El caso de Moisés Martínez ingresó en una nueva etapa judicial y política. Luego de la condena a 12 años de prisión por el homicidio de su padre —en un contexto atravesado por años de violencia intrafamiliar—, su defensa impulsa una apelación mientras el Parlamento comienza a evaluar un posible indulto.

La estrategia está a cargo del abogado Rodrigo Rey junto a las abogadas María de la Paz Eschetto e Ivanna Messano, vinculadas a la ONG El Paso y especializadas en perspectiva de género y derechos humanos. En diálogo con apu.uy, Eschetto brindó detalles del proceso, cuestionó la sentencia y reflexionó sobre el alcance del debate político.

“Faltó perspectiva de género y de trauma”

¿Cómo se vincularon con el caso?

—Tomé contacto previo al juicio, a través de El Paso, donde ya se estaba acompañando a la familia. Nos pusimos a disposición y, tras la condena, la familia decidió cambiar la defensa. Desde entonces trabajamos en conjunto con Rodrigo Rey, aportando tanto la mirada penal como la perspectiva de género.

¿Cómo evalúan la sentencia?

—Creo que faltó perspectiva de género para la evaluación del caso. Desde lo jurídico estrictamente no fue incorrecta la estrategia, pero faltó darle contenido: explicar el trauma, cómo funciona y cómo reaccionan las personas que han atravesado este tipo de violencias. Era necesario incorporar esa mirada, también desde los aportes del feminismo. Las autoras feministas han estudiado este tipo de situaciones: qué pasa con las infancias violentadas, con las mujeres que sufren violencia y que se ven impedidas de maternar de forma tranquila, fuera de esa situación de alerta. Era necesario incorporar esa mirada para poder evaluar el caso en toda su dimensión.

“El indulto es una oportunidad para revisar el sistema”

¿En qué se centrará la apelación?

—Entendemos que no es una sentencia adecuada a la realidad de los hechos. Vamos a fortalecer lo que ya fue presentado, incorporando elementos que permitan una lectura más integral.

¿Solicitarán prisión domiciliaria?

—Sí. Hoy no existen riesgos que justifiquen que permanezca en prisión. No hay riesgo de que contamine el proceso ni de que intente influir o amedrentar a testigos, porque la etapa investigativa ya terminó y ya existe una sentencia de primera instancia. Tampoco representa un riesgo para la sociedad; por el contrario, está recibiendo un amplio apoyo social. En ese sentido, entendemos que hoy no se cumplen los elementos que justificarían su permanencia en prisión y que no debería haber impedimento para que espere la sentencia firme bajo prisión domiciliaria. De todos modos, eso es algo que deberá evaluar la jueza.

¿Cómo ven el pedido de indulto que se discute en el Parlamento?

—Son herramientas que están disponibles y que buscan la libertad de Moisés. Pero, sobre todo, este caso abre una oportunidad para reflexionar sobre las fallas del sistema. Está demostrando que el sistema no protege como debería. No se trata de validar la justicia por mano propia. Se trata de reconocer que hubo fallas. Este caso está demostrando que el sistema es perverso y que no protege como debería. Por eso, todo esfuerzo que hagamos tiene que estar orientado a reforzar las garantías, para que el sistema realmente proteja y no ocurra lo contrario. Es un caso paradigmático que debería interpelarnos como sociedad y como Estado para revisar qué se hizo —o qué no se hizo— antes de llegar a este punto.

Que los partidos políticos en su conjunto se preocupen por esta temática es una oportunidad para reflexionar y revisar las prácticas que se han tenido. Puede permitir alcanzar consensos que realmente promuevan los derechos de las infancias, las adolescencias, las mujeres y las disidencias. Yo lo veo como algo positivo, como una ventana de oportunidad.

¿Creés que la intervención del Parlamento y el impulso del indulto pueden marcar un cambio real en la forma en que la Justicia aborda estos casos, incorporando perspectivas de género, trauma y violencia intrafamiliar, o existe el riesgo de que quede solo como una medida puntual de reparación sin generar transformaciones de fondo?

—Creo que la oportunidad es justamente esa. Es una herramienta que existe, pero que debe utilizarse con cuidado, porque no se trata de buscar impunidad ni de validar la justicia por mano propia. Lo que sí permite es reconocer que, en este caso —como en tantos otros—, hubo fallas claras en el sistema.

Fallas históricas, en cómo el Estado no logró actuar a tiempo, en cómo sigue funcionando de forma fragmentada y en la falta de respuestas integrales: desde el acompañamiento a las víctimas hasta la reparación del daño y las garantías de que el agresor no vuelva a contactarlas. Todo eso es necesario revisarlo. Esto no implica que situaciones como esta deban repetirse ni que las personas deban esperar un indulto como solución. El mensaje no puede ser ese. El indulto no busca justificar lo ocurrido, sino reconocer que hubo una falla previa del sistema que también debe ser asumida.

¿Es compatible el indulto con la apelación?

—Sí, porque son caminos distintos que apuntan a lo mismo. El indulto puede ser una forma de reparación, pero lo importante es que también implique cambios reales en el sistema.

El caso tomó un giro político con el pedido de indulto en el Parlamento. ¿Existe el riesgo de una politización de la justicia?

—Es una herramienta que existe y que se puede utilizar. A mí me llamó la atención, pero también lo veo como una oportunidad para revisar otras cosas. No lo veo necesariamente como una injerencia entre poderes. Es una herramienta legal que está prevista y que no se ha utilizado mucho. Prefiero quedarme con lo positivo: que este caso permita reflexionar, revisar las normativas y discutir cómo está respondiendo el sistema ante estas situaciones.

“La responsabilidad del Estado es previa”

¿Qué opinión tienen sobre el fallo y la actuación de la jueza?

—Creo que la jueza hizo lo que pudo con los elementos que tenía. Incluso intentó bajar la pena dentro de lo posible. Pero la perspectiva de género fue una gran ausente, y eso limitó la posibilidad de una evaluación distinta. Cuando hablo de género lo hago en un sentido amplio, incluyendo también las violencias y las infancias. No fueron solo la madre de Moisés o Sara quienes sufrieron, sino también sus hermanas; fue una situación que atravesó a todo el núcleo familiar. En ese sentido, faltó esa perspectiva, y quizás la jueza no contaba con otros elementos para fallar de otra manera.

¿Qué esperan del tribunal de apelación?

—Esperamos que pueda tener otra sensibilidad y que incorpore estos elementos. Hay legislación que exige actuar con perspectiva de género, pero en la práctica todavía falta mucho para que eso se cumpla plenamente.

¿Cómo se encuentra Moisés actualmente?

—Está devastado, sin dudas. Pero también muy impactado por el apoyo social. No lo podía creer. Eso generó un cambio en su ánimo, dentro de una situación muy difícil.

Para la defensa, el foco no debe quedar únicamente en el hecho puntual, sino en la historia de violencia previa y en la responsabilidad del Estado.“Este caso también obliga a preguntarnos qué hizo el Estado antes. La responsabilidad no empieza en el hecho, empieza mucho antes, cuando no se logra proteger a las víctimas”, sostuvo Eschetto.

El caso Moisés dejó de ser únicamente un expediente judicial para convertirse en un punto de inflexión que interpela a la Justicia, al sistema político y a la sociedad. La discusión sobre el indulto, lejos de ser un atajo, expone una pregunta de fondo: qué hace el Estado cuando falla en proteger, y cómo repara —si es que puede— cuando el daño ya está hecho.