En una serie de reuniones bipartitas y tripartitas, la empresa BONIMAR S.A. (M24), APU y representantes de los trabajadores acordaron el pago de indemnizaciones para quienes facturaban como unipersonales y garantizaron la continuidad salarial y derechos laborales de los 29 empleados en planilla.
En el marco del conflicto generado por la desvinculación de trabajadores de M24, el pasado viernes se realizó una instancia bipartita entre el abogado de la empresa, APU y delegados del núcleo de base de la emisora. Allí se acordó que 12 trabajadores que facturaban como unipersonales accedieran a una “forma de liquidación” mediante un acuerdo transaccional, con el objetivo de que sus indemnizaciones fueran “lo más parecidas al caso de quienes todavía están en planilla”, según informó la delegación sindical.
A esto se sumó la reunión tripartita realizada en la Dirección Nacional de Trabajo y formalizada en el acta del lunes 1 de diciembre, donde la empresa ratificó el compromiso de abonar la totalidad de las liquidaciones por egreso, así como aguinaldos y haberes adeudados, a los trabajadores que dejaron de prestar tareas a partir del 24 de noviembre de 2025
Los pagos se instrumentarán mediante acuerdos transaccionales individuales, que luego serán homologados ante la Justicia laboral.
Asimismo, se confirmó que los 29 trabajadores en planilla continuarán percibiendo su salario, tal como ya se había convenido. “Van a cobrar el 31 de diciembre, porque les corren todos los derechos laborales como aguinaldo”, señaló Álvaro Pan Cruz, integrante del núcleo de base y secretario general de APU. Agregó que el 2 de enero recibirán “toda la liquidación de haberes por despido”.
Pan Cruz también valoró el desarrollo de las instancias de negociación, al afirmar que con este acuerdo “se culmina una etapa del conflicto”. Destacó que las conversaciones se desarrollaron con buen nivel de diálogo y entendimiento: “Funcionó bien, tuvimos buen diálogo y hubo entendimiento con el abogado de la empresa, que fue la única cara visible en la bipartita y en el Ministerio. Esta parte del conflicto fue satisfactoria”, sostuvo.
APU en estado de alerta
El 22 de noviembre, APU había advertido públicamente su estado de alerta ante la falta de claridad del proceso de venta, destacando posibles riesgos vinculados a la transferencia de la onda a capitales extranjeros mediante testaferros, lo que violaría la legislación vigente sobre medios de comunicación.
El comunicado subrayaba además la necesidad de transparencia y de respeto irrestricto a los derechos laborales, insistiendo en la importancia de que el Estado garantice la preservación del espectro radioeléctrico como recurso estratégico del país.
