En una entrevista exclusiva para  Portal APU.uy, conversamos con el Dr. Juan Ceretta, representante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y responsable legal de la organización Tucu Tucu, quien se posiciona en contra del consorcio propuesto con Aguas de Montevideo para el proyecto Arazati-Neptuno. Este proyecto enfrenta una suspensión de obras ordenada por el Juez Recarey y ha sido objeto de controversias judiciales, captando la atención pública.

Portal APU.uy: ¿Por qué el proyecto Neptuno, frenado por el juez Alejandro Recarey, no es la solución para el abastecimiento de agua de Montevideo y sus alrededores, como sostuvo el titular de OSE, Raúl Montero?

Juan Ceretta: Bueno, la primera precisión es que el asesoramiento tanto a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida como a los vecinos de Arazati-Neptuno, nucleados bajo la denominación de Tucu Tucu, lo estamos haciendo desde la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Así que este trabajo de asesoramiento y patrocinio judicial, si bien me tiene a mí como cara más visible porque soy el docente encargado del equipo, es un trabajo que se hace en conjunto con otros docentes que son mis ayudantes y también con los estudiantes de la clínica que son los que más han trabajado, vienen trabajando, mejor dicho, desde el año 2021 en este tema del proyecto Neptuno.

En definitiva, la solicitud en este momento tenía como contenido que se prohibiera a OSE suscribir el contrato con el consorcio que resultó adjudicatario en el llamado y las razones refieren a dos grandes líneas: una tiene que ver con que entendemos que este proyecto vulnera lo dispuesto en el artículo 47 y en el 188 de la Constitución, luego de la reforma por iniciativa popular que se logró en el 2004. Ese es un argumento, digamos, de índole puramente jurídico. Cuando allí se modificó la Constitución, se estableció que el abastecimiento de agua potable tendría que ser brindado exclusiva y directamente por el Estado, por personas públicas estatales, y nosotros entendemos que con este proyecto hay parte del proceso de abastecimiento, sobre todo lo que tiene que ver con la toma de agua bruta, el proceso de potabilización, mantenimiento de la planta, etcétera, que no está siendo brindado directamente por personas públicas, sino por una empresa privada, y eso vulnera las disposiciones constitucionales que hacen referencia.

Y por otro lado, una serie de objeciones que tienen que ver con lo ambiental, que tienen que ver con el impacto que el proyecto tendría en la zona.

Portal APU.uy: Más allá de lo legal, ¿qué otra objeción existe?

Juan Ceretta: Bueno, en el marco de las restantes objeciones, yo las separaría en dos grandes líneas. Una tiene que ver con la calidad del agua y ahí hay objeciones que tienen que ver con la salinidad del agua del Río de La Plata, con mediciones que han hecho equipos de la Facultad de Ciencias, en las que nosotros nos apoyamos, que dan cuenta de periodos muy reiterados, muy frecuentes, con episodios de alta salinidad. Que tengamos en cuenta que el proyecto Neptuno Arazati no tiene prevista una planta desalinizadora. Por lo tanto, si el agua está salada, no hay manera de pasarla potable para poder distribuirla. Esa es una primera objeción que tiene que ver con la calidad del agua.

La segunda objeción vinculada a la calidad del agua tiene que ver con los episodios cada vez más frecuentes de cianobacterias en esa zona. Esto también responde a un estudio que la Facultad de Ciencias ha hecho sobre las cianobacterias y que determinarían una calidad de agua de muy difícil potabilización. A esto se suma que los propios episodios de salinidad frecuente hicieron que el proyecto fuera cambiando a lo largo de estos años.

En el proyecto inicial no estaba prevista una reserva de agua bruta. Eso primero se tuvo que incorporar porque los episodios de salinidad impedían que se bombeara directamente el agua de la Plata. Por lo tanto, se previó acumular agua en momentos en donde el agua no es tan salada y tener esa reserva para después bombear desde ahí. Ese polo de la reserva de agua bruta tuvo que ir aumentando de tamaño, por lo que decía recién sobre los episodios de salinidad, hasta llegar a un límite en que nos encontramos hoy, que es más de 200 hectáreas, el espacio de acumulación o de reserva de agua bruta.

Respecto a este punto, no existen estudios ni antecedentes de cómo mantener la buena calidad en el agua de una reserva de agua bruta quieta como sería esta. No existen antecedentes en Uruguay, ni tampoco muchos en el mundo, porque los embalses que en Uruguay existen están todos sobre cursos de agua. Por lo tanto, no se trata de agua quieta deliberadamente y al sol, como sería en este espacio.

Por otra parte, analizando ya por otra línea los impactos ambientales en el lugar, este mismo depósito de agua bruta no se ha estudiado y no se sabe en qué medida podría ese volumen de agua, con su peso, contaminar el acuífero Raybón, que se encuentra debajo de ese mismo lugar donde se va a acumular el agua. Ahí hay un riesgo ambiental de contaminación del acuífero que no está medido ni considerado siquiera por los estudios ambientales que conocemos hasta ahora. Y después aparecen una serie de efectos contaminantes que también tienen que ver con los lodos que se producen en el proceso de potabilización, que van a ser depositados también en esa zona, pero sin un estudio previo de qué grado de contaminación van a tener en esa tierra.

Y después una serie de impactos propios de la obra, que tienen que ver con la afectación del patrimonio paleontológico del lugar. En esa zona se encuentran los restos paleontológicos más importantes y más valiosos de nuestro país. Entre ellos, por ejemplo, el roedor más grande del que se conoce existencia en el mundo. Y después, contenidos también o valores que están referidos a lo arqueológico. Es una zona donde hay muchos restos vinculados a los pueblos originarios, sobre lo que tampoco se han establecido ninguna medida previa de conservación o mitigación del daño. También hay un daño que tiene que ver con lo turístico, la afectación de Arazatí, una de las playas más lindas y más utilizadas de esa costa, sobre todo por la gente de Rafael Peraza y los pueblos cercanos a Arazatí, que evidentemente va a ser definitivamente afectada por este proyecto con la instalación de la planta.

Y así podríamos seguir sumando distintas objeciones que tienen que ver con lo antropológico, la afectación a las poblaciones de la zona, o la falta de estudios sobre qué opciones se le van a dar a los pescadores artesanales de Arazatí, a los productores rurales, a los que se les están expropiando los campos para la implantación de todo este proyecto. Bueno, todo eso entendemos que no ha sido debidamente tomado en cuenta y son daños que evidentemente van a ocurrir, o es muy probable que ocurran, y para los cuales no existe un plan de mitigación o de evitarlos.

Portal APU.uy: ¿Y el fallo sienta algún precedente para el país?

Juan Ceretta: Bueno, sí sienta, porque no se ven muchos fallos que dispongan de medidas cautelares de no innovar en el tema ambiental. Si bien en el mundo jurídico, digamos, en lo que tiene que ver con las cosas ambientales, los fallos de no innovar, las medidas cautelares de no innovar son frecuentes porque tienen que ver con la aplicación del principio precautorio, que es un principio que identifica el derecho ambiental, en Uruguay no tenemos muchos antecedentes donde la justicia haya dispuesto medidas de este tipo que pongan en pausa, digamos, un proyecto de esta magnitud. Así que en ese sentido sí es un fallo, digamos, novedoso.

Portal APU.uy: ¿En qué instancia se encuentra actualmente el fallo ?

Juan Ceretta: Bueno, el fallo está vigente, pero aún está en plazo para que sea apelado por la OSE, por el Ministerio de Vivienda o por el Ministerio de Salud Pública, que son las tres involucrados en esta causa, aunque ha quedado estrictamente vinculado por ahora a OSE, de acuerdo al fallo. Y ahora, el levantamiento de la feria el 16 de julio vence el plazo para que la OSE presente su recurso de apelación. Si así lo hace, nosotros contestaremos esa apelación, la sentencia irá al Tribunal de Apelaciones y el tribunal decidirá si mantiene la medida o si la revoca.