Este miércoles, la Asamblea General se reunirá para decidir si ratifica o revoca el veto presidencial al artículo 72 de la nueva ley de medios. Este artículo, introducido a instancias de Cabildo Abierto (CA), estipula que los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada, y que los servicios de difusión deben cumplir con estos criterios al ofrecer información, análisis, opiniones y valoraciones sobre actores políticos.

El Partido Colorado había condicionado su voto a la sanción de la ley a que el presidente Luis Lacalle Pou impusiera un veto al artículo 72. En su veto, Lacalle Pou argumenta que el artículo impone obligaciones incompatibles con la libertad de expresión, al dictar cómo deben comunicarse los contenidos y qué tipo de contenidos deben ser incluidos, lo que, según él, vulnera la libertad de industria y expresión.

El presidente sostiene que el artículo no está respaldado por razones de interés general ni por justificaciones legítimas para las restricciones y obligaciones impuestas a los servicios de difusión. En su opinión, el artículo no se ajusta a la Constitución ni a las normas del derecho internacional, y afecta el derecho a la libertad de expresión, un pilar esencial para la democracia reconocido por la Suprema Corte de Justicia.

Es importante destacar que el veto presidencial no fue firmado por todos los ministros del gabinete. En particular, los ministros Karina Rando, de Salud Pública, y Raúl Lozano, de Vivienda y Ordenamiento Territorial, no respaldaron el veto.

Para que el veto presidencial sea ratificado, la Asamblea General debe alcanzar una mayoría especial de tres quintos de los miembros de cada cámara. Si el Parlamento no se expide en un plazo de 30 días, el veto del presidente también permanecerá en vigor.