La jueza Ana Claudia Ruibal decidió cerrar la causa contra siete manifestantes de las cientos de personas que el 15 de febrero de 2013 ingresaron al edificio de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, para evitar el traslado de la jueza Mariana Mota, quien en ese presente investigaba delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

Más de 100 casos de crímenes de lesa humanidad podrían ser suspendidos por un recurso presentado por el equipo de abogados del Centro Militar. Hasta el momento son unos 20 los casos detenidos que podrían pasar a la órbita de la Suprema Corte de Justicia. El fiscal especializado, Ricardo Perciballe, alertó que "incluso lo pueden presentar en las causas en las que hay condena”.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) firmó con la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), un acuerdo que permite trasmitir, vía streaming, aquellos juicios que se consideren de interés público y periodístico

Duraznenses marcharon en repudio a los hechos de Violencia de Genero y en apoyo a Maiza.

El Dr. López Goldaracena trabajó silenciosamente, durante años, en una publicación que no tiene antecedentes: el Diccionario Jurídico Popular para que la población en general pueda evacuar desde las dudas más sencillas hasta las que no lo son.

El viernes 30 de setiembre se hizo la presentación de la próxima visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sesionará en Montevideo, Colonia y Punta del Este.

"El Uruguay de los dos Exterminios" es un trabajo diferente que conjuga la mirada sobre la población indígena uruguaya con la presencia gauchesca, pero también es peculiar porque lo hace a través de un, poco frecuente, relato jurídico y literario de Ramiro Castro.

Hace pocos días en Uruguay, una delegación de familiares de presos por crímenes de lesa humanidad autodenominados "presos políticos", tuvo una audiencia virtual -de rutina- con el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Uruguay, y la asesora en derechos humanos, la cual fue amplificada por algunos medios uruguayos reiterando términos polémicos.

El fallo judicial dice: "(...) en atención a los Derechos Humanos Fundamentales, existiendo menores de edad en estas familias, otorgase a los formalizados un plazo de quince días para abandonar la finca sobre las cuales recayó la Usurpación".

La Ley de Urgente Consideración (LUC) cambió algunas pautas de comportamiento policial y los Defensores de Oficio han detectado situaciones preocupantes que afectan a la población más vulnerable. Además, la Asociación de los Defensores de Oficio del Uruguay (ADEPU) se muestra preocupada por los escasos recursos con que cuenta.