Se trata de la Joven de iniciales M.C, madre jefa de hogar, con 32 años de edad y con 4 hijos menores  a su  cargo, que está cursando un embarazo de riesgo de 16 semanas y que padece enfermedad neurodegenerativa, como lo es la Esclerosis Múltiple.

Cómo tantos uruguayas y uruguayos, esta joven madre se atrasó con la cuota de la cooperativa donde vive, generando una deuda importante. La  situación comenzó,  según nos relató,  a fines del 2019, cuando se quedaron sin trabajo ella y en ese entonces su ex pareja, quien ejercía violencia doméstica y que hoy tiene una tobillera por tal motivo. Al poco tiempo se instaló la pandemia, por lo que la situación se le tornó más difícil, generando más deuda de capital a lo que se sumó multas, recargos y  el pago de 60 Unidades Reajustables (UR) correspondientes al arancel de la abogada de la cooperativa, deuda que al día de hoy asciende a  más de 400 mil Pesos Uruguayos.

Por esta situación  financiera la cooperativa le inició un juicio de desalojo,  fijándose la fecha de  ejecución el  pasado  16 de diciembre del 2022.  Ante esta situación, M.C, se contactó con la  Comisión Barrial de  derecho a la ciudad, que lucha por la recuperación de los espacios públicos  y  contra  los desalojos, a efectos de buscar ayuda y evitar  así quedarse en la calle.

En dialogo con Portal APU.uy, Gerardo Suarez y Martina Berruti , integrantes de la mencionada organización, dijeron que ni bien tomaron conocimiento del tema, movilizaron a los abogados logrando una prorroga hasta el Jueves 2 de febrero del 2023.

Contando con esos días de tiempo,  Berruti nos señaló que la comisión inicio una serie de contactos  con  FUCVAM y con los directivos de la cooperativa COVIMT12 a FIN de buscar una solución y acercar a las partes y, de esa forma, evitar que la familia quedara en la calle. Entre tanto integrantes de dicha comisión la acompañaron al Ministerio de Vivienda para que pudiera ampararse al subsidio de la cuota previsto en la Ley, pero según le informaron  en el  Ministerio la Cooperativa no está debidamente regularizada, por lo que M.C no pudo amparase al beneficio que le correspondía en dicha ley.

Si bien en la Ley de Cooperativas de Vivienda existe el llamado Fondo Nacional de Socorro, y el mismo está previsto para atender este tipo de situaciones, Suárez explicó que la Cooperativa tampoco cuenta con ése fondo ni con ninguna otra alternativa, acortándose de esta forma las posibilidades de solución.

El jueves pasado tras cumplirse la fecha de desalojo, el dirigente explicó al Portal APU.uy que, tras  una nueva intervención de los abogados, se logró una última prórroga prevista para  el próximo 16 de febrero del 2023.  Agregó que M.C junto con el área jurídica de la organización elaboraron  una nueva propuesta para regularizar la deuda que mantiene con la cooperativa a efectos de alcanzar un acuerdo que evite que la joven madre quede sin su vivienda. Por tal motivo ahora la decisión está en manos de la cooperativa que deberá considerar si acepta o no la nueva propuesta de pago.

Desde este medio intentamos comunicarnos con la actual presidenta de COVIMT12, que declinó brindar declaraciones al respecto.