El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó denuncias penales contra cuatro residenciales que estaban en “situación crítica” como una novedad. Sin embargo la psicóloga Adriana Rovira, directora de INMAYORES durante ocho años, aseguró que se trata de una práctica habitual que ha sido aplicada en gobiernos anteriores.
El titular del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay (MIDES), Martín Lema, hizo referencia a características de los establecimientos de larga estadía para personas mayores, mencionados habitualmente como “Elepem” informando que la cartera tomó la decisión de realizar acciones legales en casos en los que se recibieron denuncias de irregularidades que vulnerarían los derechos de las personas que viven en esos centros de atención. En esos casos hubo que realojar a 31 adultos mayores en casas de familia, bajo supervisión del Ministerio.
El secretario de Estado afirmó que es la primera vez que su cartera adopta este camino de transitar por la denuncia a nivel judicial, sin embargo quien fuera directora de INMAYORES desde 2012 a 2020, asegura que eso no es así. Cita, en primer lugar, un caso al que considera “paradigmático” ya que tomó estado público y que culminó con una persona privada de libertad. Recuerda, además, que en el quinquenio 2015-1019, hubo al menos 20 situaciones en las que se trabajó directamente con la Fiscalía, casos en los que se arribó a distintas sentencias.
No siempre la vulneración o la falta de dignidad de la vida de las personas implica un delito
En entrevista con el Portal APU.uy la psicóloga Adriana Rovira explica que llegar a esa instancia requiere de un proceso de abordaje previo de cada caso y que implica reunir pruebas a lo largo de un tiempo prudencial. Y también aclara que siempre se denuncia al titular de la institución, en tanto responsable jurídico, y no al establecimiento.
La situación de “criticidad” es, afirma, un tema de mucho tiempo sobre el que, en determinado momento, se inició un trabajo en base a la creación un marco jurídico, procedimientos, protocolos de actuación, de fiscalización y de detección de las posibles vulnerabilidades a las personas. “En eso se trabajó fuertemente durante casi siete años, desde el 2013.
La creación de una normativa
La Ley 17066 del 24.12.1998 fijó “el régimen de los establecimientos privados que alojan adultos mayores”.
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19430-2016
Luego en el artículo 518 de la Ley 19.355, del 19.12.2015, se fijan las competencias que tendrá el MIDES en esta materia.
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19355-2015/518#:~:text=As%C3%ADgnanse%20al%20Inciso%2015%20%22Ministerio,mayores%20con%20dependencia%20o%20autov%C3%A1lidos
Posteriormente, el 8 de setiembre del 2016 se promulgó la Ley 19.430: “Aprobación de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las personas mayores” con lo que Uruguay se convirtió en el primer país de todo el hemisferio que aprobó este instrumento, lo que resultó clave para generar mecanismos de control.
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19430-2016
Ese proceso normativo es en lo que se basa la ex directora de INMAYORES para afirmar que desde 1998 Uruguay ha iniciado un proceso continuo de mejora y de atención de las personas mayores que hacen uso de estos servicios, “no es algo que aparece de la nada”.
El trabajo en base a estrategias
Le consultamos, en base a su experiencia cuáles son los casos más comunes que se detectaron durante su gestión, de vulnerabilidades a las personas que se encontraban en esos centros de larga estadía. Detalla entonces tres situaciones: la privación de libertad, a veces con privación de movimientos, ya sea por barreras farmacológicas o incluso con “ataduras”; otro aspecto es el de los delitos económicos de personas que no tienen control de sus ingresos, de su economía, sino que el mismo lo ejercen terceras personas (habitualmente a través de poderes); y la violencia física con malos tratos e incluso golpes. En todos los casos la actuación requiere de ciertas estrategias que permitan el armado de las pruebas para luego tomar las acciones legales que corresponda.
También le consultamos respecto a las situaciones que pueden haberse generado a raíz de la pandemia de COVID-19 y aspecto sobre el que no se conoce la realización de investigaciones. Aun así la profesional afirma que lo que allí se perdió es a un agente fiscalizador que es la persona que visita estos establecimientos y que muchas veces advierte por casos de familiares o de otras personas que residen en los mismos.
En los casos de denuncias o de advertencias, se trabaja, explica, en base a tres lógicas: la fiscalización mediante visitas imprevistas, para poder corroborar posibles vulneraciones; el seguimiento a través de la concurrencia en forma reiterada a los locales; fiscalizaciones amparadas en la norma jurídica vigente.
Los centros de larga estadía son servicios complejos a nivel mundial que no suelen estar priorizados con recursos de los Estados.
Hasta que el MIDES, en 2014, obtuvo la competencia para actuar, las visitas se realizaban únicamente cuando se requería la habilitación de los locales o ante denuncias concretas. En esa fecha lo innovador es la realización de un primer censo que permitió conocer el número de establecimientos que se encontraban funcionando, el número de residentes y las vulnerabilidades que presentaban los servicios. Fueron dos, finalmente, los censos realizados en forma exhaustiva y que permitió conocer que había 1.800 establecimientos funcionando.
Uruguay, como los demás Estados, debe trabajar progresivamente en una lógica no punitiva, únicamente de denuncia, sino de protección de los derechos de las personas que residen allí.
Cómo se realiza la habilitación de estos centros y cuál es la capacitación del personal que trabaja en los mismos son aspectos que también le consultamos a la psicóloga Rovira. Al respecto comentó que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados avanzó en la capacitación, pero también explicó que el personal está conformado, mayoritariamente, por mujeres de bajo nivel educativo, con problemáticas familiares y que reciben, por esta tarea, una baja remuneración.
En cuanto a los establecimientos comentó que no todos tienen la habilitación, ya que la misma es, en realidad, un estándar jurídico que no siempre es posible cumplir. Aun así aclara que el no acceder a esa habilitación no significa que se constaten situaciones de violación de derechos.
Parece claro, luego de esta entrevista, que la actuación que se anunció por parte de las actuales autoridades ministeriales es parte de un proceso que se viene realizando hace ya varios lustros.
