Días atrás el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, en entrevista realizada por canal 10, dijo que se está realizando un estudio para que, el “el subsidio al supergas como tal quede focalizado en dónde se precisa y no en general”.
Esas declaraciones fueron rechazadas por el Frente Amplio, pero también dentro de la coalición de gobierno hubo declaraciones nada favorables a dicha medida. El senador Guido Manini Ríos en su audición radial dijo que “Cabildo Abierto se opone totalmente a subir el supergas a los sectores de la población más carenciados. Creemos que hay que mantener ese subsidio porque es el combustible que usan los sectores más frágiles de la sociedad”.
En tanto, en su edición del jueves 28 de julio el diario El País mencionó que fuentes de la Torre Ejecutiva dijeron “nunca hablamos de sacar el subsidio al supergas. Es algo que no está hablado”.
El supergas es utilizado por el 75% de la población tanto para cocinar como para calefaccionar los hogares. El presidente de la Federación Ancap (FANCAP), Gerardo Rodríguez, comentó al Portal APU.uy que para los trabajadores "es muy importante que se mantengan los subsidios. Los subsidios son al trabajo, tiene que ver con el proyecto agro industrial de Alur, al flete que hace que el combustible llegue a todo el país al mismo precio, esto no pasa en todos los países del mundo, y también al supergas. ¿Por qué? , porque es una política pública orientada a favorecer a los sectores de menos ingresos. No es que obedezca a un proceso productivo, porque si bien la nafta y el gas oíl son los más caros de la región, hay que afirmar que el supergas es el más barato de la región”.
Rodríguez prosiguió diciendo que “es el más barato de la región porque hay una definición política que está subsidiando y como es el combustible que utiliza los sectores más humildes para calefaccionarse o para cocinar. Una política pública que viene desde hace cien años, aquella concepción batllista de que las empresas públicas y en especial Ancap son el escudo de los débiles”.
El gobierno quiere implementar una nueva mirada a través de la política de los combustibles. Trasladar el precio del mercado internacional de los combustibles al precio interno de los mismos. “esto indudablemente tiene un fuerte componente de injusto, porque no tiene en cuenta la equidad social. Entonces cuando trasladas en forma mecánica el precio internacional al precio interno, lo primero que van a quedar sin efectos son los subsidios. Nosotros decimos que el gobierno tiene una mirada mercado céntrica, la que pone al mercado en el centro de sus acciones, que la actividad de los combustibles se rige por las reglas del mercado. La primera consecuencia es que el supergas aumente entre un 30% y 40%, porque si voy a equiparar con el precio internacional, bueno, más temprano o más tarde va a suceder eso” afirmo el dirigente sindical.
Rodríguez afirma que esta medida del gobierno tiene un fuerte componente ideológico. "Se crea una herramienta a la cual la llama X, y esa X es un sobre precio que pone a los combustibles, incluyendo los subsidios y la actividad de la industria cementera y traslada la idea que estamos pagando más los combustibles porque se está implementando ese subsidio al supergas. En realidad se implementó toda la vida, que en realidad ya estaba incluido en el precio de los combustibles. Ahora se pone un sobre precio para generar enojo en la gente y seguramente justificar medidas que se vengan a futuro” enfatizó.
Finalmente expresó su opinión afirmando que desde el gobierno “hoy dicen que no lo van a sacar, pero que lo van a estudiar y analizar. Seguramente más tarde o más temprano le van a sacar a amplios sectores de la sociedad este subsidio y van a hacer que una garrafa que hoy cuesta $ 700 pase a costar $ 1.000 o más. Nos aseguran que lo van a dejar para las uruguayas y uruguayos que hoy tienen la tarjeta social, que son alrededor de 250.000, pero en el Uruguay hay cientos de miles de personas que ganan entre $ 25.000 y $ 30.000 que pagan $ 700 y ese valor que ya es muy alto y no tienen tarjeta social y aumentarla a $ 1.000, es un disparate" remató.


