó al país en marzo de 2023.

Si bien la mayor parte de los casos no resueltos ocurrieron en las décadas de 1980 y 1990, la misión manifestó su preocupación por casos mucho más recientes como la emblemática desaparición en 2020 de cuatro miembros de la comunidad garífuna en Triunfo de la Cruz, todavía sin resolver.

Los expertos atribuyeron la falta de avances a una combinación de factores que incluye “un marco legislativo inadecuado, debilidad institucional y falta de coordinación, capacidades y recursos, junto a la inseguridad, la colusión y la corrupción”.

En enero de 2024, el Secretario General de las Naciones Unidas envió una misiva al Representante Permanente de Paraguay ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra con la acción urgente Núm. 1006/2021, relativa a la desaparición forzada de la niña Carmen Elizabeth Oviedo Villalba.

En el texto se señala que el Comité contra la Desaparición Forzada de personas, continúa altamente preocupado porque la suerte y el paradero de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba todavía no han sido esclarecidos a más de 3 años de su desaparición.

Sin embargo, se producen desapariciones en contextos de situaciones conflicto interno, como método de represión política o también, como herramientas de delincuencia armada, entre otras razones. 

Se ejerce la desaparición forzada contra defensores de derechos humanos, de tierras y territorios, pueblos indígenas, en el marco de supuesta lucha contra el terrorismo o el narcotráfico afectando personas y comunidades con múltiples consecuencias negativas e irreparables.

Por esa misma razón, el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General, a través de la resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

Por ello, declaró el día 30 de agosto, como el día mundial de la desaparición forzada de personas.

Según la ONU, cientos de miles de personas han desaparecido durante conflictos o períodos de represión en al menos 85 países de todo el mundo.

De acuerdo con la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, se producen desapariciones forzadas cuando:

“se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

A menudo, estas personas nunca son puestas de nuevo en libertad y no llega a conocerse su suerte.

Con frecuencia las víctimas sufren tortura y muchas son objeto de homicidio o viven con el temor constante de que las maten. Saben que sus familias desconocen por completo su paradero y que es poco probable que alguien acuda en su ayuda.

Incluso si escapan de la muerte y son liberadas, las cicatrices físicas y psicológicas permanecerán.

Los casos en Latinoamérica se cuentan por miles.

Por ejemplo, en México, el número de la desaparición forzada de personas supera los 100.000, en Guatemala al menos 45.000 personas ha sido registradas como desaparecidas durante el conflicto armado interno y en Argentina la cifra asciende a 30.000 personas desaparecidas durante la última dictadura militar, según los datos aportados por la mayor parte de las fuentes dedicadas a esta temática.  En Colombia, las cifras son muy altas también, variando entre 80.000 a 200.000 según la fuente consultada.

En Honduras, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó al país en marzo de 2023.

Si bien la mayor parte de los casos no resueltos ocurrieron en las décadas de 1980 y 1990, la misión manifestó su preocupación por casos mucho más recientes como la emblemática desaparición en 2020 de cuatro miembros de la comunidad garífuna en Triunfo de la Cruz, todavía sin resolver.

Los expertos atribuyeron la falta de avances a una combinación de factores que incluye “un marco legislativo inadecuado, debilidad institucional y falta de coordinación, capacidades y recursos, junto a la inseguridad, la colusión y la corrupción”.

En enero de 2024, el Secretario General de las Naciones Unidas envió una misiva al Representante Permanente de Paraguay ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra con la acción urgente Núm. 1006/2021, relativa a la desaparición forzada de la niña Carmen Elizabeth Oviedo Villalba.

En el texto se señala que el Comité contra la Desaparición Forzada de personas, continúa altamente preocupado porque la suerte y el paradero de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba todavía no han sido esclarecidos a más de 3 años de su desaparición.

 

Por ello, además de solicitar información adicional sobre lo que el Estado está realizando, se comunican una serie de recomendaciones, entre ellas las siguientes:

·         Establecer, de inmediato, una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva de la menor Oviedo Villalba y para la investigación exhaustiva e imparcial de su alegada desaparición forzada, que tome en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto en el cual ocurrió su alegada desaparición forzada,

·         Adoptar todas las medidas que sean necesarias para investigar y sancionar cualquier actividad o intervención de las autoridades u organismos que tengan por objeto el entorpecimiento de la efectividad de los procesos de investigación y búsqueda la menor Oviedo Villalba.

·         Permitir la plena participación de los familiares la menor Oviedo Villalba en los procesos de búsqueda e investigación de su alegada desaparición forzada, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados de la investigación en curso,

·         Adoptar todas las medidas cautelares y de protección a favor de los familiares y allegados la menor Oviedo Villalba, que sean necesarias para preservar su vida e integridad personal y también permitirles desarrollar las actividades relacionadas con la búsqueda la menor Oviedo Villalba, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación u hostigamiento.

                        Avanzar en la dilucidación del caso, la determinación de responsabilidades y la ubicación del paradero de la niña desaparecida, no solo permitirá llevar tranquilidad y justicia para los familiares y la misma víctima, sino que será un paso relevante para la vigencia de los derechos humanos en el país.

 

Por ello, además de solicitar información adicional sobre lo que el Estado está realizando, se comunican una serie de recomendaciones, entre ellas las siguientes:

  • Establecer, de inmediato, una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva de la menor Oviedo Villalba y para la investigación exhaustiva e imparcial de su alegada desaparición forzada, que tome en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto en el cual ocurrió su alegada desaparición forzada.
  • Adoptar todas las medidas que sean necesarias para investigar y sancionar cualquier actividad o intervención de las autoridades u organismos que tengan por objeto el entorpecimiento de la efectividad de los procesos de investigación y búsqueda la menor Oviedo Villalba.
  • Permitir la plena participación de los familiares la menor Oviedo Villalba en los procesos de búsqueda e investigación de su alegada desaparición forzada, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados de la investigación en curso,
  • Adoptar todas las medidas cautelares y de protección a favor de los familiares y allegados la menor Oviedo Villalba, que sean necesarias para preservar su vida e integridad personal y también permitirles desarrollar las actividades relacionadas con la búsqueda la menor Oviedo Villalba, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación u hostigamiento.

Avanzar en la dilucidación del caso, la determinación de responsabilidades y la ubicación del paradero de la niña desaparecida, no solo permitirá llevar tranquilidad y justicia para los familiares y la misma víctima, sino que será un paso relevante para la vigencia de los derechos humanos en el país.