Desde la creación de la Universidad Mayor de la República, mediante un decreto del nacionalista Manuel Oribe hasta nuestros días, la historia de la Universidad ha sido también la historia de nuestro país. Algunos embates de otros tiempos se reeditan con inusitada frecuencia y de una forma u otra vuelve a ser considerada como una "usina de adoctrinamiento".
El 27 de mayo de 1838, el Presidente Manuel Oribe emitió un decreto que convirtió a la Casa de Estudios Generales en Universidad Mayor de la República, que ese fue el primer nombre de lo que hoy conocemos como Universidad de la República (UDELAR). Un día después el Poder Ejecutivo emitió a las Cámaras un proyecto de Ley Orgánica que había sido redactado por Dámaso Antonio Larrañaga pero que finalmente no pudo ser considerado al desatarse la Guerra Grande.
Finalmente la Universidad Mayor de la República surgió a la vida pública el 18 de julio de 1849 cuando finalmente se inaugura y se realiza una instalación solemne en la capilla de San Ignacio en cumplimiento del Decreto del 14 de julio de 1849 promulgado por el Presidente de ese momento Joaquín Suárez.
En realidad, el proceso había comenzado un buen tiempo antes, el 11 de junio de 1833, cuando se aprobó una ley impulsada por el Senador de la República, el Presbítero Dámaso Antonio Larrañaga.
Esa ley dispuso la creación inicial de nueve cátedras. Surgía, de esa forma, la Casa de Estudios Generales que, en 1836, ya tenía establecidas las cátedras de Latín, Filosofía, Matemáticas, Teología y Jurisprudencia.
El primer rector de esa casa de estudios fue el Vicario Apostólico Lorenzo A. Fernández, sucesor del fallecido Dámaso Antonio Larrañaga como principal jerarquía eclesiástica nacional. Se aclara en la página web de la UDELAR que, “a pesar de que parecería que la nueva institución queda bajo el poder de la Iglesia, en realidad el control real lo ejerce el Estado a través de su Ministro de Gobierno”.
La siempre procurada autonomía
La primera ubicación fue en la esquina de las calles Sarandí y Maciel y durante sus primeros seis meses el trabajo consistió en la redacción de su Reglamento Orgánico que fue finalmente aprobado por decreto el 2 de octubre de 1849 y que reprodujo el modelo de universidad napoleónica, la cual ponía bajo la órbita de la Universidad la totalidad de la instrucción pública: primaria, secundaria y superior.
A lo largo de su historia muchos fueron los avatares que la Universidad debió enfrentar donde muchas veces los gobiernos de turno, especialmente los dictatoriales, pretendieron ejercer un control sobre la misma, restringiéndole o, directamente quitándole autonomía.
En el material aludido se detallan esas etapas. La primera bajo el rótulo de “Universidad Vieja” y que se extendió desde 1850 a 1885. En esa primera etapa, concretamente en 1877, el Gobierno del Coronel Lorenzo Latorre promulgó la Ley de Educación Común, propuesta por José Pedro Varela, la cual dejó fuera del ámbito universitario a la enseñanza primaria.
Luego una segunda etapa que supone “el nacimiento de la Universidad Moderna” que va de 1885 a 1908. Al finalizar ese período La Ley Orgánica de 1908, aprobada el 31 de diciembre de ese año, determinó el desmantelamiento de la estructura unitaria de la Universidad
La tercera etapa: “el reformismo” se prolongó desde 1908 hasta 1935. En esos años se separa de la Universidad a la enseñanza secundaria de la Universidad. Además se caracterizó por la consolidación de las estructuras creadas por la ley de 1908 y por un importante aumento de la población estudiantil debido a la ley de gratuidad de la enseñanza.
También en esos años, en abril de 1929 nació la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), un año después tuvo lugar el Primer Congreso Nacional de Estudiantes en el cual participan delegaciones de todo el país para discutir la Reforma Universitaria.
Poco después, el 31 de marzo de 1933 se produjo el Golpe de Estado de Gabriel Terra y la Universidad, ya muy movilizada, se transformó en un activo polo de oposición al nuevo régimen. “La primera etapa de espontánea resistencia se concentra luego en el rechazo a la Ley Orgánica del 2 de marzo de 1934 que vulnera una vez más la autonomía universitaria: sanciona una sujeción administrativa total de las autoridades al gobierno nacional. La respuesta son huelgas estudiantiles y manifestaciones callejeras”.
Posteriormente, entre 1934 y 1935 se reunió la Asamblea General del Claustro que elaboró el Estatuto de 1935 en el cual se planteaba la reestructura de la Universidad en su organización interna y en sus fines, priorizando los problemas de interés general por encima del acrecentamiento del saber o la capacitación profesional.
La autonomía y el cogobierno
La cuarta etapa es “la conquista de la autonomía y del cogobierno (1935-1958) y se extiende desde aquel Proyecto de Estatuto Universitario surgido de la Asamblea General del Claustro en 1935 hasta la sanción de la Ley Orgánica de 1958 por la cual se rige actualmente la Universidad de la República.
Posteriormente, entre 1958 y 1973 se ubica la quinta etapa en su marcha “hacia la Universidad nueva”. Allí se producen nuevos episodios que ubican a los estudiantes universitarios en la resistencia de un modelo educativo y de país.
Durante el presidente colorado Jorge Pacheco Areco se produce la muerte de Líber Arce, el primer mártir estudiantil y a él le seguirían otras muertes: Susana Pintos, Hugo de los Santos, Heber Nieto, Julio Spósito.
En 1972 se aprueba la ley de educación redactada por el también colorado Julio María Sanguinetti donde se determinó que los delegados a los claustros universitarios debían ser elegidos por voto secreto y obligatorio a nivel nacional y bajo la fiscalización de la Corte Electoral.
Poco después, el 27 de junio de 1973 se produjo el Golpe de Estado, el ex nacionalista y luego colorado Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento y en octubre se emite el decreto 921/973 por el cual el gobierno intervino la Universidad, clausurándola y ordenando la detención y el sometimiento a la justicia militar del rector y de todos los decanos y miembros del Consejo Directivo Central.
La Universidad vacía y el rebrote
La sexta etapa es la de “la intervención, desde el golpe de Estado hasta 1985 en que se produce el retorno a la democracia. En esos doce años que dura la intervención, “la Universidad deja de investigar, de hacer extensión y su nivel de enseñanza decae. En resumen, dejaron de cumplirse los fines de la Universidad establecidos en el Artículo 2° de su Ley Orgánica”.
La actividad fue casi nula, se estableció el examen de ingreso a la Universidad de la República, primero en Medicina y Odontología y en 1980 se generaliza hasta que en 1982 se impuso, además, un sistema de cupos prefijados.
El Plebiscito de 1980, cuando una mayoría de la ciudadanía votó mayoritariamente por “NO” a una Constitución propuesta por el Poder Civico-Militar, se empezó a gestar la reinstitucionalización del país y el renacimiento universitario a través de sus estudiantes. Fue así que en 1983 los estudiantes se organizaron en la Asociación Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP) que luego sería, por un tiempo ASCEEP-FEUU.
La intervención finalizó recién el 21 de agosto de 1984.
Arribamos a la etapa que fue de 1985 con el retorno a la institucionalidad hasta el año 2006 un período que los invitamos a recorrer en el material citado y en otros, y que significó un tiempo de mucho fermento, con un gran crecimiento de la matrícula de estudiantes.
Luego, con los gobiernos del Frente Amplio comenzó una etapa en la que muchos jóvenes fueron la primera generación de profesionales universitarios de su familia, proceso que, por lo menos, se ha ralentizado en los últimos años.
De usinas y miopías
Recientemente una senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, realizó comentarios que pusieron en tela de juicio a la Justicia y a la Universidad de la República a la que calificó como una “usina de adoctrinamiento”.
Esto ameritó una respuesta del Decanato de la Facultad de Derecho de la UDELAR donde expresa:
“La Facultad de Derecho no es una “usina de adoctrinamiento”, es una Casa de Estudios fundadora de la propia Universidad de la República, por lo que tiene más de 170 años de vida institucional”.
Agrega que “realiza su actividad de enseñanza, investigación y extensión en el respeto a la laicidad y a la libertad de cátedra. Sus planes de estudios y programas curriculares son aprobados por los órganos correspondientes con la más amplia participación de los tres órdenes que cogobiernan la institución (docentes, egresados y estudiantes) conforme a su ley orgánica. Son, además, formal y sustancialmente públicos”.
Es una de sus funciones más caras el promover y velar por vigencia del Estado de Derecho en nuestro país, dentro del cual la independencia de poderes es un pilar fundamental.
La libertad de pensamiento es esencial a la Institución, lo cual queda demostrado con la excepcional, amplia y absolutamente plural contribución de sus egresados a la vida política, social y cultural del país, en el pasado y en el presente”.
