El presidente del PIT-CNT realizó un balance del año sindical, marcado por el cambio de gobierno, la discusión salarial y presupuestal, y una agenda de reformas estructurales que el movimiento obrero proyecta profundizar en 2026.

Activistas y organizaciones sociales impulsan un recurso jurídico contra el uso de tóxicos para el control de cotorras y advierten sobre riesgos graves para el ecosistema, el agua y la biodiversidad.

El fallo del juzgado de Fray Bentos probó las detenciones ilegales, las torturas y los abusos cometidos en 1980 y 1984, y marcó un precedente al reconocer estos hechos como crímenes de lesa humanidad.

Es el bien que está entre los menos extranjerizado en Uruguay, no obstante, sigue en aumento la despoblación en el campo una realidad que se evidencia en el cierre de escuelas.

El vicepresidente de OSE, Dr. Guillermo Caraballo, confirmó al portal APU.Uy el inicio de los trabajos de saneamiento en el departamento de Colonia y explicó el alcance del plan nacional, las dificultades de financiamiento heredadas y la necesidad de promover la conexión domiciliaria para garantizar la continuidad de las obras.

El MGAP avala métodos de exterminio crueles, margina al INBA y prioriza las demandas productivas del campo por encima del bienestar animal y la ética pública.

Hasta octubre de 2025 se registraron más de 35 mil denuncias por violencia doméstica y basada en género y 33 femicidios en el país. Aunque la cifra de asesinatos de mujeres muestra un leve descenso frente a años anteriores, los datos confirman que la violencia sigue siendo estructural y cotidiana.

El Juez Claudio de León asegura que fue una de las pocas veces que aceptó todo lo que solicitó la Fiscalía. Aún así el magistrado dijo estar “absolutamente convencido de que esos delitos que se cometieron, en esa época, con estas personas, fueron delitos de lesa humanidad” y en ese sentido estableció su fallo.

Durante la lectura de la sentencia por las torturas cometidas en San Javier durante la dictadura, el juez Claudio de León realizó un pedido público de disculpas en nombre del Estado uruguayo y calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad.
 

La Justicia condenó a nueve militares retirados por las torturas cometidas en San Javier durante la dictadura, en el marco del operativo montado en 1980 para sostener el régimen militar. El fallo fue dictado por el juez de Fray Bentos de primer turno, Claudio de León, y establece distintas penas de penitenciaría por privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves.