La polémica en redes sociales sobre la atención sexual a personas con discapacidad volvió a instalar un debate complejo sobre derechos, autonomía y el rol del Estado. En ese contexto, Karina Núñez, activista por los derechos de las trabajadoras sexuales, explicó que la iniciativa no es reciente ni institucional.

“Esto nosotros lo venimos realizando desde el año 2012 y ha funcionado porque no se ha metido el Estado”, afirmó.Según relató, la práctica surge de una realidad concreta: la falta de espacios cuidados para que personas con discapacidad puedan vivir su sexualidad.

“El  único lugar que tienen las personas con discapacidad… es cuando los llevan a los prostíbulos o a las whiskerías”, señaló, remarcando que la asistencia sexual no es algo ajeno al trabajo sexual, sino una demanda histórica que existía sin marco ni formación.

El proceso de formalización comenzó cuando trabajadoras sexuales entraron en contacto con profesionales de la sexología y la educación sexual, lo que permitió conceptualizar y profundizar el trabajo.“Nos dimos cuenta que no era solamente el acto de llegar y tener una interacción sexual, que iba mucho más allá”, explicó Núñez.

A partir de esa experiencia, comenzaron a incorporar formación específica. La capacitación incluye conocimientos médicos y cuidados físicos:“Brindar un uso en el cual la otra persona esté cuidada implica otras cosas, como por ejemplo tener clases con fisioterapeutas y fisiatras”, detalló.

Incluso, subrayó la complejidad de algunas situaciones:“Hay personas que por la medicación pueden llegar a tener un paro cardíaco cuando llegan al orgasmo, entonces vos tenés que saber para que no se te muera ahí”, sostuvo.

Por qué surge la asistencia sexual

Lejos de reducirse a lo sexual, Núñez enfatizó que muchas demandas tienen que ver con el afecto, el contacto y la posibilidad de experimentar vínculos.“Nos encontrábamos con personas que nunca en la vida nadie los había besado… o hacía más de 15 años que nadie los abrazaba”, relató.

También cuestionó la idea de que todas las intervenciones sean sexuales en sentido estricto:“No todos necesitan sexo. A veces lo que hacemos es conversar con las familias”, explicó, señalando que en algunos casos el trabajo pasa por habilitar la autonomía o la masturbación sin culpa.

El rol de las familias y el consentimiento

Uno de los puntos más discutidos en redes fue el consentimiento. Núñez explicó que el proceso no es automático ni lineal, sino que implica varias instancias de evaluación y diálogo.“Se tienen dos instancias con la familia… y la tercera entrevista es con la familia y el médico tratante”, indicó.

En ese recorrido, no todas las situaciones avanzan. Algunas personas con discapacidad deciden continuar con el proceso, mientras que otras optan por no hacerlo, sin que eso implique ningún tipo de presión.

Además, la activista subrayó que el trabajo no se reduce a la prestación de un servicio sexual, sino que muchas veces implica acompañar a las familias en la comprensión de la sexualidad.“No todos necesitan sexo. A veces lo que hacemos es conversar con las mamás”, explicó, en referencia a situaciones donde el abordaje pasa por habilitar la autonomía, el deseo o prácticas como la masturbación sin culpa ni tabúes.

En esa línea, sostuvo que parte del proceso es ayudar a que el entorno entienda que las personas con discapacidad puedan vivir su sexualidad de forma plena:“Las personas que pueden decidir ir solas no necesitan que nadie apruebe… son mayores de edad”, afirmó, marcando la importancia de reconocer su autonomía más allá de la condición física. 

El Estado, en cuestión

En medio de las críticas, Núñez fue enfática al rechazar la idea de que se trate de una política estatal.“Es mucho más probable que si se mete el Estado, ponga un millón de pesos… y 76 opinólogos para autorizar a la persona con discapacidad a echarse un polvo”, ironizó.

Para la activista, la intervención estatal podría incluso limitar derechos:“Estamos judicializando el goce de la persona solo porque está con una diversidad funcional”, advirtió.

Respuesta a las críticas abolicionistas

El debate también reavivó tensiones dentro del feminismo. Núñez cuestionó con dureza las posturas abolicionistas que, según plantea, desconocen la experiencia y la autonomía de las trabajadoras sexuales.“La Constitución dice que nosotras somos trabajadoras. Ellas moralmente nos dicen que somos violadas”, sostuvo.

En esa línea, apuntó directamente a lo que considera una contradicción de fondo: que sectores que se presentan como emancipadores terminan negando la capacidad de decisión de las propias trabajadoras.“Ellas (las abolicionistas), moralmente, por encima de una norma constitucional, dicen que no somos sujetas válidas para saber qué es lo que hacemos con nuestros cuerpos”, afirmó. Para Núñez, este posicionamiento implica una forma de invalidación.

Además, planteó que el debate debería centrarse en las condiciones materiales de vida de quienes ejercen el trabajo sexual:“Si quieren abolir el trabajo sexual, generen 70 mil puestos de trabajo reales”, afirmó, marcando que la discusión no puede darse al margen de las condiciones económicas.

También criticó lo que considera una mirada distante o académica sobre la realidad del sector:“El máximo contacto que tuvieron con una trabajadora sexual fue para hacer su tesis”, sostuvo.

La discusión sobre sexualidad, discapacidad y trabajo sexual expone tensiones profundas: entre derechos individuales y estructuras de desigualdad, entre autonomía y explotación, entre políticas públicas y prácticas sociales existentes.

Mientras tanto, experiencias como la que describe Núñez ponen sobre la mesa una realidad que, hasta ahora, había permanecido en los márgenes del debate público.