Un operativo policial para desalojar a un hombre en situación de calle desató una serie de reacciones encontradas tras volverse viral en redes sociales. La intervención, que involucró a una docena de agentes, tuvo lugar en la esquina de avenida Libertador Juan Antonio Lavalleja y Asunción, donde el hombre había establecido un improvisado toldo para protegerse de las inclemencias del clima.

El video del incidente, que ha circulado ampliamente, muestra a los agentes enfrentando a un grupo de vecinos que intercedieron en favor del desalojado. Los transeúntes protestaron, al grito de: “¡No lo podés tocar!” y cuestionando la legitimidad de la operación. Los policías, por su parte, intentaron mantener a los curiosos a distancia y evitar que interfirieran en el operativo.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior, divulgado por Informativo Sarandí, el hombre había sido previamente intimado por personal municipal para que abandonara el lugar. Ante su negativa, se solicitó la intervención policial. Durante el desalojo, el hombre habría amenazado a los agentes con una tijera, lo que llevó a su arresto. Posteriormente, fue llevado al Centro de Constataciones Médicas y Ley de Faltas, en la zona del Prado, y luego a la Comisaría 3ª, donde quedó en libertad esa misma tarde.

La viralización del video generó un intenso debate en la opinión pública. Por un lado, muchos criticaron la actuación policial, calificándola de excesiva e innecesaria. La legisladora frenteamplista Micaela Melgar se sumó a las críticas, afirmando en X (anteriormente Twitter) que “el procedimiento es excesivo, inútil y caro. Además es injusto e indignante, como expresan los vecinos que tratan de acercarse. Este gobierno es la peor versión perversa de la inutilidad”.

Por otro lado, algunos defendieron la actuación de las autoridades, argumentando que el operativo era necesario para mantener el orden en la vía pública y garantizar la seguridad. La controversia pone de relieve la creciente tensión entre las autoridades y la ciudadanía en torno a la gestión de la situación de las personas sin hogar y las medidas de seguridad pública.