Elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica junto con Fundamedios, la Cátedra UNESCO de la Universidad Diego Portales (Chile) y la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Exilio, el estudio documenta con precisión alarmante los efectos de la censura estructural, la persecución política y la represión directa sobre quienes asumen el compromiso público de narrar la verdad.

Desde 2018, al menos 913 periodistas han sido forzados al exilio por motivos directamente vinculados a su labor informativa. Venezuela, Nicaragua y Cuba concentran el 92,3 % de los casos, lo que no sólo habla de sus entornos autoritarios, sino de una sistematicidad en las prácticas de silenciamiento. El dato, lejos de ser meramente cuantitativo, es un termómetro de los niveles de deterioro democrático que atraviesan nuestras sociedades.

Cuando informar se convierte en delito

En lo que tiene que ver con los hallazgos del informe, su principal fuerza radica en su capacidad para transformar las cifras en relatos humanos: en contextos donde el periodismo ha sido estigmatizado, criminalizado o desmantelado desde el poder, la única salida posible para muchos ha sido cruzar la frontera.

En Venezuela, se registraron 477 casos de exilio periodístico en los últimos seis años.

La instauración de una arquitectura legal hostil —como la Ley contra el Odio o la reciente Ley contra el Fascismo— junto con amenazas, allanamientos, bloqueos de portales informativos y judicialización de reporteros, ha convertido el ejercicio del periodismo independiente en una trinchera.

“Nos llamaron terroristas, luego nos quitaron la señal, después vinieron por nuestros equipos, y finalmente nos empujaron fuera del país”, relata uno de los testimonios recogidos en el documento.

En Nicaragua, el estudio cifra en 268 los periodistas exiliados, muchos de ellos luego de perder su nacionalidad o ver confiscados sus medios. La represión se aceleró tras las protestas de 2018 y se consolidó con las reformas legales que otorgaron al Ejecutivo amplias facultades para criminalizar el disenso. Medios emblemáticos como La Prensa, 100% Noticias y Confidencial debieron mudarse al extranjero, operando desde el exilio en condiciones de precariedad.

El caso de Cuba, con 98 periodistas desplazados, refleja otra modalidad de control: el cerco institucional, el acoso judicial, el uso sistemático de la vigilancia, las detenciones breves como mensaje disciplinador y la imposibilidad de acceder a acreditaciones oficiales. El informe muestra cómo muchos periodistas jóvenes, sobre todo vinculados a medios digitales y redes sociales, fueron objeto de campañas de difamación y chantajes por parte de la seguridad del Estado.

Efectos estructurales y vacíos democráticos

Lo más significativo de este trabajo de investigación no es sólo el mapeo cuantitativo, sino el análisis cualitativo de las consecuencias. La salida forzada de periodistas no implica solo un drama personal o familiar. Significa, en términos sociales, el avance de los desiertos informativos, la pérdida de contrapesos al poder y el aumento de la desinformación.

“El desplazamiento no termina cuando cruzamos la frontera. Muchos colegas dejan de ejercer porque no encuentran cómo seguir informando desde el exilio. No hay redes, no hay financiamiento, no hay protección”, alerta otro de los testimonios, esta vez desde Colombia. El informe reseña además que una gran mayoría de los periodistas exiliados han debido reconfigurar sus carreras, buscar empleos ajenos a su vocación o depender de iniciativas solidarias temporales.

Este desarraigo conlleva además un costo ético y simbólico: se vacían los territorios de voces críticas, se rompe la relación entre periodismo y comunidad, y se debilita la función pública del oficio. “El periodismo, cuando es empujado al exilio, se vuelve más necesario que nunca, pero también más frágil”, concluye el documento.

La urgencia de construir redes de apoyo

En abril de 2025, en una respuesta parcial a esta situación, se lanzó la plataforma periodismolibre.org, promovida por UNESCO, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y DW Akademie. Esta "ventanilla única virtual" ofrece herramientas de asistencia legal, apoyo psicosocial, formación y microfinanciamiento para periodistas desplazados en América Latina. Es un paso importante, pero aún insuficiente.

El informe enfatiza la necesidad de políticas de protección regionales coordinadas, fondos sostenibles de emergencia, y modelos de cooperación para medios en el exilio que permitan seguir informando con independencia y rigor. “No basta con salvar al periodista, hay que salvar también el periodismo que ese periodista representa”, se advierte.

Exilio, exclusión y resistencia

Las historias recogidas muestran cómo las estructuras de exclusión se consolidan desde el poder, utilizando la legalidad como fachada para censurar, clausurar o expulsar. Este desplazamiento forzado revela una lógica autoritaria que busca controlar el relato público, uniformar la opinión y castigar la diferencia.

Sin embargo, también hay una dimensión de resistencia en estos relatos. Muchos periodistas, aún desde el exilio, han logrado crear nuevos medios, colaborar en redes transnacionales o mantener vivos sus vínculos con las audiencias locales. “Exiliarnos no es callarnos. Solo hemos cambiado de territorio para poder seguir haciendo lo que creemos justo”, dice una comunicadora venezolana desde Madrid.

Democracia y libertad de expresión: Una ecuación indivisible

La libertad de expresión no es un derecho menor. Es la garantía de todos los otros derechos. Cuando se silencia a periodistas, se silencia también el derecho de la sociedad a estar informada, a deliberar con autonomía, a exigir cuentas a quienes gobiernan. La democracia no se erosiona de golpe, sino en la acumulación cotidiana de estos silencios forzados.

El informe Voces desplazadas es, en ese sentido, mucho más que una base de datos. Es un acto de denuncia y también una invitación a repensar nuestras democracias desde la protección de quienes nos permiten ver más allá de la propaganda oficial.

¿Qué papel juega Uruguay como núcleo de refugio profesional?

Aunque Uruguay no forma parte de los países de origen del exilio analizado en Voces desplazadas, ha emergido como destino relevante para periodistas venezolanos, nicaragüenses y cubanos que huyen de entornos autoritarios. La comunidad venezolana en Uruguay creció hasta alcanzar varias decenas de miles en los últimos años y se estima que muchos profesionales entre ellos enfrentan inserción laboral precaria.

Cerca del 40 % de los periodistas venezolanos exiliados permanecen en situación migratoria irregular, lo cual obstaculiza ejercer su profesión con normalidad

Políticas públicas y desafíos de inclusión profesional

El proyecto metropolitano para 2025‑2030 diseñada por Montevideo, Canelones y San José, con apoyo de la OIM y Canadá, plantea estrategias de inserción laboral e integración social centradas en poblaciones migrantes en general, incluyendo potencialmente profesionales de la comunicación.

Sin embargo, faltan mecanismos específicos para reconocimientos profesionales, regularización laboral y conexión entre periodistas desplazados y los medios locales.

Certificación de periodistas exiliados: Uruguay abre camino a través de INEFOP

Una de las respuestas más concretas del Estado uruguayo a la inserción laboral de periodistas extranjeros ha sido la participación en instancias de certificación de competencias profesionales promovidas por INEFOP a través del programa Uruguay Certifica, ejecutado en conjunto con UTU y otras instituciones educativas acreditadas por el Ministerio de Educación y Cultura

En 2023, INEFOP entregó diplomas a más de 300 personas que acreditaron competencias en perfiles como periodista, sonidista, iluminador y otros; se proyectaba llegar a 600 certificaciones al cierre del año

El perfil ocupacional "Periodista" exige al menos cinco años de experiencia laboral comprobable y evalúa áreas como prensa escrita, radio, televisión y medios digitales, con cobertura nacional e internacional

Algunos periodistas venezolanos exiliados han participado de estas instancias con el fin de obtener una certificación formal de su trayectoria profesional. Aunque no existen cifras oficiales desagregadas por nacionalidad, fuentes institucionales reconocen que dicho perfil —con las validaciones correspondientes— permite a profesionales desplazados regularizar su situación y abrir puertas laborales en medios locales o internacionales radicados en el país.

La certificación no exige revalidación de títulos universitarios extranjeros, sino un proceso de evaluación basado en evidencias del desempeño profesional, entrevistas, pruebas técnicas y posible simulacro laboral

Esto ha representado un mecanismo ágil y accesible, particularmente valioso para quienes llegaron al país sin documentación profesional homologada o con antecedentes laborales en contextos donde el ejercicio del periodismo era limitante o peligroso.

Algunos periodistas venezolanos exiliados han accedido a esta instancia, logrando un reconocimiento formal de su trayectoria laboral sin necesidad de homologar títulos extranjeros, y abriendo posibilidades reales de inserción en medios locales o iniciativas comunicacionales vinculadas a derechos humanos.

Esta experiencia demuestra cómo una política pública de certificación puede convertirse en una herramienta clave para recuperar identidad profesional y facilitar la continuidad del ejercicio periodístico fuera del país de origen.

Potencial para transformar el ecosistema informativo

La experiencia y compromiso de comunicadores exiliados —muchos formados en contextos donde persiguieron por informar— podría convertirse en un activo estratégico para enriquecer el periodismo uruguayo. Inspirarse en modelos como el programa de empleabilidad de RELPEX, que subsidia salarios para periodistas en exilio contratados por medios, permitiría transformar vulnerabilidad en resiliencia democrática.

En noviembre de 2024, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó oficialmente la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio (RELPEX), con el propósito de asistir a periodistas desplazados en su continuidad informativa y facilitar el intercambio entre colegas que operan desde el exilio

Esta iniciativa, financiada por la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y articulada con UNESCO, DW Akademie, IPLEX, entre otros actores, se consolidó en la plataforma periodismolibre.org a inicios de abril de 2025

Uno de los pilares más significativos de RELPEX es su programa de empleabilidad, diseñado para asegurar que hasta 10 periodistas exiliados sean contratados por medios en sus países de acogida durante el primer año

Los medios participantes reciben un subsidio de* USD 500 mensuales* por parte de RELPEX para completar el salario de estos profesionales

Según informes del primer año de operación (octubre 2024 hasta abril 2025), el programa logró que 10 periodistas fueran contratados oficialmente por medios en el exilio o nacionales en el país de residencia, principalmente provenientes de Venezuela, Nicaragua, Cuba, El Salvador, México y Ecuador

A pesar de que casi 200 periodistas forman parte de RELPEX, solo aproximadamente un tercio (∼66 personas) trabaja regularmente en medios, otro tercio contribuye esporádicamente, y el resto ha debido abandonar o suspender la actividad periodística.

La RELPEX, lanzada por la SIP con apoyo de NED y aliados como UNESCO, DW Akademie e IPLEX, está coordinada por la periodista salvadoreña Mariana Belloso, gestora de proyectos para medios en riesgo dentro de la SIP.

La supervisión institucional recae en una subcomisión interna presidida por Juan Lorenzo Holmann, exeditor de La Prensa de Nicaragua exiliado, lo que permite una mirada estratégica regional con respaldo institucional desde Miami y Costa Rica

La red está abierta a periodistas, editores y comunicadores que hayan sido desplazados por razón de su labor informativa, y en menos de un año congrega alrededor de 200 profesionales provenientes de Venezuela, Nicaragua, Cuba, El Salvador, México y Ecuador, muchos de los cuales residen hoy en España, Costa Rica o Estados Unidos.

Hacia una reflexión compartida

¿Puede haber democracia sin periodistas libres? ¿Qué responsabilidad tienen los Estados receptores, los organismos internacionales, las universidades y la ciudadanía frente a este desplazamiento forzado?

La respuesta no puede limitarse a la denuncia. Se requiere una acción colectiva, un compromiso transfronterizo con la libertad de prensa como bien público. En un continente donde informar se ha vuelto peligroso, cuidar a quienes informan es también defender nuestra dignidad democrática.

Porque cuando los periodistas son forzados al exilio, es la sociedad la que se queda sin espejo. Y sin espejo, toda democracia corre el riesgo de convertirse en simulacro.