Hasta octubre de 2025 se registraron más de 35 mil denuncias por violencia doméstica y basada en género y 33 femicidios en el país. Aunque la cifra de asesinatos de mujeres muestra un leve descenso frente a años anteriores, los datos confirman que la violencia sigue siendo estructural y cotidiana.
Uruguay cerró gran parte de 2025 con cifras que reflejan la persistencia de la violencia de género como uno de los principales problemas sociales del país. Entre enero y octubre se contabilizaron 35.443 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados, lo que equivale a 117 denuncias por día, una cada 12 minutos, según datos del Ministerio del Interior
La mayoría de los episodios se producen en el ámbito de las relaciones de pareja o expareja, que concentran el 61 % de las denuncias, mientras que el 39 % restante corresponde a violencia ejercida por familiares. En los vínculos afectivo-sexuales, la violencia física es la más frecuente (42 %), seguida por la psicológica (30 %), la vicaria (14 %) y la digital (9 %). En el ámbito familiar, predomina la violencia psicológica, que supera el 56 % de los casos
En cuanto a los femicidios, hasta octubre se registraron 33 asesinatos de mujeres por violencia basada en género, lo que implica que una mujer fue asesinada cada 11 días. Si bien la cifra representa ocho casos menos que en 2024 y catorce menos que en 2023, los informes oficiales advierten que la reducción no alcanza para hablar de un cambio estructural y que la mayoría de los crímenes continúan ocurriendo en contextos de violencia íntima
El impacto de esta violencia se extiende más allá de las víctimas directas. En aproximadamente la mitad de los casos de femicidio se constató la presencia de niñas, niños o adolescentes en el entorno, y en 2025 también se registraron 2.578 denuncias por delitos sexuales, afectando principalmente a mujeres y a personas menores de 18 años
Durante la presentación de los datos, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las autoridades subrayaron que no se trata de “frías estadísticas”, sino de personas atravesando situaciones extremas. En ese contexto, se anunció la puesta en marcha del dispositivo Élida 360, una herramienta de emergencia en celulares para mujeres con medidas de protección vigentes, orientada a reforzar las garantías de cuidado cuando finaliza el uso de tobilleras electrónicas
El balance de 2025 muestra algunos avances en políticas de protección, pero también confirma que la violencia de género sigue siendo un fenómeno extendido, cotidiano y profundamente arraigado, que exige respuestas sostenidas, integrales y con perspectiva de derechos humanos.
Violencia vicaria: cuando el daño se ejerce a través de los hijos
El caso de Alfonsina y Francisco, asesinados por su padre Andrés Morosini en septiembre de este año, volvió a sacudir a la sociedad uruguaya y puso en el centro del debate a la violencia vicaria, una de las expresiones más extremas de la violencia basada en género. Horas antes del crimen, su madre, Micaela Ramos, había pedido ayuda públicamente tras denunciar que el hombre —sobre quien pesaba una orden judicial de restricción por violencia de género— había ingresado a su casa y se había llevado a los niños por la fuerza. Menos de 24 horas después, la Policía halló los cuerpos de los dos niños, de dos y seis años, y el del agresor dentro de un vehículo sumergido en un arroyo.
Fotografía de Meri Parrado - Fotoperiodismo APU
La Fiscalía fue categórica: se trató de un episodio de violencia vicaria, una forma de violencia que busca dañar a la mujer a través de sus hijas e hijos. Según la definición académica, se trata de una violencia desplazada, en la que el agresor utiliza a terceros —principalmente niños— como instrumento de castigo y control. En Uruguay, entre 2023 y 2025, 13 niños fueron asesinados por sus padres, de acuerdo con datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, revelados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
En este contexto, y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, anunció la realización de un estudio específico para medir la violencia vicaria en Uruguay, una modalidad que hasta ahora no cuenta con un registro sistemático. Xavier subrayó que casi 8 de cada 10 mujeres sufren violencia en algún momento de su vida y remarcó la urgencia de contar con datos rigurosos que permitan dimensionar todas sus formas.
El caso Morosini reabrió además el debate sobre la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza, aprobada en 2023, que establece que aun existiendo denuncias por violencia de género y medidas cautelares, el derecho de visitas puede mantenerse si el juez entiende que es “lo mejor para el niño”. Tras el crimen, organizaciones feministas y sectores del oficialismo reclamaron su revisión o derogación, mientras que legisladores opositores defendieron la norma y calificaron las críticas como “populismo irresponsable”.
El discurso de la sospecha y el mito de las falsas denuncias
Otra de las alertas que deja el balance de 2025 es el avance del discurso que pone en duda la credibilidad de las víctimas, un fenómeno que impacta directamente en el sistema judicial. Así lo advirtió la activista y referente feminista Andrea Tuana, quien señaló que se ha instalado con fuerza la idea de la “denuncia falsa”, promovida por sectores antiderechos y por los propios agresores.
“Se ha impuesto un discurso de sospecha sobre las mujeres que denuncian”, afirmó Tuana, y explicó que esto ha generado revinculaciones y visitas ordenadas de forma sistemática, aun cuando existen antecedentes de violencia. Según la especialista, el aumento de denuncias no implica necesariamente más casos, sino que las mujeres se animan más a pedir ayuda, en un contexto donde la violencia de género es reconocida socialmente como una vulneración de derechos humanos.
Tuana también remarcó que la falta de recursos y de especialización agrava el escenario: pericias realizadas en tiempos insuficientes, juzgados sin formación específica y una aplicación débil de la Ley 19.580 de violencia basada en género. Según datos de UNICEF citados por la activista, uno de cada tres niños en Uruguay sufre violencia emocional y uno de cada cuatro violencia física, mientras que el 80 % de las denuncias por delitos sexuales tiene como víctimas a niños, niñas o adolescentes. Para Tuana, el desafío es urgente y estructural: campañas masivas de concientización, incorporación de la perspectiva de género en todo el sistema educativo y una inversión real que permita garantizar justicia especializada y protección efectiva. “Un sistema no puede retraumatizar a un niño obligándolo a convivir con su agresor”, advirtió.
Ni una menos: una deuda que persiste
Las cifras de 2025 confirman que la violencia basada en género no es una suma de hechos aislados ni una estadística fría: es una trama persistente de desigualdades, omisiones y decisiones que cuestan vidas. Cada femicidio, cada niño asesinado en un contexto de violencia vicaria, cada mujer que denuncia y no es escuchada expone las fallas de un sistema que aún no logra anticiparse al daño. Detener esta violencia exige algo más que diagnósticos: requiere voluntad política sostenida, justicia especializada, recursos suficientes y una sociedad dispuesta a dejar de dudar de las víctimas. Porque mientras el debate se dilata, la violencia continúa. Y porque ninguna cifra puede normalizar lo intolerable: que en Uruguay, todavía, ser mujer o niña puede costar la vida.
