Según información proporcionada a Portal APU.uy, una oficina de inteligencia paralela e ilegal habría operado dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Uruguay entre 2021 y 2023, según denunció el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) ante el Ministerio del Interior.

Se trata de la Oficina de Información Táctica (OIT), creada por resolución 555/2021 durante la gestión de Luis Mendoza como director del INR, y que fue dirigida por Carlos Taroco, exjerarca condenado por espionaje y estafa procesal en el caso del exsenador Gustavo Penadés.

La OIT funcionaba, según documentos oficiales, con el objetivo de “recolectar, registrar y analizar información táctica” sobre el ingreso de drogas y elementos ilícitos en cárceles. Sin embargo, un informe jurídico del estudio Delpiazzo, entregado como parte de la denuncia, sostiene que su creación violó leyes nacionales y excedió las competencias legales del INR.

La OIT habría operado con funciones propias de organismos policiales y de inteligencia sin respaldo legal ni control judicial.

El caso ha generado un fuerte impacto político e institucional. Mario Layera, director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE), declaró que la OIT “no forma parte ni de la SIEE ni de la Dirección Nacional de la Policía”, calificando su existencia como “paralela e irregular”.

Sitrapen anunció que ampliará su denuncia ante la Fiscalía el próximo 2 de septiembre, bajo representación del abogado Juan Ceretta, y solicitó formalmente al Parlamento la creación de una comisión investigadora.

Según el sindicato, se utilizó esta estructura para realizar espionaje ilegal contra trabajadores penitenciarios y víctimas de abusos, en particular en la causa Penadés. Documentos judiciales sostienen que Taroco organizó maniobras de seguimiento, recopilación de información personal y manipulación de internos para construir relatos falsos a favor del exsenador imputado.

El informe jurídico remitido por Sitrapen señala que la existencia de la OIT vulnera:

• La ley 18.719, que regula al INR y no le asigna funciones de inteligencia.
• La ley 19.670, que reserva esas tareas a unidades como la UIAP.
• El artículo 7 de la ley 19.696, que prohíbe a órganos de inteligencia cumplir funciones policiales sin orden judicial.

Además, alerta sobre la colisión entre la OIT y la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario (UIAP), dependencia formal del Ministerio del Interior con atribuciones específicas, lo que genera un doble comando sin fiscalización democrática.

En una artículo de Caras y Caretas del 6 de julio de 2025, se informa que el Ministerio del Interior reconoció oficialmente la existencia de la Oficina de Información Táctica (OIT), precisando que llegó a contar con un máximo de 9 funcionarios (escalafones L y S del INR, algunos de escala superior) y detallando su estructura jerárquica. Se informó que la dirección de la OIT pasó a manos del comisario José Martínez tras la salida de Taroco en 2023, aunque la resolución que la creó aún sigue vigente.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el caso es considerado de alta gravedad. El sindicato afirma que la utilización de recursos estatales para vigilar a funcionarios, víctimas de delitos o denunciantes representa una amenaza directa al ejercicio de la libertad sindical y a la integridad institucional del sistema penitenciario uruguayo.

La dimensión de la situación es amplia. Además de la denuncia nacional, Sitrapen prepara una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por negativa institucional a inspecciones laborales dentro de cárceles y condiciones insalubres.

El sistema político aún no ha reaccionado con medidas correctivas. Mientras la comisión investigadora no ha sido constituida, la resolución 555/2021 sigue vigente, lo que permitiría que una oficina como la OIT vuelva a activarse en cualquier momento, sin controles ni auditorías externas.

La denuncia visibiliza un modelo de inteligencia carcelaria que, lejos de estar regulado, operó de forma opaca, bajo la dirección de un jerarca posteriormente condenado, con efectos colaterales sobre el sistema judicial, los derechos laborales y la institucionalidad democrática.