Más de 200 propietarios de viviendas en barrios privados construidos por la empresa Balsa y Asociados se presentaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en Pando, Canelones, tras ser convocados debido a las demandas de los trabajadores despedidos por la constructora.

La convocatoria surge luego de que más de 600 ex empleados iniciaran acciones legales contra los propietarios para reclamar el pago de liquidaciones y despidos, al no recibir respuesta de la empresa, que se declaró en concurso de acreedores.

Durante la reunión en el MTSS, los propietarios se negaron a cumplir con los pagos reclamados. De no llegar a un acuerdo, los casos serán elevados a la Justicia para su resolución. La Ley 18.099 establece que, dado que muchos de los trabajadores laboraron en las viviendas, los propietarios son considerados "solidariamente responsables" por los aportes y deudas laborales, lo que implica que pueden negociar con los directivos de la constructora para saldar las obligaciones. En última instancia, si no se llega a un acuerdo, la ley permite la ejecución de bienes para garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales.