Ejecutivo alcanzó un acuerdo con Neltume Ports, accionista mayoritario de Montecon, por el cual la firma renuncia irrevocablemente al arbitraje de 600 millones de dólares iniciado contra el Estado uruguayo ante el CIADI. El pacto blindará al país frente a futuras demandas vinculadas a esta causa sin exigir compensaciones económicas ni imponer condicionamientos a las arcas públicas.
El Poder Ejecutivo formalizó este viernes un acuerdo decisivo con Neltume Ports, accionista mayoritario de la empresa Montecon, mediante el cual la compañía privada resolvió desistir formalmente del arbitraje internacional que había iniciado contra el Estado uruguayo. La demanda, tramitada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), reclamaba un resarcimiento económico de 600 millones de dólares.
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, destacó el alcance de la resolución al señalar que la situación jurídica resultante resulta incluso superior a la de haber obtenido un laudo favorable. Según explicó el jerarca, la empresa renuncia de manera irrevocable a la totalidad de las pretensiones y acciones legales presentadas. Asimismo, el pacto compromete expresamente a Neltume Ports, Montecon y sus firmas vinculadas a no promover ningún tipo de juicio futuro contra la República en ninguna jurisdicción por los hechos vinculados a esta controversia.
Díaz calificó la firma como un triunfo relevante para el país en el plano internacional, remarcando que consolida el prestigio de la nación como un Estado republicano caracterizado por la plena seguridad jurídica y el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales. En ese contexto, subrayó la efectividad de la defensa estatal, recordando que Uruguay ha prevalecido en la inmensa mayoría de los litigios internacionales entablados en su contra.
El conflicto legal había comenzado en abril de 2024, cuando la compañía chilena presentó la solicitud de arbitraje invocando la protección dispensada por el acuerdo bilateral de inversiones suscrito entre Uruguay y Chile. No obstante, las negociaciones concluyeron sin que el Estado deba asumir responsabilidad legal, pagar compensaciones financieras ni aceptar condicionamientos en sus políticas públicas.
Finalmente, respecto a las derivaciones del caso con la firma Atco, el prosecretario indicó que las autoridades prevén un desenlace idéntico en el corto plazo. Con una de las causas ya cerradas, el gobierno confía en informar próximamente la conclusión satisfactoria del procedimiento pendiente, cerrando de forma definitiva este capítulo del sector portuario nacional.
