El descubrimiento de 12 cajas con sobres lacrados del periodo 1974-1984 arroja luz sobre las destituciones de funcionarios por persecución ideológica y designaciones estratégicas del régimen de facto.
En un hallazgo de alta sensibilidad para la memoria histórica de nuestro país, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, confirmaron este miércoles la aparición de documentos inéditos correspondientes al Consejo de Estado de la dictadura cívico-militar.
El material, que consiste en 12 cajas con actas de sesiones secretas, fue localizado de forma fortuita mientras la cámara baja avanzaba en un plan de digitalización de archivos de comisiones investigadoras sobre detenidos desaparecidos y los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
El contenido de los sobres lacrados
A diferencia de las actas públicas que ya se encuentran disponibles en el sitio web del Parlamento, este archivo contiene información que el régimen mantuvo bajo estricta reserva. Según las primeras inspecciones del diputado Valdomir, los documentos detallan:
Persecución Ideológica: Expedientes de venias para la destitución de funcionarios públicos por "razones políticas".
Estructura del Régimen: Designaciones de civiles en cargos clave del Poder Judicial y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ascensos Militares: Documentación sobre la promoción de oficiales durante la década de 1974-1984.
"Es un aporte importante a la transparencia y a la profundización de la democracia en un año donde se cumplen 50 años del asesinato de Michelini y el 'Toba' Gutiérrez Ruiz", subrayó Cosse.
Digitalización y acceso público
Dada la fragilidad del papel y el valor de su contenido, las autoridades dispusieron un inventario inmediato y el inicio del proceso de digitalización con "celeridad encomiable". El objetivo es que este acervo sea puesto a disposición de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), organizaciones sociales e investigadores de la historia reciente.
El Consejo de Estado, órgano que suplantó las funciones legislativas tras el golpe de 1973, operó como el brazo civil del aparato represivo. Estos nuevos documentos podrían completar vacíos históricos sobre cómo se articuló la burocracia del autoritarismo en Uruguay.
