Un informe técnico presentado este martes reveló graves deficiencias de seguridad, higiene y organización, mientras los trabajadores penitenciarios advierten que el Estado no reconoce la insalubridad de sus condiciones laborales ni ofrece respuestas tras las muertes que suceden bajo custodia.
El estudio elaborado por una ingeniera prevencionista documentó riesgos múltiples: agresiones físicas, exposición a agentes biológicos y químicos, iluminación deficiente, ruido, estrés térmico, sobrecarga laboral y altos niveles de desgaste psicosocial. “El trabajo penitenciario es insalubre y no está reconocido como tal. Nadie lo duda ya”, afirmaron Julio Boffano, presidente del núcleo sindical de la Unidad 5 y Sandra Pereira, secretaria general de OFUCIPE
La situación, denuncian, no es nueva. La precariedad edilicia y organizativa viene siendo advertida desde hace años por trabajadores y especialistas, pero no ha habido asignación de recursos suficientes para revertirla.
El caso que encendió las alarmas
La muerte de una reclusa el pasado domingo y el fallecimiento de Liliana Serdeña, ocurrido en su puesto de trabajo, ejemplifican la magnitud del problema. La funcionaria sufrió un aneurisma tras presentar síntomas de malestar. Según sus compañeros, las condiciones laborales agravaron el cuadro. “La sobrecarga, el espacio físico lamentable de las guardias y el estrés extremo pudieron contribuir a su fallecimiento”, subrayaron los voceros sindicales en diálogo con Portal APU.uy
Los sindicatos reclaman que se reconozca formalmente la insalubridad del trabajo, se otorgue seguro de vida al personal y se revisen las condiciones de seguridad en todas las cárceles del país.
Silencio oficial y fractura política
Pese a la gravedad del hecho y a la exposición pública del informe, los trabajadores afirman no haber recibido respuestas oficiales. “Lo que sabemos es porque trabajamos allí, hablamos con los compañeros de ASSE y con las propias internas. De las autoridades, nada”, denunciaron integrantes de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE) a Portal APU.uy
En el plano político, la oposición ha mostrado mayor receptividad a los reclamos, mientras que desde el oficialismo no se han asumido compromisos concretos. El presupuesto quinquenal, según los trabajadores, no contempla recursos suficientes para atender la emergencia penitenciaria.
“El sistema penitenciario fue anunciado como prioridad del gobierno, pero no vemos ni los recursos ni cambios en la gestión. Sigue prevaleciendo la lógica del encierro y no la de reinserción social”, sostuvieron los dirigentes gremiales.
Movilización frente al Parlamento
Como medida de protesta, los trabajadores instalaron una carpa frente al Palacio Legislativo. Allí buscan visibilizar la situación, presionar a los legisladores durante la discusión presupuestal y convocar a la ciudadanía a sumarse al reclamo. “Queremos que vean la realidad que vivimos todos los días. No es lo mismo una visita oficial que estar las 24 horas en la cárcel”, advirtieron Boffano y Pereira.
El espacio funciona como punto de encuentro, denuncia y resistencia. También pretende contrarrestar la desafección política que, según el sindicato, afecta a muchos funcionarios: “Cuando sienten que nada va a cambiar porque todos los políticos son iguales, se daña la salud laboral y también la democracia”.
Coordinación sindical y agenda futura
Los trabajadores proyectan sostener la agenda de reclamos mediante la coordinación con otros gremios nucleados en COFE. Su objetivo es que la emergencia carcelaria sea considerada un problema nacional de seguridad y derechos humanos, y no un asunto sectorial.
“La coordinación con otros sindicatos es fundamental para fortalecer el movimiento y lograr incidencia real en las decisiones políticas y presupuestarias”, señalaron
Una deuda con la democracia
La denuncia sindical va más allá de la defensa laboral: interpela directamente a la capacidad del Estado de garantizar derechos humanos en los márgenes de la sociedad. Un sistema penitenciario centrado en el castigo y la desatención reproduce violencia estructural y debilita la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
La pregunta de fondo es si Uruguay puede sostener un modelo penitenciario que garantice dignidad para funcionarios y reclusas, y a la vez contribuya a la seguridad social. Hasta ahora, las voces de los trabajadores parecen resonar en soledad frente a un muro de indiferencia oficial.
