Hace pocos días en Uruguay, una delegación de familiares de presos por crímenes de lesa humanidad autodenominados "presos políticos", tuvo una audiencia virtual -de rutina- con el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Uruguay, y la asesora en derechos humanos, la cual fue amplificada por algunos medios uruguayos reiterando términos polémicos.

El fallo judicial dice: "(...) en atención a los Derechos Humanos Fundamentales, existiendo menores de edad en estas familias, otorgase a los formalizados un plazo de quince días para abandonar la finca sobre las cuales recayó la Usurpación".

La Ley de Urgente Consideración (LUC) cambió algunas pautas de comportamiento policial y los Defensores de Oficio han detectado situaciones preocupantes que afectan a la población más vulnerable. Además, la Asociación de los Defensores de Oficio del Uruguay (ADEPU) se muestra preocupada por los escasos recursos con que cuenta.