Los trabajadores de Creditel, integrantes de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay(Aebu) se declararon en conflicto el pasado 1 de agosto, después de que la empresa abandonara la mesa de negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo, tras semanas de diálogo infructuoso.

El conflicto surge debido a una reciente reducción salarial que afecta a 70 familias. Creditel decidió cambiar de manera unilateral el componente variable del salario de sus empleados, que representa el 50% de sus ingresos. Este ajuste no solo contraviene un acuerdo previo estipulado hace dos años, que requería basar cualquier modificación futura en el promedio del último año trabajado, sino que también ha resultado en pérdidas salariales significativas para muchos empleados, que varían entre $500 y $8000.

Además de la cuestión salarial, los trabajadores están preocupados por el desmantelamiento del sector de cobranzas, compuesto por solo cinco empleados. Este grupo enfrenta salarios bajos y condiciones laborales desfavorables, y las solicitudes de mejora han sido sistemáticamente ignoradas por la empresa.

Los trabajadores también expresan su descontento con la postura de Creditel, una empresa que forma parte del grupo económico Santander, el cual reportó ganancias superiores a los 200 millones de dólares en su último ejercicio anual. A pesar de estos resultados financieros positivos, las recientes medidas adoptadas por la empresa han perjudicado a sus empleados.

Otra preocupación destacada es el ataque a la actividad sindical. Los empleados denuncian que la empresa ha recurrido a prácticas poco éticas para desactivar la participación sindical, desvalorizando el papel del sindicato y limitando las oportunidades de crecimiento para sus miembros.

La declaración de conflicto laboral subraya que el reclamo de los trabajadores no busca un aumento en sus ingresos, sino simplemente evitar la pérdida de lo que ya han conseguido. La consigna es clara: "Si a Creditel le va bien, a sus trabajadores también les debe ir bien". Los empleados exigen la reanudación de las negociaciones en un marco de buena fe y el respeto a los acuerdos previos.