Un nuevo informe del secretario general de la ONU verificó 9.788 casos de violencia sexual relacionada con los conflictos, más del doble que el año anterior, aunque advierte que la cifra real es considerablemente mayor debido al subregistro y a las dificultades para denunciar estos delitos.
Durante la presentación del informe ante el Consejo de Seguridad, la representante especial del secretario general sobre la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, sostuvo que estas agresiones ya no pueden considerarse consecuencias colaterales de la guerra, sino que son utilizadas deliberadamente como tácticas de guerra, terror, tortura, represión política y control territorial. Los casos documentados incluyen violaciones, violaciones grupales, esclavitud sexual, matrimonios forzados y trata de personas en 21 escenarios de conflicto, con especial incidencia en República Democrática del Congo, Haití, Sudán y República Centroafricana.
El informe revela que casi el 90 % de las víctimas son mujeres y niñas, mientras que cerca de 3.000 niños y niñas sufrieron violencia sexual durante 2025, un incremento del 37 % respecto al año anterior. También se documentaron agresiones contra hombres y niños, especialmente en centros de detención, donde estos delitos son utilizados como mecanismos de castigo, humillación o para obtener confesiones. La ONU advirtió además que muchas víctimas son asesinadas tras los ataques para impedir que denuncien los hechos.
Entre los responsables identificados figuran 77 actores, de los cuales 62 son grupos armados no estatales. Este año fueron incorporadas por primera vez a la lista las fuerzas armadas de Israel y de la Federación de Rusia, por patrones documentados de violencia sexual en contextos de detención y ocupación. La ONU aclaró que esta lista constituye un instrumento de protección destinado a promover medidas correctivas y combatir la impunidad.
El informe también alerta sobre la grave situación en Haití, donde la violencia sexual aumentó un 163 % en un solo año. Organizaciones de mujeres denunciaron que las bandas armadas utilizan sistemáticamente la violación y la explotación sexual contra mujeres y niñas, en un contexto marcado por el colapso del sistema judicial y sanitario.
Frente a este panorama, la ONU reclamó reforzar las sanciones contra los responsables, aumentar el financiamiento para la atención de las sobrevivientes —que actualmente recibe menos del 1 % de la ayuda humanitaria mundial— y garantizar que estos crímenes sean investigados y juzgados.
