Incendios forestales, políticas públicas y negocios lucrativos

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05 de Febrero del 2024

POLÍTICA INTERNACIONAL

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América en llamas

Incendios forestales, políticas públicas y negocios lucrativos

Foto: flickr.com/photos/pablotrincad

Al inicio del año, las llamas están quemando buena parte de las selvas, bosques y praderas del continente americano.

Ricardo Changala - lacommunis.org

En Chile, al 5 de febrero se llevaban contabilizadas 112 las víctimas mortales de los incendios que afectan a la región de Valparaíso, de los cuales 32 han sido identificados, mientras que la cifra de desaparecidos supera los 370.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha visitado la zona y ha decretado dos días de duelo nacional por las víctimas de los incendios. Además informó que hay 1.300 viviendas afectadas, por lo que se están tomando medidas para acoger a las familias desplazadas.

El presidente prometió que se investigará el origen de los focos, al tiempo que catalogó como “miserables” a quienes estén detrás de estos incendios.

Las prioridades del gobierno son las siguientes: salvar vidas como prioridad primera; en segundo, apagar incendios activos; en tercer lugar, recuperar cuerpos de personas fallecidas; en cuarto, canalizar apoyo urgente a víctimas en albergues; en quinto, garantizar el orden público con Carabineros y Fuerzas Armadas; finalmente, recopilar antecedentes para investigar el origen de los incendios.

En Ecuador, los datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos indican que, entre el 1 y el 31 enero de 2024 hasta la fecha, 14 provincias, 41 cantones y 78 parroquias se han visto afectados por 102 incendios forestales, ocasionando la pérdida de 1.620,67 hectáreas de cobertura vegetal. Las provincias con más de 100 hectáreas de pérdida en cobertura vegetal quemada son: Carchi, Pichincha y Chimborazo.

En Colombia, si bien se informó que en las últimas semanas se había extinguido 443 incendios, sobre fines de enero se registraban 17 incendios activos, exacerbados por el intenso calor y la escasez de lluvias causada por el fenómeno de El Niño.

Las quemas que se han presentado durante los últimos días en el país no solo han sido ocasionadas por cuenta del fenómeno de El Niño, sino que la Policía Nacional confirmó que van 26 capturas de personas relacionadas con delitos de incendios.

En Argentina, al momento de redactarse estas líneas, continúa descontrolado el tremendo incendio en el Parque Nacional Los Alerces cuyas llamas ya arrasaron más de 2000 hectáreas quemando bosques nativos con especies tales como la ñire, laura, caña cohiue y la lenga, en un lugar de la Patagonia que es uno de los Sitios de Patrimonio Mundial Natural declarados por la UNESCO.

A pesar de que la principal hipótesis es que los incendios fueron intencionales, aún no hay detenidos ni se han establecido responsabilidades concretas sobre estos hechos.

Sin embargo, el 28 de enero se conocieron declaraciones del Gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Agustín Torres, responsabilizando como autores intelectuales de los incendios a una supuesta organización integrada por personas pertenecientes al pueblo mapuche. Evidentemente, estas afirmaciones además de alimentar el odio y discriminación racial, desvían la atención de las causas reales de este desastre forestal.

Moira Millán, conocida referente mapuche de la comunidad Pillán Mahuiza anunció que habrá de iniciar una querella judicial contra el gobernador del Chubut, por sus declaraciones que calificó de irresponsables con expresiones que no solo representan un peligro y tienen una clara connotación racista sino que, además, evita preguntarse a quienes benefician estos incendios.

"La montaña, el lago, la vida, la Mapu (tierra) es más importante que nuestra vida; el pueblo mapuche tiene la responsabilidad de sostener la vida en los territorios, no de generar muerte", expresó Millán.

Además, en Argentina, como está ocurriendo en otros países de la región (Perú, por ejemplo), hay un embate político por disminuir o directamente eliminar, los marcos normativos e institucionales relacionados con la protección de los bosques naturales y los servicios de combate de los incendios u otras amenazas sobre estos lugares.

Es bueno recordar que la deforestación disminuyó notablemente desde que se sancionó una ley en el año 2007 que reguló el uso y explotación de los bosques. Según datos de Greenpeace, se bajó de deforestar 300 000 hectáreas por año a cerca de 136.473 hectáreas en el año 2016.

El nuevo gobierno argentino que se presenta y actúa con ánimos refundadores, entre otras tantas medidas que ha impulsado para atender la llamada emergencia nacional, pretende, por un lado, modificar sustantivamente las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras en los parques nacionales, con el consecuente perjuicio para el servicio. Al mismo tiempo, promueve el desfinanciamiento de los fondos que se destinan al cubrir las inversiones necesarias para la preservación de los bosques.

Aunque el texto que actualmente se considera en el Congreso ha eliminado algunas de las peores cláusulas vinculadas a esta temática, de ser aprobado, sin dudas, habrá de reducir las capacidades de control de la deforestación y los incendios forestales.

En cualquier caso, resulta incomprensible como este tipo de medidas puedan resultar útiles para atender la emergencia social y económica invocada por el ejecutivo nacional al enviar la iniciativa.

Las prácticas de quema de bosques, selvas y praderas, así como las paupérrimas acciones de previsión y respuesta de parte de las instituciones estatales que ocurren a lo largo y ancho del continente, demuestran que el problema es grave y que no se trata de coincidencias o hechos aislados.

Además de los casos mencionados, muchos otros países han sido afectados por las llamas en años anteriores y también actualmente.

Por supuesto que las alteraciones causadas por el calentamiento global, el cambio climático o los fenómenos de la Niña y el Niño deben ser considerados y atendidos, pero no alcanzan a explicar el problema en su globalidad.

Buena parte de los incendios son provocados, lo que se hace con la evidente finalidad de acabar con los bosques naturales para crear condiciones favorables para destinar a usos agrícolas, ganaderos o de otro tipo esas tierras que ya no pueden volver a sus condiciones anteriores.

La misma causa aplica para el desinterés en mantener eficientes sistemas estatales de protección de los bosques o legislación adecuada para la previsión y castigo contra quienes violentan la normas. Incluso en este último aspecto, ni siquiera puede argüirse el reiterado recurso de la disminución de “gastos” estatales ya que no tiene impacto significativo alguno en las cuentas públicas.

Los incendios de selvas y bosques afectan no solo a las especies vegetales y animales, sino también a las personas que allí habitan o que se nutren de sus recursos para subsistir.

La gran mayoría de quienes habitan en esos lugares son comunidades indígenas quienes desde siempre han conservado estos territorios.

Las comunidades resultan ser incómodos obstáculos ante los voraces objetivos de lucro de las grandes empresas extractivistas e inclusive para el narcotráfico. Al contrario, para esos sectores empresariales, los incendios resultan funcionales a sus intereses.

En este contexto, resulta destacable el reciente llamado realizado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreciendo ayuda a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, para combatir los incendios "que también se producen en su propio país, al tiempo que propuso "avanzar en los esfuerzos conjuntos de combate a los focos de incendio" en el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

Justamente, para atender la crisis ambiental amazónica, la cumbre de la OTCA (Brasil, EP Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y RB Venezuela) de agosto de 2023, adoptaron la Declaración de Belem donde, entre otras cosas, se comprometieron a garantizar los derechos de los pueblos indígenas, a los territorios y tierras, su posesión plena y efectiva, considerando los saberes y las prácticas de conservación ancestral.

También asumieron el compromiso de establecer el Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas, para fortalecer y promover el diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas

Pero además, en el marco del mismo foro, se emitió un comunicado conjunto de varios presidentes ya no solo de la región amazónica sino de otros países con grandes extensiones forestales de Asia y África así como del Caribe.[1]

En el mensaje titulado “Unidos por Nuestros Bosques: Comunicado Conjunto de los Países Forestales en Desarrollo en Belém” las autoridades, además de reafirmar su compromiso con la preservación de los bosques, la reducción de los impulsores de la deforestación y de la degradación forestal, la conservación y valoración de la biodiversidad y la búsqueda de una transición ecológica justa, manifiestan estar convencidos de que

“nuestros bosques pueden ser centros de desarrollo sostenible y fuentes de soluciones para los retos nacionales y mundiales de sostenibilidad, conciliando la prosperidad económica con la protección del medio ambiente y el bienestar social, especialmente de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, incluso mediante el desarrollo de mecanismos innovadores que reconocerán y promoverán las funciones/servicios de los ecosistemas y la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad”.

Han pasado varios meses de estas declaraciones sin que conozcamos que se hayan implementado de la manera acordada.

En todo caso, nos muestra un camino sustantivamente diferente al que ahora mismo se está recorriendo en otras partes del continente, haciendo centro en donde se debe: la protección de la naturaleza, de los pueblos y comunidades que en ella habitan y la promoción de formas de desarrollo respetuosas de las diversas cosmovisiones en diálogo entre la tecnología innovadora y los conocimientos ancestrales.

Esta es una verdadera emergencia de los tiempos actuales porque de la desaparición de la naturaleza, de los pueblos y sus culturas no hay retorno posible.

[1] Presidentes y Jefes de Delegación de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Indonesia, Perú, la República del Congo, la República Democrática del Congo, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela, reunidos en Belém do Pará, el 9 de agosto del 2023