De acuerdo a la información recabada por Portal APU.uy en dicha instancia se debatirán los límites entre desarrollo energético, protección ambiental y derechos humanos.

En una coyuntura que trasciende lo técnico y se instala de lleno en el terreno político, ambiental y de derechos humanos, Uruguay celebrará una audiencia judicial pública que puede marcar un punto de inflexión en su estrategia energética.

Convocada por el Juzgado Civil de 17° Turno, la instancia —abierta al público— se desarrollará a las 15:30 horas en la sede judicial ubicada en Pasaje de los Derechos Humanos 1309. Allí se analizará el recurso de amparo colectivo admitido por la Justicia contra las actividades de exploración petrolera en aguas uruguayas.

El proceso enfrenta, por un lado, al Estado y a empresas vinculadas a la prospección sísmica offshore, y por otro, a una articulación creciente de actores sociales, académicos y gremiales que cuestionan los impactos potenciales de estas operaciones.

La discusión no es menor: la exploración sísmica, fase preliminar en la búsqueda de hidrocarburos, implica intervenciones acústicas de alta intensidad que, según evidencia científica, pueden alterar ecosistemas marinos y afectar directamente la actividad pesquera.

La dimensión del conflicto se amplifica con la intervención de organismos de derechos humanos, que han advertido sobre riesgos ambientales significativos y eventuales vulneraciones a compromisos internacionales asumidos por el país en materia de protección ambiental.

Más allá del expediente judicial, la audiencia instala una pregunta de fondo que tensiona el debate público: ¿hasta dónde puede avanzar Uruguay en la exploración de combustibles fósiles sin comprometer su equilibrio ambiental, su economía marítima y su posicionamiento internacional como país alineado con estándares de sostenibilidad?

Organizaciones vinculadas a la industria pesquera y activistas ambientales han alzado su voz con relación al impacto ambiental en el mar ya que la sísmica marina pone en riesgo la biodiversidad, especialmente la fauna marina, mamíferos, tortugas y aves, advierten organizaciones como SO.CO.BIO.MA.

Por otro lado, alrededor del 30% de la población uruguaya se opone a la exploración. La falta de transparencia y el temor a que los contratos sean "secretos" han impulsado movimientos sociales que buscan frenar estas actividades, incluso por vías judiciales.

El modelo de desarrollo abre un debate que enfrenta a quienes ven el petróleo como un motor de desarrollo contra quienes priorizan la transición energética y la protección del ecosistema, señalando que la prospección podría alterar la imagen de país sostenible.

En paralelo se advierte que la inversión en prospección puede ser alta y no garantizar el éxito de encontrar petróleo explotable, además de los riesgos financieros de daños ambientales.

En resumen, Uruguay vive un momento crucial donde se contrapone la "esperanza" de un gran hallazgo económico con el "miedo" a las consecuencias ambientales y a la alteración de su matriz ecológica y productiva actual.

Adicionalmente el martes 14 de abril en la Facultad de Comunicación e información se estará llevando a cabo una instancia de diálogo con periodistas ambientales, según informaron desde la plataforma ambientalista VitaminaSea,