Pasaron más de once años, dos procesos e innumerables instancias judiciales, para que finalmente la jueza Ruibal, titular del Tribunal de Ejecución y Vigilancia de 6° turno, decidiera cerrar la causa por atentado. En el decreto n° 264/2024 firmado el 7 de agosto de 2024, la jueza determinó: “Téngase por no pronunciada la sentencia condenatoria, por extinguido el delito impuesto a Irma Gladys Leites Dalto, Jorge Pedro Zabalza Waksman, Álvaro Jaume Bockino, Aníbal Varela Budes, Diego Jaume Favaro y Eduardo Jaume Favaro, y por definitiva la libertad de que gozan en la causa, cancelando la inscripción en el Registro Nacional de Antecedentes Judiciales”.

Aquella tarde de febrero de 2013 centenares de personas -entre los que se encontraban  numerosas organizaciones sociales, junto a referentes culturales como Eduardo Galeano y Daniel Viglietti, y tantas y tantos más-, acudieron de forma espontánea a la Suprema Corte de Justicia, donde se concretaría el traslado de la jueza Mariana Mota del ámbito penal al civil. Quienes llevaban décadas esperando justicia, entendían que el traslado de Mota era una nueva instancia dilatoria en las investigaciones por crímenes de lesa humanidad.

Quienes entienden del funcionamiento del sistema judicial, explican que la economía de tiempo es una de las bases de la justicia procesal, y que para ser efectiva, debe buscar todas las formas de cumplir su cometido lo más pronto que sea posible, para proteger los derechos de las personas inculpadas y de quienes denunciaron hechos delictivos. Aquella tarde, quienes buscaban celeridad en la justicia, fueron castigados con un lento proceso judicial.

En diálogo con APU.uy, Irma Leites afirmó que “la justicia que tarda no es justicia”, refiriéndose no solo a esta instancia sino a las decenas de causas frenadas que perpetúan la impunidad del terrorismo de Estado. “Tardaron 11 años y medio en una condena que obviamente tuvo la intención de eliminar de la opinión pública la participación colectiva de repudio al traslado de la doctora Mariana Mota, que implicaba la suspensión de una cantidad de juicios que estaban muy avanzados contra torturadores, violadores y genocidas”. Y agregó que esta acusación fue “rotundamente una criminalización, una judicialización, una estigmatización, que intentó robar el rol de la mayoría de las personas que estuvimos ahí”.

“Siento que se terminó un periodo y se abre otro. Y la impunidad y sus horrores siguen acá”, señaló.

Por su parte, Aníbal Varela -integrante del sindicato municipal Adeom-, manifestó sensaciones encontradas. Por un lado, dijo que para él este resultado “es una alegría contenida en mucho tiempo”, y que “se hizo justicia”, pero también le dejó “un gusto amargo en la boca porque nosotros no nos retiramos, seguimos peleando. El sabor amargo ese de estar en la incertidumbre de que si seguías protestando te podían llevar, a veces cuidándote, a veces no yendo a algunos lugares, porque sabíamos que podíamos ir en cana y todas esas cosas (...). Estábamos bajo vigilancia policial, que nos la sacaron recién en 2015, eso quiere decir que teníamos hasta los teléfonos intervenidos”. Es “un gusto amargo” volvió a repetir, y agregó: “En el camino perdimos al flaco”, refiriéndose a Jorge Zabalza, quien murió en febrero del 2022.

Varela también se refirió a la criminalización de la protesta: “Para nosotros que ya estamos en la tercera edad, militantes de la vieja data, es un alivio. Pero nosotros queríamos que esto saliera así, que no nos procesaran, por el tema de que las nuevas generaciones están intimidadas por la LUC, que no se puede protestar, no se puede ocupar ningún lugar. Yo creo que la generación de la protesta ha sido que ellos tomen medidas cada vez más judicializables, toda la problemática que tienen los trabajadores ya sea ocupando o cortando una calle, puede ser procesado e intimida a los compañeros para que no militen y no defiendan sus derechos”.

Culpables, pero sin antecedentes

La abogada Eloisa Suárez -defensora de Leites, Álvaro y Diego Jaume-, dijo al Portal APU.uy que la decisión de Ruibal les tomó “por sorpresa”. “Pensábamos que se iba a fijar alguna pena sustitutiva (...). Desde el punto de vista recursivo ya había sido la última instancia lo que se presentó ante la Suprema Corte, que fue la Casación, lo que no prosperó. La Corte entendió que no era casable la sentencia. Ahí culminó toda esta instancia. Luego de eso quedó firme la sentencia del Tribunal de Apelaciones, y fue esa la que se trasladó al juzgado de Vigilancia. Desde el punto de vista de la pena en sí misma se entendió que no había más nada que aplicar, que no había nada que hacer y que se daba por culminado el proceso para todos los encausados”, explicó Suárez.

La denuncia fue presentada por la propia Suprema Corte de Justicia. El entonces fiscal Gustavo Zubía (hoy diputado por el Partido Colorado), pidió el procesamiento por atentado y asonada. La jueza Gabriela Merialdo desestimó que haya ocurrido un atentado, pero los procesó sin prisión por asonada, el 4 de noviembre de 2013. La defensa recurrió la sentencia, y el 24 de abril de 2015 la SCJ declaró que el delito de asonada era inconstitucional. Este dictámen fue apelado por Zubía, quien insistió con el delito de atentado, pero en febrero de 2016, la jueza Blanca Rieiro decidió archivar la causa por entender que no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho.

Las idas y vueltas, los cambios de interpretación, y los recursos interpuestos, llevaron a que en mayo de ese mismo año la SCJ reviera su decisión respecto a la asonada, y volviera a declararla constitucional, reavivando el proceso. A fines de 2021, y luego de que se desarchivara la causa, la jueza Ana de Salterain condenó a Leites, a Álvaro Jaume y a Jorge Zabalza por el delito de atentado especialmente agravado, con una pena de 24 de meses de prisión; mientras que a Aníbal Varela, a Diego y Eduardo Jaume, los condenó como cómplices, con una pena de 8 meses. A pesar de esto se decretó la suspensión condicional de la pena. El tiempo transcurrió y la jueza Ruibal -hija de Jorge Ruibal Pino, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando inició todo-, decretó el cierre del caso y la extinción del delito, dejando todo en nada.

El sistema de justicia “ha sido una máquina de picar carne que fue bastante cruel”, dijo Suarez, y agregó, “es bastante frustrante de todo punto de vista”. “La articulación de la defensa no prosperó porque había una decisión política de que esto pasara así. Es la inversión total de la realidad, el mundo del revés”.

Mariana Mota: “Las decisiones judiciales no son sacrosantas”

Dialogamos con Mariana Mota, quien de cierta forma fue el epicentro de toda esta historia. Hoy -ya retirada del sistema judicial, pero activa desde el rol de ciudadana-, nos brindó una perspectiva de los hechos de aquella tarde en que sería trasladada, y de la denuncia presentada contra los manifestantes que pacíficamente ocuparon el edificio de SCJ. “Es como muy absurdo”, dijo, “porque, por lo menos por el lado que lo veo yo y lo ve mucha gente, no hubo lesión ninguna de ningún bien jurídico, no se rompió nada, no se lastimó nadie, no se impidió nada. Porque en realidad yo, que estuve ahí -lamentablemente estuve ahí desde la primera hora y hasta la última-, nunca hubo una obstaculización de los ministros para que entraran al recinto. Ellos no entraban por donde estaba la gente, entraban por otro lado, para que tomaran los juramentos y para que toda la ceremonia se resolviera".

“Ellos -los magistrados- no quisieron transitar porque se sintieron cohibidos, porque la gente decía cosas, saltaba, o la sola presencia con los carteles. Eso no impedía el acto. Como es un acto público, en general no va mucha gente, pero ahí desbordó de gente, pero siguió siendo un acto público. Porque así haya diez personas, o cien, o veinte, o mil, siempre es un acto público, no importa la cantidad de gente. Y el acto se podía resolver. Tampoco era un acto público en el cual todo el mundo tenía que estar callado como en misa o que nadie podía tener un cartelito, no dice en ningún lado eso”. Y agregó: “De ahí en adelante empezaron a poner vallado en la calle, como si eso volviera a pasar, pero eso nunca más pasó”.

La exjueza afirmó que las autoridades de ese entonces, “no supieron manejarlo y le terminaron echando la culpa a la gente. Transformaron el derecho de la gente de protestar y de expresarse en un delito cuando en realidad no era así, y además fueron ineficaces en la forma en cómo gestionaron eso. Esto fue claramente un desborde de aplicación del poder cuando no correspondía, no aplicaba para nada el derecho penal. De hecho, yo lo planteé y me observaron (...). O sea, yo era parte, puedo opinar lo que me cante. Yo acá no estaba hablando desde el rol de juez, estaba hablando como ciudadana”. Y reclamó: “No logran discriminar que cuando sos juez también comés, salís de vacaciones. Siendo juez puedo hablar públicamente, y con más razón cuando fui parte de una situación en la cual no era juez, era parte”. 

Mota reflexionó sobre los hechos, y también sobre la profundidad de los hechos: “¿Cómo vas a cuestionar al poder?”, se preguntó, y automáticamente se respondió: “Puedo cuestionar, porque todas las decisiones de los funcionarios públicos de este país se pueden cuestionar, y se puede hablar. Tienen muy arraigada esta cuestión de que las decisiones judiciales son sacrosantas. Pero no son sacrosantas, le erran como cualquiera”.

Para la exjueza el mensaje era profundo: “Esto fue más simbólico que otra cosa, es como la respuesta del poder a decir ‘yo tengo poder y vos callate’. Siempre hay una cuestión simbólica detrás de todo eso. Y esto claramente era una cuestión simbólica, porque en realidad no tenía ningún sentido hacer eso”.

“En este caso fue evidente la criminalización de la protesta social por parte de la justicia. Hay una norma que es que el derecho penal tiene que ser la última respuesta ante un conflicto. El Estado siempre debe apelar a otras medidas que el derecho penal, que siempre es punitivo, que siempre está estableciendo una pena, evitar que eso sea así. Para eso existen otro tipo de formas de resolver los conflictos que se dan cuando vivís en sociedad”.

“Un sistema que no perdona a los que siguen buscando un mundo mejor”

Once años duró este proceso judicial, pero no todos llegaron a ver el desenlace, Jorge Zabalza, “el flaco” como lo recuerdan en el campo popular, falleció a los 79 años en febrero de 2022, luego de padecer una larga enfermedad, secuela de los duros años de encierro y de tortura. Zabalza mantuvo una coherencia en su accionar que ha sido reconocida en los diversos ámbitos políticos y sociales, por amigos y por opositores. Preso político durante la dictadura, perseguido político durante la democracia, sostuvo sus banderas siempre. Para Irma Leites, “el flaco murió como vivió: perseguido, por un sistema que no perdona al que sigue buscando un mundo mejor. Al que sigue sus sueños. Al que no olvida a sus compañeros caídos. El flaco es un ejemplo de eso. Está en nuestra memoria. Salú flaco en donde estés. Libres siempre tras las rejas, procesados o no”.