El gobierno aspira a que las cooperativas sociales en poco tiempo se transformen en cooperativas de trabajo y compitan en licitaciones como cualquier empresa ante llamados que hagan organismos públicos.
Las cooperativas sociales se transformaron en herramientas para atender las situaciones de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica. En efecto, las primeras cooperativas estaban integradas por beneficiarios de programas de inserción laboral que implementó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en la primera administración del Frente Amplio (2005-2010).
Las mismas fueron creadas en 2006 mediante la Ley 17.078, luego constituyeron un capítulo específico en la Ley General de Cooperativismo, 18.407.

Según datos del MIDES, Uruguay tiene 478 cooperativas sociales que cuentan con 6.000 socios y ASSE, OSE, UTE, INEFOP, CEIP, Intendencias, Municipios contaban con sus servicios.
Preocupados por el pretendido cambio, en agosto de año pasado varias cooperativas (SEMAGE, CEMPAN y ARIES), fueron recibidas por la Comisión Especial de Cooperativismo, la que era presidida por el represente nacional, Gonzalo Mujica.

En el acta de la versión taquigráfica de dicha comisión;
Iliana Gandini, representante de SEMAGE dice: “Nuestra preocupación -que es la de todas las cooperativas sociales con las que hemos tenido contacto se debe a que sabemos que el gobierno pretende que las cooperativas sociales pasen a ser cooperativas de trabajo. En ese pasaje, nos preocupan varios aspectos, de los que queremos que tengan conocimiento. El primero y principal es que para los diferentes organismos que contratan a Semage, es decir el Estado, la Comuna Canaria, Formación Docente, UTU, creo que esto pasa con todas las cooperativas, el hecho de que pasemos a ser una cooperativa de trabajo implica especialmente en este marco económicamente complicado que no nos volverán a contratar, por lo que nos quedaríamos sin los puestos de trabajo. Entendemos que lo que establece la ley es cierto en cuanto a que debe haber un plazo y un crecimiento de la cooperativa en el que se pueda dar ese pasaje, pero nuestra preocupación es por los puestos de trabajo. Estamos hablando de muchos puestos de trabajo, ya que según los datos que da la Federación estos son nueve mil a nivel nacional, lo que no es poca cosa. Por tanto, nos interesaría que se estudiara el caso de cada cooperativa, puntualmente, para que se vea qué cooperativas tendrían la posibilidad de mantener sus puestos de trabajo y cuáles no, a fin de no seguir profundizando esta crisis que tenemos y tratar de quedar bien parados”.
“Las cooperativas sociales nacieron para sacar a las personas de situaciones de vulnerabilidad. La mayoría de nuestros compañeros y compañeras, es decir más del 80 % de los integrantes de cada cooperativa, estaba en situación de vulnerabilidad al momento de formar parte de la cooperativa. Si hoy perdieran ese puesto de trabajo volverían, o volveríamos a la misma situación de vulnerabilidad en la que estaban antes, y creo que por la realidad del país no podemos jugarnos a que pase eso. Las condiciones por las que se daría ese pasaje se deben a que somos cooperativas muy grandes, lo cual es cierto porque hay cooperativas sociales que tienen más de cien socios, pero también es verdad que hay muchas cooperativas que presupuestan y pagan solamente sueldos, es decir que por más que el número de facturación mensual o anual sea alto, tiene relación con lo que se trabaja, y la mayoría tiene que ver con mano de obra; no hay ganancias, excedentes, ni algún rubro que pueda darnos fuerza como para tener un fondo y hacer ese pasaje sin caer. Consideramos que, si a la mayoría de las cooperativas se nos presenta la obligación de pasar a ser cooperativas de trabajo, quedaríamos sin trabajo tanto por razones económicas, como por el hecho de que va a ser muy complicado que nos vuelvan a contratar, salvo algún organismo en especial”.

Roberto López, “Pertenezco a la cooperativa social Aries.
“Reivindicamos que, en este momento, se tenga en consideración lo que dicen las compañeras, ya que en su momento esto sirvió para darle una oportunidad, por ejemplo, a mi cooperativa de capacitarnos en una técnica que se estaba perdiendo, como es la del podador, lo que no solo nos permitió brindar a la Intendencia de Canelones servicios de poda y de áreas verdes, sino también seguir capacitándonos en otras áreas -construcción, electricidad, soldadura, etcétera- y formándonos como personas. Entonces, estamos en eso, y queremos seguir brindando una solución para el Estado y para la gente que vive de las cooperativas”
Al finalizar la reunión, el presidente de la comisión se comprometió a enviar la versión taquigráfica a INACOOP. 

En nota a La Diaria, Marisol Fuentes, de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU) dijo que hasta el momento no ha habido ninguna resolución oficial al respecto, “pero muchos organismos están atados” a ese requisito “para la renovación de contratos de las cooperativas”. El argumento del gobierno es que “la ley de creación de cooperativas sociales dice que estas fueron creadas para atender a la población vulnerable y que tienen facilidades para ser contratadas especialmente por el Estado, pero en el momento en que se verifique que la situación de vulnerabilidad de sus integrantes ha sido superada, deberían –en esos términos lo dice la ley– hacer la transición para convertirse en cooperativas de trabajo”. “No hay más que eso, una recomendación”, aclaró Fuentes. “Es muy traumático el cambio que se quiere hacer, porque requiere cambios paulatinos que se deben hacer con las propias cooperativas”, sostuvo.
“Solamente con OSE se consiguió una prórroga hasta junio de 2021 para ver cómo se van sorteando estas dificultades”, mientras que con los otros organismos se está viendo uno por uno”.

En las primeras semanas de marzo, integrantes del Consejo Directivo de FCPU estuvieron visitando a legisladores nacionales, para plantear la situación del movimiento cooperativo durante la pandemia y presentar una serie de propuestas para lo que se viene.
Entre esas propuestas estuvo la modificación de la ley de cooperativas, incluir al cooperativismo en las políticas de promoción de las PYMES, ajustar beneficios fiscales de BPS por el coronavirus, facilidades de pagos, créditos garantizado y acceso a fondos de inversión.

El representante nacional, Gabriel Otero fue unos de los visitados dado que fue, secretario general de la Federación de Cooperativas del Uruguay, tiene experiencia en el tema y además es integrante de la Comisión Especial de Cooperativismo del Poder Legislativo.
Consultado por el Portal de APU, Otero nos dijo, “hace un tiempo en la comisión le planteamos a INACOOP la preocupación de las cooperativas que se sentían presionadas por el cambio y la dificultad de acceder al trabajo”

“Según INACOOP, no iban a ser obligadas al cambio. Pero en realidad no se están renovando contratos. Solo OSE prorrogó hasta mitad del presente año"
“La preocupación de FCPU, obviamente es el trabajo”.

El próximo 1 de mayo asume la presidencia de la Comisión Especial, la representante nacional, Cecilia Bottino, con quién Otero se encuentra elaborando una serie de trabajos a presentar a la comisión a efectos de atender la situación de las cooperativas.
Seguiremos en el tema.