Este martes 22 de julio, la UNESCO organizó un webinario internacional sobre amenazas legales contra periodistas, con foco en las SLAPP (demandas estratégicas contra la participación pública) y el uso indebido de mecanismos jurídicos para silenciar la prensa.
La actividad reunió a referentes judiciales, expertos y periodistas de América Latina, en un intento por dar visibilidad a una problemática en crecimiento en la región.
La apertura estuvo a cargo de Andrea Cairola, jefe de la Sección de Libertad de Expresión de la UNESCO, y Nancy Hernández López, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes destacaron la necesidad de fortalecer los marcos jurídicos y la cooperación institucional ante un fenómeno que erosiona la democracia.
Durante el panel “Panorama del fenómeno: SLAPP y el uso indebido de acusaciones financieras para silenciar a periodistas”, intervinieron el académico Joan Barata, el ex relator interamericano Edison Lanza y la experta internacional Elisa Juega, quienes analizaron cómo las SLAPP afectan el ejercicio periodístico y subvierten el sistema legal.
En un panel de entrevistas moderado por Barata, las periodistas Paola Ugaz (Perú) y Marielos Monzón (Guatemala) ofrecieron testimonios personales sobre el impacto del acoso judicial y las campañas de desprestigio. La jornada cerró con un debate interactivo coordinado por Juega, con participación de Alejandra Maldonado Ibaceta (ACNUDH), Agustina del Campo (CELE) y Barata, donde se expusieron líneas de acción urgentes para proteger la libertad de prensa.
La actividad se inscribe en el marco del Global Media Defence Fund de la UNESCO y se orienta a promover “respuestas colaborativas” ante el creciente uso del sistema judicial como mecanismo de censura.
El primer encuentro sobre este tema se llevó a cabo el pasado 13 de junio y estuvo centrado en África, congregando a más de 160 jueces, fiscales, abogados y periodistas que abordaron técnicas de acoso jurídico, incluidas acusaciones financieras abusivas, y destacaron la necesidad de “respuestas colaborativas” para proteger la libertad de expresión
Las SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) se han convertido en la nueva forma de censura judicial: demandas dirigidas a silenciar periodistas, activistas y defensores del medio ambiente, mediante litigios costosos, prolongados y diseñados para intimidar, más que para ganar. Aunque emanan de una práctica con larga data, en América Latina su uso crece como herramienta de coerción jurídica.
Panorama regional: Datos y tendencias
Entre enero de 2015 y diciembre de 2021, el Business & Human Rights Resource Centre identificó más de 385 casos con características SLAPP, de los cuales 149 ocurrieron en América Latina. Honduras, Perú, Guatemala y México lideran los casos, seguidos por Ecuador, Colombia, Panamá y Nicaragua. Mayoría de casos criminales (139), seguidos de algunos civiles para exigir indemnizaciones desproporcionadas.
Pero, ¿Quiénes son sus víctimas centrales?: activistas, defensores medioambientales, periodistas y comunidades afectadas por proyectos extractivos en minería, agroindustria y defensa del medio ambiente, entre otros.
En 2019, ARTICLE 19 coordinó la primera audiencia sobre SLAPP en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde periodistas como Rodolfo Ruiz (México) y Paola Ugaz (Perú) declararon haber enfrentado múltiples demandas civiles y penales tras investigaciones críticas. Ruiz afronta 22 acciones judiciales por más de 2 millones de dólares; mientras que Ugaz fue acusada penalmente de lavado de dinero tras su cobertura de abusos sexuales en una organización religiosa
Casos emblemáticos en América Latina
Guatemala: José Rubén Zamora - Fundador del periódico El Periódico, Zamora fue encarcelado por cargos de lavado de dinero por unos 38.000 USD desde julio de 2022. Aunque obtuvo arresto domiciliario en octubre de 2024, un tribunal le revocó el beneficio en marzo de 2025, regresándolo a prisión. Organizaciones como Amnistía Internacional y el propio presidente Bernardo Arévalo denunciaron el proceso como represalia por su periodismo investigativo contra ex‑mandatarios
Brasil: investigaciones científicas y denuncia empresarial - La empresa ThyssenKrupp Atlantic Steel Company (TKCSA) demandó judicialmente a investigadores brasileños vinculados a Fiocruz y la Universidad Estatal de Rio, tras publicar un informe técnico sobre impactos sociales, ambientales y en salud de su planta en Santa Cruz. Investigadores como Hermano Albuquerque y Alexandre Pessoa Dias enfrentaron demandas civiles por supuestos daños morales ligados a su trabajo académico
Uruguay: En Montevideo, durante 2024 un juzgado desestimó una demanda contra el medio La Diaria, considerándola SLAPP implícita, al encontrarse que el reportaje era de interés público y no hubo hecho ilícito. La demanda exigía US$ 450 000, representando una carga legal pesada para el medio. La sentencia marcó un precedente, aunque no existe legislación específica anti‑SLAPP en Uruguay
México: Multiplicidad de presiones legales y violencia real - Aunque no todos los casos califiquen legalmente como SLAPP, en México se han registrado prácticas similares: demandas civiles y criminales por difamación desplegadas contra periodistas que investigan corrupción o crimen organizado. Reporteros enfrentan hostigamiento judicial sistemático desde 2016, con más de 158 acusaciones formales entre 2020 y 2025
Además, México sigue siendo el país más peligroso de la región: entre enero y julio de 2025 fueron asesinados nueve periodistas, la mayoría de medios locales cubriendo temas sensibles. En total, al menos trece profesionales de los medios han sido asesinados en América Latina en ese periodo
Contexto estructural: Violencia, autoritarismo y degradación legal
El deterioro general de la libertad de prensa en América Latina se articula en múltiples dimensiones: violencia contra periodistas, vigilancia estatal, ocupación judicial y estrategias de deslegitimación desde los poderes públicos.
Según Reporteros Sin Fronteras, países como México, Nicaragua, El Salvador, Argentina y Perú padecen un clima crecientemente hostil a la prensa independiente. En Argentina, por ejemplo, se documentó una “guerra de narrativas” promovida desde el oficialismo y campañas públicas para desacreditar medios críticos
En Argentina, el colectivo Periodistas Argentinas ha documentado acoso digital y judicial contra periodistas independientes: amenazas, campañas de desprestigio oficial, demandas y precarización laboral continuada, señalando un uso estratégico del poder para amedrentar
Impactos e implicaciones de las SLAPP en el periodismo y el activismo
Efecto enfriador. La sola posibilidad de enfrentar demandas desproporcionadas desincentiva las investigaciones sensibles, lo que degenera en autocensura institucional y reducción del pluralismo informativo.
Costos y desgaste. Periodistas y activistas se enfrentan a litigios prolongados que demandan defensa costosa y generan desgaste emocional extremo sin una causa real ganable.
Vulnerabilidad del periodismo local e independiente. Los demandados suelen ser periodistas freelance o radiales de medios comunitarios, con poco soporte legal. Los casos reflejan la desigualdad entre litigantes y sistemas judiciales débiles.
Erosión del derecho público a la información. La intimidación legal reduce el acceso ciudadano a información confiable, afectando la función watchdog del periodismo en sociedades democráticas.
Recomendaciones y rutas de contención
La pregunta que surge entonces es ¿Por qué visibilizar públicamente las demandas SLAPP? La respuesta, según los expertos es clara: exponer los casos en medios, redes, redes profesionales y sociedad civil para generar solidaridad y disminuir el aislamiento
Pero esto no es suficiente. Es necesario además incidir y exigir estándares interamericanos. En esta dirección la CIDH y el Sistema Interamericano ya reconocen la obligación de regular el “acoso judicial” (Advisory Opinion 32/25) y preparan directrices contra SLAPP.
Pero aún todo esto no es suficiente. Se requiere crear redes de defensa legal para brindar apoyo jurídico accesible a periodistas de zonas vulnerables o medios pequeños. En la misma dirección, otra de las recomendaciones válidas para hacer frente a esta creciente amenaza se encuentra la necesidad de impulsar una legislación nacional con mecanismos de desestimación temprana y recuperación de costas, inspirándose en modelos como Texas (EE.UU.) o la futura regulación europea.
Tanto especialistas en libertad de expresión, como juristas, activistas de derechos humanos y periodistas, las SLAPP en América Latina representan una amenaza creciente, sofisticada y multifacética contra la libertad de expresión.
Si bien el fenómeno no siempre se manifiesta en tribunales formales, su efecto coercitivo es real: desgaste, miedo y autocensura.
La combinación de violencia —como en México—, litigación abusiva y campañas de desprestigio política genera un ecosistema donde informar sobre temas de interés público es una tarea de alto riesgo.
Por lo cual, solo mediante visibilidad pública, estrategias regionales de protección y regulación legal efectiva podrá restablecerse un entorno donde el periodismo investigativo cumpla su función democrática sin temor.
