La migración venezolana es hoy una de las más significativas del mundo. Más de 7,7 millones de personas han salido de Venezuela, y alrededor de 6,5 millones permanecen en países de América Latina y el Caribe. En este contexto, la educación superior representa mucho más que una meta académica: es un derecho fundamental y una herramienta clave para la integración social, económica y cultural.

Conscientes de esta urgencia, la UNESCO, a través del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), desarrolló un informe que mapea las rutas, desafíos y oportunidades que existen para que las personas migrantes y refugiadas venezolanas puedan acceder a estudios universitarios en la región.

El documento abarca los marcos normativos, políticas públicas e iniciativas de apoyo en siete países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

Barreras visibles e invisibles

El informe, publicado en julio de 2025 tras una investigación desarrollada entre junio y diciembre de 2024, identifica una serie de obstáculos que impiden o dificultan el ingreso de la población venezolana al sistema de educación superior. Entre ellos, destaca el proceso de reconocimiento y revalidación de títulos. Aunque existen mecanismos para validar estudios previos, estos suelen ser costosos, engorrosos y técnicamente complejos. La falta de homologación entre sistemas educativos, sumada a la descentralización de estos trámites, genera incertidumbre y, en muchos casos, abandono del proceso.

Otro punto crítico es el acceso a financiamiento. Si bien en algunos países existen becas y programas de ayuda, muchas veces estos no contemplan a personas en situación migratoria irregular o requieren documentación difícil de obtener. Además, los procedimientos migratorios y administrativos suelen ser lentos y burocráticos, lo que afecta la continuidad de los estudios y genera desánimo entre quienes desean reinsertarse en la vida académica.

Buenas prácticas que abren caminos

A pesar de las barreras, el informe también destaca iniciativas positivas que pueden replicarse. En varios países se han implementado políticas para simplificar la convalidación de títulos, ampliar la inclusión en programas de becas y facilitar el acceso a la documentación requerida. Asimismo, se subraya la importancia de las alianzas entre universidades, organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para generar respuestas coordinadas y sostenibles.

Un ejemplo son los programas de orientación académica y mentoría implementados por algunas universidades, así como las redes de apoyo comunitario que ayudan a resolver trámites, brindar contención y facilitar la adaptación al entorno educativo.

Propuestas para una integración real

La UNESCO-IESALC propone una hoja de ruta con cinco ejes prioritarios: armonización de los marcos legales entre países para reconocer estudios previos; simplificación y abaratamiento de los trámites de revalidación; políticas migratorias estables que garanticen continuidad académica; acceso equitativo al financiamiento; y fortalecimiento de las redes de colaboración regional.

Estas rutas no solo permitirían a miles de personas continuar su formación, sino que contribuirían al desarrollo humano y económico de los países de acogida, generando inclusión, movilidad social y cohesión comunitaria.

Un mensaje desde la región para el mundo

Los hallazgos del informe fueron presentados el 31 de marzo de 2025 durante el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, en Santiago de Chile. Allí, representantes de gobiernos, instituciones educativas y organismos multilaterales coincidieron en la necesidad de transformar esta crisis en una oportunidad regional para consolidar un sistema educativo más justo, inclusivo y resiliente.

Invertir en educación migrante es invertir en el futuro

El acceso a la educación superior no debe ser un privilegio condicionado por el país de origen, el estatus migratorio o la capacidad económica. Es un derecho humano que debe ser garantizado con voluntad política, cooperación internacional y marcos normativos adecuados.

La migración venezolana ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas educativos en América Latina. Pero también ha revelado el potencial transformador de una región que, con decisión y solidaridad, puede convertirse en un referente global en inclusión educativa.

Tal como plantea la UNESCO, garantizar el derecho a la educación superior para personas refugiadas y migrantes no solo es una respuesta a la emergencia. Es una apuesta por sociedades más equitativas, diversas y cohesionadas.

Acceda al informe completo AQUI