El Senado aprobó de manera unánime el proyecto de ley que tipifica el enriquecimiento ilícito como delito para funcionarios públicos. La legislación establece penas de entre dieciocho meses y seis años de prisión para aquellos que, durante su mandato o hasta dos años después de dejar el cargo, presenten un incremento patrimonial significativo y no justificado en relación con sus ingresos legales.

Según el artículo único del proyecto, los funcionarios con la obligación de presentar declaración jurada de bienes e ingresos que obtengan indebidamente un aumento patrimonial significativo, ya sea directamente o a través de terceros, enfrentan penas que incluyen prisión, multas que van de 50 a 15.000 unidades reajustables (UR) y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un período de entre dos y cinco años.

El proyecto, aprobado por unanimidad con 22 votos a favor de los senadores presentes, ahora será revisado por la Cámara de Diputados. Además, introduce una modificación al artículo 159 del Código Penal para incorporar esta nueva figura delictiva.