Durante más de cuarenta años, San Javier fue un nombre asociado al silencio. Un pueblo pequeño, de raíces rusas, marcado por la sospecha, el miedo y una violencia estatal que durante décadas fue negada, relativizada o directamente ocultada. La sentencia dictada en Fray Bentos por los crímenes cometidos en 1980 y 1984 no sólo impuso penas a nueve militares retirados: estableció una verdad histórica y jurídica que resignifica el pasado reciente del Uruguay.

El fallo del juez Claudio de León, que condenó a nueve militares por privación de libertad, lesiones graves y abuso de autoridad contra detenidos, reconoció expresamente que los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad y rechazó de forma contundente cualquier justificación basada en obediencia debida o contexto político. Por primera vez, además, la Justicia uruguaya formuló un pedido explícito de disculpas del Estado a las víctimas, un gesto de enorme peso simbólico en materia de derechos humanos.

María Zavalkin: la memoria que nunca se rindió

María Zavalkin, viuda del médico Vladimir Roslik, escuchó la sentencia después de una espera que atravesó generaciones. Cuando Roslik fue asesinado bajo tortura en abril de 1984, ella quedó sola frente a un aparato estatal decidido a mentir. La autopsia oficial fue falsificada, el relato público fue manipulado y el miedo dominaba cada rincón del pueblo.

En plena dictadura, Zavalkin hizo lo impensable: se llevó el cuerpo de su esposo para exigir una segunda autopsia. Lo hizo sabiendo el riesgo que implicaba, trasladando el cadáver, consiguiendo que cinco médicos firmaran un informe verdadero. Décadas después, ella misma lo resume con crudeza: “Cuando me robé el cadáver de Vladimir para lograr la verdad”.

Su testimonio no se limita al dolor personal. Habla de una vida atravesada por la pérdida, el exilio interno, la enfermedad y la necesidad de reinventarse. Transformó el duelo en acción colectiva: impulsó una policlínica, un CAIF, una fundación, espacios de cuidado para niños y adultos mayores. “Resaltar la memoria a través de la solidaridad”, define.

El día de la sentencia, Zavalkin habló de paz. No de olvido, sino de cierre. Destacó especialmente que jóvenes que en los años 80 eran adolescentes se animaran a declarar por primera vez. Para ella, ese gesto representa la derrota definitiva del terror. “Aunque perdiéramos el juicio, esto ya valía la pena”, dijo. No lo perdieron: los nueve fueron condenados.

Guillermo Levratto: la reparación de un pueblo estigmatizado

El intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, siguió el juicio desde el primer día. Para él, la sentencia tiene una dimensión que excede lo penal: es un acto de reparación histórica para San Javier.

Durante la dictadura, el pueblo fue señalado como enclave ideológicamente peligroso por su origen ruso. Esa estigmatización habilitó allanamientos, detenciones arbitrarias y torturas. El fallo, sostuvo Levratto, confirma judicialmente que existió terrorismo de Estado y que la represión fue ejercida contra una comunidad entera.

Desde una perspectiva de derechos humanos, remarcó el valor del acceso público a la información a traves de las transmisiones realizadas por el PortalAPU.uy y la importancia de que el Estado reconozca el daño causado. 

El periodismo frente al miedo: la investigación que rompió el cerco

La causa San Javier no puede entenderse sin el rol del periodismo. En plena dictadura, cuando los medios estaban amordazados, el semanario Jaque llevó adelante una investigación que hizo historia. Nadie quería hablar. Nadie podía hablar.

La única voz persistente era la de María Zavalkin. Cuando los periodistas entendieron la magnitud de su coraje (la segunda autopsia, las denuncias, el contacto con organismos internacionales) decidieron ir al territorio. Lo hicieron en un contexto de extrema violencia, con atentados, amenazas y un clima social asfixiante.

En San Javier encontraron un muro de silencio. Hasta que lograron entrevistar, en un ámbito rural y aislado, a uno de los médicos que había participado en la autopsia real. Un hombre mayor, paralizado por el miedo, que sólo pudo asentir o negar con la cabeza durante largos minutos. Hasta que, al escuchar la frase “lo reventaron a patadas”, dijo por primera vez: “sí”.

Ese testimonio permitió confirmar lo que el Estado negaba: Vladimir Roslik fue brutalmente torturado. Fue utilizado como “ejemplo”, golpeado por turnos en una sala donde más de diez hombres participaban del tormento. La publicación generó amenazas, presión y miedo, pero a las pocas horas fue replicada dentro y fuera del país. El cerco se había roto.

Ricardo Perciballe: la verdad probada en sede judicial

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, calificó la jornada como histórica. No sólo por las condenas, sino por el contenido de la sentencia. “Es la primera vez que vemos expresiones de esta magnitud”, afirmó, en referencia al reconocimiento del terrorismo de Estado y al pedido de disculpas institucional.

Perciballe destacó que quedó probado, de forma fehaciente, qué ocurrió y quiénes fueron responsables. La situación de Roslik fue central: se probó que las torturas aplicadas eran capaces de provocar la muerte y que él fue víctima tanto en 1980 como en 1984. Declaraciones de testigos, pericias caligráficas y evidencia documental demostraron que incluso su firma en un acta de interrogatorio había sido adulterada.

Aunque el homicidio no pudo ser juzgado, la presencia de Roslik atravesó todo el proceso como símbolo y prueba de la brutalidad del sistema represivo. Para el fiscal, la sentencia es sólida y fundada, y confía en que será confirmada en las instancias superiores.

Ernesto Agazzi: cuando el Estado pide perdón

El exministro Ernesto Agazzi, también víctima de la represión en San Javier, puso el foco en una frase clave del juez: “La decisión no la tomó la Justicia, la tomaron quienes cometieron los delitos”. Para Agazzi, el fallo fue ejemplar desde el punto de vista jurídico y ético.

Destacó especialmente el pedido de disculpas del Estado. “Por primera vez alguien reconoce que fue todo el Estado el que hizo esto”, señaló. No habló de venganza ni de satisfacción por las penas, sino de la importancia de que se reconozca públicamente que hubo tortura y terrorismo de Estado, frente a décadas de negacionismo.

Agazzi subrayó el valor pedagógico del fallo: para “Juan Pueblo”, dijo, lo importante es que quede claro que lo que ocurrió fue real. Que no fue exageración ni propaganda. Que existió y que hoy está probado.

Un fallo histórico

La defensa anunció que apelará la sentencia. El proceso continuará en el Tribunal de Apelaciones y eventualmente en la Suprema Corte de Justicia. Pero más allá de los tiempos judiciales, algo ya cambió de manera irreversible.

San Javier dejó de ser un susurro incómodo del pasado para convertirse en un caso paradigmático de memoria, verdad y justicia. La Justicia uruguaya afirmó que la tortura es un crimen imprescriptible, que no hay contexto que la legitime y que en democracia nadie está por encima de la ley.

Cuarenta años después, el Estado reconoció su responsabilidad. Para muchas víctimas, ese reconocimiento no borra el dolor, pero abre la puerta a una paz largamente postergada. No como olvido, sino como verdad dicha en voz alta.