En él, seis reconocidas figuras del periodismo en la región —de México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile y Colombia— trazan una mirada coral sobre los síntomas, causas y consecuencias de un ecosistema mediático cada vez más debilitado.

Con lenguaje directo y diagnóstico riguroso, el reportaje retrata una realidad inquietante: la desinformación, la concentración mediática, la judicialización del ejercicio periodístico, el retroceso institucional y las amenazas físicas son hoy parte del cotidiano de quienes ejercen el derecho —y el deber— de informar.

Uruguay en el contexto regional

Aunque históricamente se ha posicionado como una de las democracias más estables de América Latina, Uruguay ocupa el puesto 59 en el ranking de libertad de prensa 2025, con un puntaje de 65.18, lo que lo ubica en la franja de países con una situación “problemática” según la tipología de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Esta ubicación sorprende y preocupa, ya que representa un descenso relativo respecto a años anteriores, lo que obliga a una reflexión crítica sobre el deterioro progresivo de ciertos estándares democráticos incluso en contextos institucionalmente sólidos.

Si bien no enfrenta amenazas graves como la violencia contra periodistas o la censura directa del Estado, sí se han identificado tensiones crecientes vinculadas a la concentración mediática, presiones indirectas sobre la prensa crítica y dificultades en el acceso a la información pública, fenómenos que lentamente erosionan la calidad del ecosistema comunicacional.

Este retroceso de Uruguay no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte del patrón regional que retrata el reportaje “Un paciente enfermo, libertad de prensa en Latinoamérica”.

A pesar de su reputación de país garante de derechos, la realidad muestra que ni siquiera las democracias más consolidadas están exentas de las lógicas de silenciamiento, captura o debilitamiento institucional.

La presencia de este tipo de alertas en un país como Uruguay reafirma el planteo central del reportaje: la libertad de expresión no está asegurada por diseño institucional, sino que requiere vigilancia permanente, actualización normativa y compromiso político sostenido. En esta línea, el caso uruguayo constituye un recordatorio de que la defensa de la prensa libre es una tarea permanente, incluso —y especialmente— en las democracias que se perciben a sí mismas como ejemplares.

La democracia sin voz

Gloria Piña, periodista mexicana especializada en derechos humanos y migración, abre el texto con una advertencia frontal: “Es indispensable contar con sociedades informadas, que sean capaces de cuestionar y vigilar el actuar de sus gobernantes”. Su reflexión condensa el núcleo ético del reportaje: sin prensa libre, no hay democracia real, sino un simulacro sometido al poder y sus narrativas dominantes.

El texto pone el foco en un mal sistémico: la creciente imposibilidad de sostener un periodismo independiente en contextos donde el poder político, económico y tecnológico impone silencios, cercena voces y privilegia algoritmos.

La región no sólo enfrenta gobiernos autoritarios o corruptos; enfrenta también modelos de negocio mediáticos insostenibles, transiciones digitales caóticas y públicos polarizados que desconfían de todo.

Perú, Argentina y el retroceso institucional

Desde Perú, Mávila Huertas alerta sobre la caída de 48 puestos en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, reflejo de una realidad institucional crítica. Denuncia la judicialización del oficio, la inseguridad profesional y nuevas normativas que podrían implicar un “control previo” sobre actividades periodísticas financiadas internacionalmente. La información pública, señala, se convierte así en un terreno cada vez más restringido.

En Argentina, Diego Cabot subraya una tensión persistente: “la prensa, y no la justicia, ha sido la responsable de arrojar a la opinión pública los principales hechos de corrupción”. Cabot también expone la desigualdad entre medios grandes y regionales, evidenciando cómo la dependencia de la pauta oficial condiciona seriamente la libertad editorial en el interior del país.

Ambos casos revelan un patrón común: gobiernos que utilizan herramientas legales o presupuestarias para disciplinar a la prensa incómoda. El poder ya no siempre reprime con violencia, pero sí con decretos, exclusión de pauta, denuncias y campañas de desprestigio.

Violencia, concentración y mercados cerrados

Milton Pérez, desde Ecuador, pone en primer plano una amenaza concreta: la inseguridad. Con una tasa de homicidios que alcanzó 38,8 por cada 100.000 habitantes en 2024 —según Insight Crime—, el ejercicio del periodismo se convierte en una actividad de riesgo personal. En contextos así, la libertad de expresión no sólo se vulnera desde el poder, sino desde el crimen organizado y la impunidad.

Desde Chile, Tomás Mosciatti reflexiona sobre una tendencia silenciosa pero demoledora: la concentración mediática. Cuando los grandes grupos acaparan la infraestructura comunicacional, el mercado deja de autorregularse y la ciudadanía pierde diversidad informativa. “Los grandes quiebres comienzan con pequeños síntomas”, advierte, llamando a ver en la concentración un signo temprano de crisis democrática.

En Colombia, Ricardo Ospina destaca cómo el populismo socava la confianza institucional y genera un terreno fértil para el autoritarismo. Frente a ello, propone innovar: integrar medios tradicionales y digitales para fortalecer el acceso a información plural y bien elaborada. La batalla por la verdad también se libra en el terreno de la producción y distribución de contenidos.

El periodismo como servicio público

Más allá de los casos nacionales, “Un paciente enfermo” articula una lectura transversal de la libertad de prensa en la región: su fragilidad no es solo política, sino también estructural. La precarización laboral, el debilitamiento de los marcos regulatorios, el desinterés estatal por fomentar pluralismo y la desconfianza social hacen que el periodismo ya no pueda cumplir cabalmente su rol democrático.

“El periodismo debe apostar por la ciudadanía, no por las narrativas que solo benefician a los poderosos”, afirma Piña, en una de las frases más potentes del reportaje.

Este llamado interpela a medios, periodistas, gobiernos y audiencias por igual. La libertad de expresión no es una concesión del poder, sino un derecho humano inalienable que debe ser protegido y promovido activamente.

Defender la prensa, defender la democracia

El reportaje concluye con una sentencia clara: sin libertad de prensa, la democracia enferma.

Y no se trata solo de preservar a los medios, sino de garantizar a la ciudadanía el derecho a estar informada, a disentir, a debatir con argumentos y a construir un espacio público no capturado por el miedo ni por el algoritmo.

“Un paciente enfermo, libertad de prensa en Latinoamérica” no es un epitafio, sino una advertencia urgente. El periodismo está en cuidados intensivos, pero aún respira. Su recuperación depende de decisiones políticas, garantías institucionales y compromisos sociales. Como señala el reportaje, la tarea de los demócratas no es solo votar cada cierto tiempo, sino defender activamente las condiciones que hacen posible la deliberación colectiva.

En suma, ¿estamos preparados como sociedades para defender el derecho a la información con la misma vehemencia con la que exigimos elecciones libres? Este reportaje nos convoca a una reflexión colectiva: sin prensa libre, la democracia es apenas un espejismo. Y en América Latina, ese espejismo comienza a agrietarse.

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Fuente: “Un paciente enfermo, libertad de prensa en Latinoamérica”. Publicado por Diálogo Político. Disponible en: https://dialogopolitico.org/agenda/analisis/libertad-de-prensa-latinoamerica-2.