Mientras Noboa afirmaba que el bombardeo fue en un blanco legítimo de las disidencias de las FARC en territorio ecuatoriano, Petro dijo que la acción armada fue en territorio colombiano, hubo muertos civiles y quedó material explosivo expuesto poniendo en riesgo a la población. Finalmente se logró un acuerdo para establecer una comisión investigadora.
El pasado 16 de marzo el presidente de Colombia, Gustavo Petro denunció una incursión armada desde el lado ecuatoriano en la frontera, cuando 27 personas perdieron la vida en lo que se evidenció como un bombardeo de Fuerza Aérea.
Inicialmente desde Ecuador se anunció que en un operativo conjunto con efectivos de Estados Unidos se había bombardeado un campamento de las disidencias de las FARC en la frontera, dando de baja a alias “Mono Tole”, quien sería el responsable de las estructuras armadas en esta zona.
En ese mismo contexto, desde Colombia se afirmó que el bombardeo se realizó en su territorio, lo que, de confirmarse, constituiría una violación de su soberanía. Por otro lado, un proyectil Mark 82 de 227 kilos que quedó sin detonar en territorio colombiano fue detonado de forma controlada por el Ejército, mientras la Cancillería elevó una nota de protesta al gobierno de Noboa, que inicialmente negó las afirmaciones de Petro y del ministro de Defensa colombiano.
Esta situación recuerda el incidente que tuvo lugar el 01 de marzo de 2008, cuando en el desarrollo de la Operación Fénix, varias aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana cruzaron la frontera por el sureño departamento de Putumayo y bombardearon el campamento donde se encontraba el comandante de las FARC, Raúl Reyes, lo que produjo, además de decenas de muertos, incluyendo varios civiles que se encontraban en ese momento en el lugar, un incidente diplomático que mantuvo clausuradas las relaciones entre los dos gobiernos durante varios años.
La acción conjunta entre Ecuador y Estados Unidos se desarrolla días después del lanzamiento de la iniciativa Escudo de las Américas, abriendo nuevamente la puerta a la participación directa de tropas y equipos estadounidenses en acciones de campo en varios países de Latinoamérica, siempre bajo la figura de la lucha contra las organizaciones criminales.
En los días posteriores a partir de la solicitud hecha por el gobierno colombiano, se ha logrado el establecimiento de una comisión binacional que se encargará de investigar los hechos y determinar responsabilidades si las hubiere.
