
El Frente Amplio ha reiterado su rotundo rechazo a la firma del contrato para el Proyecto Arazatí, destacando que su viabilidad financiera y social es insostenible. A través de un comunicado emitido por su Mesa Política el lunes 27 de enero, el sector opositor expresó su preocupación por las implicaciones que este proyecto podría tener para OSE, la empresa pública encargada del suministro de agua en Uruguay.
Según los integrantes de la Mesa Política, el costo total del proyecto oscilaría entre 900 y 1.000 millones de dólares, que serían abonados en pagos anuales durante 17,5 años. Esta cifra representa un desafío significativo para una empresa que, con ingresos cercanos a los 550 millones de dólares, ya enfrenta compromisos previos por más de 400 millones destinados al saneamiento.
El comunicado también hace hincapié en que este acuerdo dejaría a OSE sin capacidad para llevar a cabo inversiones futuras esenciales en los 19 departamentos del país. A esto se suman interrogantes sobre la constitucionalidad del proyecto, específicamente en relación al Artículo 47 de la Constitución, lo que añade un elemento legal a la controversia.
El rechazo del Frente Amplio se produce en un contexto político en el que la administración saliente asume decisiones de gran envergadura, lo que genera un debate sobre la idoneidad de firmar un contrato de esta naturaleza en el tramo final de un gobierno.