El Senado se encamina a conformar una comisión preinvestigadora para analizar en profundidad el contrato firmado entre el Ministerio de Defensa Nacional y el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV). La iniciativa fue presentada formalmente por el senador Sebastián Sabini, quien sostiene que existen elementos “suficientes y graves” para determinar responsabilidades políticas e institucionales por un negocio que ya le costó al Estado uruguayo unos 30 millones de dólares.

Según lo expuesto en el documento elevado a la Presidencia de la Cámara Alta y reforzado en declaraciones públicas, el contrato (suscrito en diciembre de 2023 por más de 82 millones de euros) presentó problemas desde su inicio. Entre los principales cuestionamientos figuran la aceptación de garantías que no podían ejecutarse, la modificación de condiciones contractuales esenciales y una cadena de incumplimientos técnicos que, a juicio del legislador, tornaron el acuerdo “materialmente inviable”.

Uno de los puntos más delicados es la garantía de fiel cumplimiento, superior a los cuatro millones de euros, que resultó ser apócrifa. La empresa emisora, EuroCommerce LTD, estaba liquidada en el Reino Unido y carecía de respaldo bancario real. A pesar de ello, el Ministerio de Defensa aceptó una garantía con vigencia anual, cuando el contrato exigía una cobertura de 42 meses. La segunda garantía, correspondiente al reembolso de anticipos, tampoco pudo ejecutarse, ya que no constituía una garantía en sentido jurídico sino un simple contrato de términos y condiciones de un seguro.

A estas irregularidades se suman decisiones administrativas difíciles de justificar. Entre ellas, la aprobación de la cuaderna maestra antes de que fuera presentada formalmente, hecho que habilitó pagos al astillero, y la concesión de prórrogas reiteradas a Cardama que no fueron otorgadas a otros oferentes. Sabini también cuestiona que se haya permitido a la empresa mejorar su oferta luego de quedar rezagada en el proceso competitivo, sin que el mismo criterio se aplicara al resto de las compañías participantes.

El informe pericial de Bureau Veritas, solicitado por el propio Estado uruguayo, resulta central en la argumentación. El documento califica la situación como crítica y enumera más de 150 incumplimientos contractuales, entre ellos atrasos significativos en la construcción, ausencia de planos definitivos aprobados, problemas estructurales en soldaduras y diseño, y la falta de permisos exigidos por la normativa de bandera uruguaya. Incluso se advierte que algunas deficiencias podrían comprometer la seguridad de las futuras tripulaciones.

Para el senador, el debate trasciende lo técnico y se instala en el plano institucional. “Cuando fallan los mecanismos de protección del Estado en un contrato estratégico, estamos ante un problema de responsabilidades políticas”, señaló. En ese sentido, Sabini considera clave que la investigación se realice en el Senado, donde se encuentran algunos de los jerarcas que intervinieron en el proceso, entre ellos el exministro de Defensa Javier García, quien firmó el contrato original.

El Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, ya resolvió rescindir unilateralmente el contrato, amparado en el TOCAF y en las propias cláusulas del acuerdo, e inició acciones judiciales para recuperar los fondos invertidos. Sin embargo, Sabini subraya que la rescisión no agota el análisis: “Ahora corresponde determinar cómo se llegó a esta situación, quiénes tomaron las decisiones y por qué se aceptaron condiciones que contravenían el contrato y las advertencias jurídicas”.

La eventual comisión investigadora tendrá amplias facultades para convocar a funcionarios del Ministerio de Defensa, de la Armada Nacional y de otros organismos involucrados, como el Banco Central, el Banco República y el Banco de Seguros del Estado. El objetivo, según el legislador, es doble: respaldar la estrategia jurídica del Estado para resarcirse y restablecer la credibilidad institucional afectada por uno de los contratos más cuestionados de los últimos años.

Mientras algunos sectores políticos relativizan la prioridad del tema frente a otros problemas nacionales, Sabini insiste en que no se trata de una “discusión política coyuntural”, sino de la defensa del patrimonio público. “No podemos naturalizar que se pierdan 30 millones de dólares sin saber qué falló. Investigar no debilita a la democracia; por el contrario, la fortalece”, concluyó.