La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) denunció “decisión intempestiva e injustificada” por parte del intendente de Artigas, Emiliano Soravilla, y su secretaria general, Valentina Dos Santos, al cesar de su cargo al periodista Sergio Martínez, funcionario municipal, delegado sindical y referente del gremio en el departamento.
Martínez —con más de una década de desempeño en la comuna— fue notificado de su desvinculación sin que se le atribuyera causal ni existiera procedimiento administrativo alguno. Su caso se suma a lo que se perfila como una ola de despidos masivos en la Intendencia de Artigas, que ha generado malestar sindical, cuestionamientos políticos y creciente preocupación social.
“Estoy evaluando interponer un recurso ante esta decisión arbitraria. No hubo causa ni procedimiento claro. Es un atropello a los derechos laborales y a la libertad de expresión”, declaró Martínez al Portal APU.uy
Desvinculaciones sin explicación y denuncias de nepotismo
Según información extraoficial, cientos de trabajadores podrían ser cesados en las próximas semanas, tanto en la capital departamental como en localidades del oeste, particularmente en Bella Unión. Entre los afectados hay funcionarios con 15, 20 o hasta 25 años de antigüedad, sin sanciones ni sumarios.
En paralelo, se ha denunciado el ingreso reciente de nuevos funcionarios, algunos de ellos familiares directos de jerarcas de la actual administración del Partido Nacional, lo que ha encendido las alarmas sobre presunto clientelismo.
La administración justifica los ceses como parte de una “reorganización funcional”, pero desde el interior del gobierno departamental y sectores sindicales se asegura que no responden a un plan de racionalización del gasto, sino a una depuración arbitraria de la plantilla laboral con fines políticos.
APU alerta sobre vulneración de la libertad de prensa
En un comunicado emitido este miércoles 16 de julio, el Consejo Directivo Central de la APU expresó su “total rechazo” al cese de Martínez, destacando su trayectoria como comunicador y su rol como corresponsal de Canal 10 y VTV, además de su activa participación gremial como delegado ante el Plenario Departamental del PIT-CNT.
El CDC de APU denunció que Martínez había expuesto irregularidades administrativas en gestiones anteriores de la Intendencia —muchas de ellas bajo la responsabilidad de Valentina Dos Santos— y consideró su despido una represalia política y un ataque a la libertad de prensa. El gremio exhortó a las autoridades a revertir la medida de forma inmediata.
Autoridades cuestionadas y antecedentes judiciales
Valentina Dos Santos, actual secretaria general, ha sido investigada por usurpación de funciones y figura en causas vinculadas al lavado de activos y a irregularidades en el uso de fondos públicos. A pesar de ello, y de haber sido procesada en el marco de las investigaciones judiciales derivadas del caso de las horas extras, no fue inhabilitada para ejercer cargos, y fue reincorporada a la conducción política del departamento.
El caso ha encendido señales de alerta en torno a la transparencia institucional y el funcionamiento del sistema de controles internos en la administración pública.
Reacción sindical nacional: Se activa la Federación de Municipales
El dirigente Marcelo Da Col, referente de AEMBU, confirmó al portal APU.uy que ya ha sido activada la Federación Nacional de Municipales (FNM), la cual se pronunciará en las próximas horas sobre el caso de los trabajadores afectados.
Repercusiones políticas: ¿La Junta Departamental se pronunciará?
En las últimas horas, dirigentes departamentales de Cabildo Abierto y del Frente Amplio han manifestado en privado su preocupación por los ceses masivos y se mostraron proclives a solicitar el tratamiento del tema en la Junta Departamental de Artigas, aunque hasta el momento del cierre de esta nota no se conocían fechas ni plazos para tal acción.
No se descarta que se plantee la presencia del intendente Soravilla y de la secretaria general para que brinden las explicaciones correspondientes sobre el alcance, la legalidad y los criterios utilizados en la reorganización administrativa. Asimismo, señalaron que podría tratarse de violaciones al debido proceso laboral y posibles abusos de poder.
Clima de temor y resignación
Desde el interior de la estructura municipal, trabajadores consultados describen un ambiente de temor, autocensura y resignación, motivado por la falta de empleo en la región y la amenaza de despidos discrecionales.
“Hay miedo a hablar. La gente se calla para no perder el trabajo. Esta situación va más allá de lo económico: es una forma de disciplinamiento político”, sostuvo un funcionario afectado de Bella Unión, bajo condición de anonimato.
La situación que atraviesa la Intendencia de Artigas, con el despido del periodista Sergio Martínez y cientos de funcionarios más, revela una preocupante combinación de arbitrariedad administrativa, persecución política y retrocesos en materia de derechos laborales y libertad de expresión.
Con el conflicto escalando a nivel nacional por la activación de la Federación de Municipales, y con sectores políticos locales dispuestos a llevar el caso al ámbito institucional de la Junta Departamental, la presión sobre el Ejecutivo artiguense va en aumento.
