1. RESUMEN EJECUTIVO

Desde que el presidente Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe militar el 28 de junio de 2009, después de que opositores encabezados por Roberto Micheletti lo acusaron de tratar de cambiar la constitución para permitir la reelección presidencial, Honduras se ha hundido en la peor crisis política que Centroamérica ha visto en años.

Del 1 al 7 de noviembre de 2009, una misión para la libertad de prensa y expresión – compuesta por siete organizaciones internacionales – visitó Honduras para analizar la situación de los periodistas y los medios de comunicación en este país.

La Misión Internacional encontró que los principales obstáculos para el ejercicio periodístico libre en Honduras son:

·    La corrupción entrelazada entre los poderes mediáticos, los funcionarios políticos, los periodistas y los poderes públicos y privados

·    Un estado elevado de inseguridad y de autocensura promovido por una “guerra mediática” entre los medios de comunicación.

La libertad de prensa en Honduras se ejerce en un entorno adverso y en condiciones de inseguridad. Esta situación no es nueva, sin embargo, la crisis política desencadenada el 28 de junio ha venido a recrudecer las amenazas y riesgo que enfrentan quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación. Las múltiples presiones provenientes de las dos partes del conflicto político para influenciar las líneas editoriales, incluyendo agresiones físicas a trabajadores y trabajadoras, son la característica distintiva del escenario prevaleciente para la prensa en Honduras.

La crisis que irrumpió en junio del año pasado tiene sus orígenes en las divisiones políticas y sociales más profundas que existen en Honduras desde hace tiempo. Dichas divisiones han inhabilitado las casas mediáticas de todas las filiaciones políticas. Durante la crisis que explotó a finales de junio, periodistas y editores de todo el espectro político se enfrentaban a desafíos interrelacionados sobre cuestiones de seguridad y censura.

La Misión pudo recoger testimonios que dan cuenta de un cúmulo de situaciones y actos que producen un contexto de incertidumbre, el cual se traduce en violaciones directas e indirectas de los derechos humanos de quienes ejercen la libertad de prensa y el derecho a comunicar. Al menos 127 casos de violaciones a la libre expresión se registraron entre junio y noviembre del año pasado.

La censura de ciertos medios de comunicación a partir de finales de junio ha continuado después de las elecciones del 29 de noviembre. Los medios de comunicación han tenido un fuerte efecto sobre la opinión pública internacional, que no está notificada de una situación que podría agravarse según el rumbo que tome la actual crisis política institucional.

Otros de los elementos que inquietaron a la Misión, porque alientan la autocensura y limitan a una prensa libre y plural, son la manipulación, por parte de las autoridades, del presupuesto destinado a la publicidad oficial como una vieja práctica de cooptación que por décadas se ha establecido en Honduras como parte de las relaciones prensa-poder, con lo que se pretende orientar la información; así como la alta concentración de medios de comunicación en manos de pocas personas o grupos empresariales vinculados a diferentes ramas de la economía y a sectores con enorme poder político, empresarial y religioso.

Ambas problemáticas atentan contra el pluralismo informativo y el derecho ciudadano a la información. La Misión sostiene que es la obligación del Estado hondureño promover una regulación en la materia. Para la Misión es imperativo trabajar en la solidaridad entre periodistas y los medios y promover una base mediática fuerte que pueda luchar contra la inseguridad y la autocensura. El informe contiene una serie de recomendaciones para los poderes estatales y legislativos, así como para los medios y la sociedad civil.

2. PRESENTACION

La Misión Internacional

Un total de 7 organizaciones internacionales se reunieron en Honduras para integrarse en lo que denominaron Misión Internacional de Libertad de Prensa y Libertad de Expresión en Honduras:

–   ARTICLE 19

–   Asociación Mundial de Diarios (WAN-IFRA) / Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (ADEPA)

–   Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)

–   Federación Internacional de Periodistas (FIP)

–   Free Voice

–   International Media Support (IMS)

–   Reporteros sin Fronteras (RSF)

Durante cinco días, los integrantes de la Misión viajaron a la capital de Tegucigalpa, y a las ciudades de San Pedro Sula, El Progreso y Santa Rosa de Copán.

El principal objetivo fue el de emplear la presión internacional para (1) apoyar a los medios de comunicación locales y nacionales, (2) evidenciar los desafíos a los que se enfrentan actualmente medios y periodistas, y (3) poner en marcha mecanismos de largo plazo que fomenten y consoliden las libertades de prensa y expresión en Honduras.

La Misión Internacional visitó 4 ciudades, en donde tuvo la oportunidad de celebrar un total de 22 reuniones con grupos de periodistas y editores y 4 con organizaciones de libertad de prensa, libertad de expresión y los derechos humanos. Esto permitió obtener el panorama general que rodea el ejercicio de la libertad de prensa en el país.

El trabajo de esta Misión abarcó dos ejes:

1. La censura y la autocensura

2. La protección al ejercicio periodístico

De estos dos temas, se derivaron intervenciones específicas de acción inmediata, orientadas a atender las necesidades más urgentes, para así promover que los medios no sean llevados a desempeñar un papel adverso en la creciente tensión y polarización de la sociedad en Honduras.

En este sentido, la Misión espera que los medios tiendan un puente entre las distintas posiciones políticas e intereses presentes, y la sociedad hondureña.

3. INTRODUCCION

3.1 Estructura del informe

Este informe incluye diferentes tópicos vinculados a las libertades de expresión y de prensa en Honduras. Este documento no pretende abarcar una lista exhaustiva de todos los temas relevantes.

El informe está dividido en las siguientes dos áreas de enfoque:

1. Censura y Autocensura

2. Protección

Por cuestiones de seguridad, a lo largo del texto se han omitido de manera intencional algunos nombres para proteger la identidad de personas con quienes la Misión se reunió.

4.         EJES DE TRABAJO

4.1       CENSURA Y AUTOCENSURA

Censura y el abuso de la publicidad oficial

Hace mucho tiempo que existe la censura de los medios como asunto de polémica en Honduras. Durante el mandato del anterior presidente Manuel Zelaya, la práctica estatal para el reparto de la publicidad oficial entre los medios hondureños incluía políticas de premio y castigo, pagos a periodistas individuales e inclusive la negación de acceso a la información pública – mecanismos que interfieren con la libertad de expresión y el derecho a la información.[1]

En 2008, los niveles de abuso de la publicidad oficial y otras formas de censura estaban extremadamente altos; para conseguir contratos de publicidad del gobierno de Zelaya, era necesario contar con buenos contactos entre las autoridades y tolerar la imposición de ciertas condiciones al contenido informativo y de las noticias. Contratos para la publicidad oficial incluía cláusulas que obligaban a los y las periodistas y los medios a reportar sólo positivamente sobre la administración, dejando de lado la crítica.

Honduras cuenta con cuatro diarios nacionales, así como una revista semanal y otra mensual, ambas de circulación limitada. Adicionalmente, dentro de los últimos cinco años han aparecido las primeras publicaciones en línea, entre ellas dos periódicos, una publicación quincenal y una revista semanal. Existe una fuerte concentración de la propiedad de los medios, en que la gran mayoría de estaciones locales de radio y televisión, así como de publicaciones impresas pertenecen a sólo seis familias.

Aunque los dueños no necesitan publicidad oficial para sobrevivir, ellos sí dependen del estado y del gobierno para sus otras empresas, tal como actividades bancarias, restaurantes de comida rápida, farmacéuticas, compañías de seguros, maquiladoras, cafetales, ferreterías, importación de carne, ganadería y granjas de cocodrilos.

Entonces el desbalance mediático es un dato duro previo al 28 de junio del año pasado que alentó el clima de ingobernabilidad en Honduras. La censura compromete al sistema de medios en su conjunto, considerando los tres sectores, privado, público, social-comunitario, en los soportes escritos, radiales, televisivos y digital.

Las primeras acciones de censura por parte del gobierno de facto de Roberto Micheletti se hicieron a través del cierre y asalto a medios, amedrentamiento, golpizas y detenciones arbitrarias a periodistas, expulsión de corresponsales extranjeros, complementado con la utilización de mecanismos de guerra sucia y amenazas.

La censura creciente durante la época de Zelaya continuó después de su derroca mediante el uso indiscriminado de mecanismos de control sobre Internet y sobre la distribución de energía eléctrica, aplicación arbitraria del sistema de concesiones de frecuencias de radio y televisión y caducación de campañas públicas a medios no partidarios del golpe de estado.  De igual manera, como complemento a esto siguieron trabas coercitivas para la importación de papel, obstáculos en la distribución de la prensa escrita, a lo que se suma el poder determinante que implica el dominio del avisaje por parte de las asociaciones gremiales de empresarios y transnacionales.

En entrevista con directores y editores de las cadenas nacionales Radio América, HRN y Radio Cadena Voces, ellos reconocen que la mayoría de los medios de comunicación pertenecen a las grandes familias pudientes y empresariales de Honduras. Sin embargo, ciertas estaciones como Radio Cadena Voces también enfatizaron el hecho de que ellas fueron expuestas a censura, así como a problemas de seguridad durante la anterior presidencia de Manuel Zelaya y que fueron gravemente atacadas por grupos de resistencia durante las semanas siguientes al 28 de junio del año pasado.

El diario de tiraje nacional El Tiempo propiedad de Jaime Rosenthal reconoce cada vez más autocensura y múltiples formas de censura indirecta después del 28 de junio como presión por avisaje comercial, a pesar de que han subido sus ventas en un 58% desde el golpe hasta la fecha.

En entrevista con editores y periodistas de un diario principal en San Pedro Sula, ellos sostienen: “A veces nos autocensuramos presionados por la publicidad. Quisiéramos decir más de lo que podemos”… “producir más información dura y concatenar los hechos, un mayor desarrollo del género interpretativo. En la editorial damos a conocer nuestra posición de rechazo al golpe de estado, pero no es suficiente”.  A juicio de estos profesionales el discurso mediático no vincula libertad de prensa, de expresión y democracia.

Las autoridades niegan a este periódico el acceso a fuentes gubernamentales, no les renuevan credenciales, exacerbando el secretismo informativo.

Una cultura creciente de inseguridad y la autocensura

La autocensura es oblicua y oculta, opera sobre un clima de miedo, muchas veces de terror. Se impone a partir de acciones ejemplificadoras de coerción directa. Está vinculada a la subjetividad de las personas que hacen las comunicaciones, a sus imaginarios de servicio, del deber de informar.  Tiene que ver con la dimensión ética del ejercicio periodístico y de las comunicaciones.

En Honduras, la autocensura ha resurgido con vigor en años recientes para asediar a los medios particularmente al reportar sobre cuestiones delicadas relacionadas con los intereses de los grandes negocios, las fuerzas militares y la seguridad nacional. Los y las periodistas suelen autocensurarse para evitar ofender a los intereses políticos o económicos de los propietarios de los medios y ha habido casos de periodistas que han aceptado coimas de oficiales.[2]

Según entrevistas con una variedad de representantes de los medios, continúa la carencia del periodismo investigativo en Honduras y cuando ocurre, el enfoque está principalmente en asuntos no controversiales. En el caso de que un o una periodista intente hacer un informe de fondo, él o ella tiene que enfrentarse a presiones externas para que detenga la investigación, así como a plazos finales restrictivos y frecuentemente a la falta de acceso a los archivos gubernamentales o a fuentes independientes.

Seguridad y autocensura antes de junio de 2009

Desde que asumió el poder en enero de 2006, el centro izquierdista Zelaya ha mantenido una relación tensa con la prensa hondureña, la misma que criticó por no informar sobre lo que hacía su gobierno. Él recurrió a emisiones a nivel nacional y creó su propio semanario, programa radial y, más recientemente, estación de televisión, para contrarrestar lo que denominó “la desinformación de grupos de poder de facto”.

En particular, con el asesinato en octubre de 2007 de Carlos Salgado, el clima ya pésimo y empeorando entre el gobierno de Zelaya y los medios alcanzó un nivel máximo.  Esto dio lugar a que el director de Radio Cadena Voces (RCV), Dagoberto Rodríguez, tuviera que exiliarse de Honduras con su familia en noviembre después de recibir un aviso de la policía indicando que se había contratado a asesinos a sueldo para matarlo.

Durante este período, RCV era sumamente crítico del gobierno de Zelaya y muchos de sus periodistas habían sido acosados e intimidados, resultando en niveles cada vez más altos de autocensura.

Autocensura en los grandes medios después de junio 2009

Después del 28 de junio del 2009, en el primer período de toma del poder, la estrategia fue no informar: dibujos animados, marchas militares y música ambiental en las estaciones de radio y televisión de la corriente principal. Niveles sin precedentes de violencia e intimidación tanto de las fuerzas de seguridad nacional como de grupos de resistencia llevaron a que editores, así como periodistas restringieran cada vez más la cobertura sobre ambos lados de la crisis emergente. Intimidación, amenazas, el uso de listas negras y violencia no vista desde los años 80 y principios de los 90 regresaron con virulencia.

La instalación de conceptos tales como «Sucesión constitucional o presidencial» para nombrar al golpe de estado del 28 de junio de 2009; la reiteración de argumentos para justificarlo; y la denotación de la figura del presidente Zelaya y su gobierno, son las principales marcas editoriales que sustentan la autocensura en la producción informativa. Se trata de un discurso extremado por la situación de crisis política.

Durante entrevistas con miembros de la estación, los editores enfatizaron sus esfuerzos para darles tiempo en antena a todos los grupos incluso a la resistencia. Varios periodistas reconocieron que las elecciones sólo funcionarían para “ponerle una tapa a la crisis” pero que no ofrecerían una solución. Periodistas de la estación agregaron que: “Honduras ha llegado al punto límite y 2010 va a ser el comienzo del problema y no el fin”. Agregaron que el papel de los medios en fomentar un sentido de reconciliación desde enero de 2010 hacia adelante sería clave.

Las radioemisoras como Radio Globo y Canal 36 han sido afectadas en sus emisiones por cortes de luz, cambios de voltaje que han dañado sus equipamientos, a lo que se suman amenazas, amedrentamientos y cierre de sus transmisiones.

Censura y Autocensura de las radios fuera de Tegucigalpa

Es importante destacar que la incertidumbre e inseguridad que amenaza la libertad de expresión se incrementa en el caso de las radios comunitarias debido fundamentalmente a dos factores, primero la falta de reconocimiento en la legislación hondureña de estos medios y porque muchos de ellos se encuentran fuera de la capital “Tegucigalpa” , donde hay mayores  abusos de poder.

La Misión tuvo la oportunidad de escuchar los testimonios de colaboradores de Radio Marcala, Radio Progreso, Radio Duruguti y de Radio Uno, los que dieron cuenta de las presiones directas e indirectas que recibieron desde el 28 de junio por parte de funcionarios de la Conatel y de las Fuerzas Armadas para que se alinearan con las nuevas autoridades. Iselma Mejía, coordinadora de Radio Duruguti de la región Atlántica, señaló que en los últimos días de octubre personas que se identificaron como agentes de la dirección general de investigación criminal visitaron las instalaciones de la radio, haciendo preguntas sobre el funcionamiento de la emisora, así como de los colaboradores y de las organizaciones con las que ella trabaja. Radio Duruguti es una emisora gestionada por organizaciones ligadas al pueblo garífuna en Honduras.

Radio Progreso (de la Compañía de Jesús en Honduras, de la Iglesia Católica) ha sido una emisora emblemática en la oposición y rechazo al golpe desde la primera hora. Enfrentan además una focalizada confrontación con Roberto Micheletti, quien es dueño de una radio AM y ahora concesionó una emisora FM en la zona. Está ubicada en medio de una zona campesina de extrema pobreza. Cuando el presidente Zelaya regresó a Honduras, decidieron emitir menos horas para evitar represalias por parte de la autoridad. “Es una ecuación compleja que hay que resolver día a día cuando un medio está en la mira directa del líder golpista”.

A las amenazas directas, los cortes de luz, Radio Uno (San Pedro Sula) debe sumar el término de la subvención estatal para su Radio Taller Infantil que cuenta con el patrocinio de UNICEF. Los niños y niñas locutores han recibido insultos en las calles provenientes de partidarios del golpe de estado. Están además expuestos al cambio de políticas en materia de derechos sexuales y reproductivos en particular por los programas que incorporan contenidos educativos para minorías sexuales.  La radio está impedida de hacer campañas educativas que “dañen” la imagen de la industria de comida rápida, por considerarla una competencia desleal, además debe asumir la responsabilidad por todas las opiniones de auditores que salgan al aire y critiquen a las nuevas autoridades de facto. Han recibido visitas inspectivas de ANATEL y están impedidos por ley de contratar personal extranjero.

Restricciones sobre las emisoras de la sociedad civil

En Honduras diversas organizaciones sociales y de derechos humanos mantenían espacios en radios de cobertura nacional. Es el caso de la COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras) cuyo programa radial fue cancelado por la cadena Radio América. Similar situación enfrentó asociaciones feministas en Radio Cadena Voces del grupo INVOSA, vinculada al Partido Nacional y al ex Presidente Ricardo Maduro. Por su parte los gremios del magisterio sufrieron igual suerte en HRN de la cadena Emisoras Unidas.

Conclusiones

Los y las periodistas viven precariedad laboral, se ven obligados al multi-empleo. Muchos de ellos trabajan en medios locales y regionales críticos al golpe y a la vez en grandes cadenas mediáticas proclives al gobierno de facto. Deben así, adecuar el lenguaje, autocensurarse y entregar información dependiendo del medio al que estén prestando servicios.

Las condiciones de trabajo fuera de las grandes ciudades son especialmente críticas, porque se trata de las poblaciones más vulnerables y expuestas a las discrecionalidades de las autoridades y en algunos casos a las presiones del narcotráfico. Las denuncias sobre estos abusos son tibiamente amparadas por las instituciones del país.

Las organizaciones de periodistas son débiles y obsecuentes con las autoridades de facto. Los profesionales de la prensa, junto con comunicadores y trabajadores de los medios, han quedado desprotegidos frente a amenazas, amedrentamientos y agresiones, lo que provoca un efecto demostrativo e instala el miedo y la desconfianza como forma de convivencia.

A esto se suma la inexistencia de vínculos efectivos entre los periodistas y comunicadores con organizaciones de derechos humanos lo que fragiliza aún más sus condiciones de trabajo.

La base de la autocensura es el miedo, el amedrentamiento, la coerción, y un sistema de medios de comunicación cerrado donde la publicidad opera como camisa de fuerza. A estos factores se suma la estrecha vinculación entre medios, política y negocios.

Los grandes medios se sustentan sobre la propiedad cruzada e integración entre conglomerados económicos, lo que provoca un desbalance en la diversidad social y en los intereses representados en el sistema de medios.

4.2       SEGURIDAD

La libertad de prensa en Honduras se ejerce en un entorno adverso y en condiciones de inseguridad. Esta situación no es nueva, sin embargo, la crisis política desencadenada el 28 de junio ha venido a recrudecer las amenazas y riesgo que enfrentan quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación. Las múltiples presiones provenientes de las dos partes del conflicto político para influenciar las líneas editoriales, incluyendo agresiones físicas a trabajadores y trabajadoras, son la característica distintiva del escenario prevaleciente para la prensa en Honduras.

La Misión pudo recoger testimonios que dan cuenta de un cúmulo de situaciones y actos que producen un contexto de incertidumbre, el cual se traduce en violaciones directas e indirectas de los derechos humanos de quienes ejercen la libertad de prensa y el derecho a comunicar.

Por un lado, la estigmatización, intimidación y acoso de autoridades a medios y periodistas críticos mediante la integración de procesos judiciales y administrativos para cancelar su operación y, de manera simultánea, la constante amenaza de grupos radicales opuestos al Golpe de Estado en contra de quienes son señalados como medios o periodistas “golpistas”. Aunado a ello, el despido injustificado de periodistas cuyas opiniones no concordaban con las de la redacción; así como las presiones financieras de anunciantes, públicos y privados, han producido un contexto de inseguridad en detrimento de la integridad física, la certidumbre jurídica y la estabilidad laboral de quienes ejercen el periodismo en el país.

Es importante destacar que la incertidumbre e inseguridad que amenaza la libertad de prensa, se incrementa en el caso de las radios comunitarias e indígenas, debido a dos factores, primero la falta de reconocimiento en la legislación hondureña de este tipo de proyectos de comunicación, así como al hecho de que muchos de estos medios de comunicación se localizan lejos de la capital en donde existe una mayor vulnerabilidad a los abusos de poder.

La Misión tuvo la oportunidad de recoger el testimonio de colaboradores y colaboradoras de Radio Marcala, Radio Progreso, Radio Uno y Radio Duruguti, los cuales dan cuenta de las presiones directas e indirectas, en contra de ellos así como de otras radios comunitarias operando en el país, a manos de soldados de las Fuerzas Armadas y funcionarios de CONATEL. Desde los primeros días después del Golpe de Estado, varias radios comunitarias fueron cerradas, tal es el caso de Radio Progreso, Radio Copin y Radio Marcala. De acuerdo con la información recabada por la Misión la presión continúa por lo que varias radios cerraron por temor a represalias u operan bajo una gran incertidumbre.

Iselma Mejía, coordinadora de la Radio Duruguti de la región Atlántica, señaló que en los últimos días varias personas que se identificaron como agentes de la Dirección General de Investigación Criminal adscrita a la Policía visitaron las instalaciones de la estación. Estas personas estuvieron haciendo preguntas sobre el funcionamiento y los colaboradores de éste y otros proyectos de comunicación del pueblo Garífuna.

La cobertura de las protestas a favor o en contra de la restitución del presidente Manuel Zelaya presenta un grave riesgo. Diversas organizaciones y organismos regionales de derechos humanos, dieron cuenta de las agresiones de las que fueron objeto reporteros y camarógrafos de medios tanto nacionales como extranjeros durante los meses inmediatos al Golpe de Estado. Sin embargo, la Misión pudo constatar el grado de vulnerabilidad que enfrentan quienes dan cobertura a la represión de las protestas por parte de la Policía. El arresto ilegal tanto de Alfredo López, director de Radio Coco Dulce el 12 de agosto, así como de Gustavo Cardoza, reportero de Radio Progreso el 14 de agosto, ambas violaciones a derechos humanos tuvieron lugar cuando cubrían la represión de manifestaciones en Tegucigalpa y Choloma respectivamente.

Los medios de comunicación, no sólo han sido un reflejo de la polarización política de la sociedad a partir del 28 de junio, sino que también se han erigido como promotores o detractores activos de la misma, ocasionando que la información objetiva sea escasa. Diversos testimonios apuntan hacia la existencia de “listas negras de periodistas”, elaboradas tanto por supuestos partidarios a favor de la restitución de Manuel Zelaya como de Roberto Michelleti, las cuales circulan en Internet y han ido produciendo una sensación de incertidumbre entre el gremio periodístico.

Dagoberto Rodríguez, director de Noticias de Cadena Radio Voces y quien se vio obligado a exiliarse temporalmente en 2007 al recibir amenazas de muerte, explicó a la Misión que “el riesgo existente antes del 28 de junio se ha incrementado considerablemente con la polarización.” El grado de vulnerabilidad es alto tanto para los medios afines a Roberto Michelleti como para el presidente Manuel Zelaya, sin embargo es importante señalar que las amenazas en contra de éstos últimos provienen de autoridades y agentes estatales, incrementando así el riesgo y daño potencial ante la posibilidad que una amenaza se materialice. Los casos de amenaza en contra de Renato Álvarez, conductor del programa Frente a Frente de Televicentro y, Jhonny Lagos, editor del periódico El Libertador son prueba de ello.

Mientras que durante la entrevista Álvarez, conocido periodista opuesto a Zelaya, mostró a la Misión algunos mensajes recibidos en su teléfono celular amenazándole de muerte a él y a su familia e hizo referencia a otros recibidos por correo electrónico, el testimonio de Jhonny Lagos da cuenta de un creciente y sistemático acoso en su contra y del resto de colaboradores de El Libertador.

El testimonio de Lagos, da cuenta del incremento de violencia en los intentos por censurarle. Durante una entrevista con Lagos el día 5 de noviembre, el director del Libertador constató el hecho de haber recibido un ofrecimiento de dinero por parte de empresarios hondureños para cambiar la línea editorial. Posteriormente fue amenazado con una demanda por difamación, hasta que el pasado 28 de septiembre el reportero Delmer Membreño fue secuestrado por un grupo de personas no identificadas. Membreño fue liberado luego de haber sido torturado, los captores enviaron un mensaje: “a yonicito (Jhonny Lagos) le espera lo peor”.

Durante la entrevista con Lagos en un café al aire libre, la Misión pudo constatar que por lo menos cuatro hombres intentaban escuchar la plática que sosteníamos con actitudes amenazantes. Al percatarse de esto, algunos miembros de la Misión intentaron fotografiarlos, por lo que los hombres decidieron retirarse intempestivamente. Uno de ellos abandonó el lugar en un automóvil Toyota Corola color gris, con matrícula de circulación PCB 4907.

La Misión pudo constatar que como medida de autoprotección algunos de los medios identificados con el Gobierno de facto, han decidido que sus periodistas y vehículos, no porten una identificación visible durante la cobertura de protestas y eventos públicos. Mientras tanto, los periodistas y medios de comunicación críticos se ven obligados a arriesgarse a administrar el riesgo que enfrentan mediante la autocensura, la adopción de medidas rudimentarias de autoprotección, y evitando trasgredir los límites no escritos a la crítica y posturas de oposición.

En Radio América, quienes nos reciben Luis Edgardo Vallejo y Mauricio Ortega sostienen que con pesar reconocen haber perdido la tranquilidad para trabajar y desplazarse: “Tuvimos que tapar la identificación de los móviles porque la gente que está de un lado ataca a los periodistas que están del otro”. Comentan que han sido víctimas de sabotajes, y que incluso les pusieron una bomba en el predio de los estudios. Piensan que el ambiente se fue calentando y eso complica la restitución de Zelaya previa a las elecciones. “Si los Diputados ahora votan la restitución estarán reconociendo que cuando votaron la destitución cometieron un delito –advierten-. Desde aquí apoyamos el proceso electoral, buscamos la conciliación”. Cuentan con un dejo de saturación: “Ya hemos vivido estas divisiones en los 80, cuando éramos el santuario de la lucha contra el terrorismo”.

Es claro que la incertidumbre además de obstaculizar la labor periodística, presenta graves amenazas en contra de la integridad física de las y los periodistas.

Durante la visita de la Misión, los medios de comunicación informaron el 5 de noviembre sobre la detonación de un artefacto explosivo en las instalaciones de la radiodifusora HRN. Estos hechos se suman a la lista de ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación: Canal 36 y Radio Globo (23 de agosto); Canal 11 (6 de julio), El Heraldo (15 de agosto). Sin embargo, hay que destacar que por primera vez hubo una persona lesionada en la explosión en las instalaciones HRN.

Conclusiones

A pesar de esta situación, ninguna de las empresas de comunicación ha ofrecido algún tipo de entrenamiento en seguridad para sus empleados y empleadas. Esta situación se agrava en el caso de las radios comunitarias, indígenas y medios de comunicación basados en Internet, ya que su operación se encuentra de por sí limitada por la falta de recursos económicos y materiales. La mayoría de las y los periodistas optan por la autocensura al ser la única medida de protección disponible.

Otro factor que afecta de manera determinante en las condiciones de seguridad de periodistas y medios de comunicación en Honduras, es la impunidad generalizada en los casos de agresiones, tanto en aquellos que tuvieron lugar antes del golpe de Estado como aquellos perpetrados durante los últimos meses. Esta situación ha promovido una sensación de incertidumbre e indefensión entre el gremio periodístico y quienes ejercen la libertad de prensa en el país.

5.  OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El conjunto de la Misión fue un grupo heterogéneo que, en representación de organizaciones de prensa de distintos países, realizamos entrevistas con responsables de radios comunitarias, empresarios de medios gráficos, radiales y televisivos, sindicalistas y trabajadores de prensa. Se llevó a cabo la misión a Honduras para observar las condiciones en las que desarrollan la tarea los periodistas, la independencia editorial de los medios, su incidencia en la sociedad y su relación con el poder.     

Habiendo entrevistado a periodistas y titulares de medios, nos queda claro que sobre los hechos ocurridos a partir del día 28 de junio, todos reconocen no haber sido absolutamente objetivos. En algunos casos la subjetividad es consecuencia automática de su convicción política; en otros la manera en que les afectaron los acontecimientos previos, o las acciones del Gobierno de Manuel Zelaya. Por supuesto que está latente también la idea de que esa subjetividad, para uno u otro lado, está en consonancia con la línea editorial, la preferencia política, o los intereses empresarios de los titulares de cada medio. Lo que queda en evidencia como resultado es la mezcla tóxica entre la autocensura y la inseguridad.

Con base en la información y los testimonios recabados, y teniendo en mente el compromiso colectivo a mediano y largo plazo de las organizaciones participantes en la Misión Internacional para mejorar de manera sustantiva la situación que enfrenta el ejercicio de la libertad de prensa en el país, se hace un llamado al ESTADO HONDUREÑO de:

ADOPTAR medidas positivas, claras y contundentes para poner un alto a las amenazas y ataques físicos provenientes de distintos actores, estatales y no estatales, que buscan censurar a quienes ejercen, promueven y defienden el derecho a libertad de expresión y la libertad de prensa;

DETENER toda práctica por parte de las autoridades que restrinja las libertades de expresión y prensa, especialmente cuando éstas buscan afectar la independencia editorial de los medios de comunicación a través del uso inapropiado y discrecional de los fondos destinados para la contratación de espacios publicitarios;

GARANTIZAR el acceso irrestricto de periodistas y medios de comunicación a toda la información en manos del gobierno, de acuerdo con el espíritu de los principios constitucionales y la ley sobre transparencia y acceso a información, y los instrumentos y estándares internacionales sobre la materia.

GARANTIZAR el derecho de los diferentes medios de comunicación, ya sean comerciales, públicos o comunitarios, a que su trabajo e independencia sea protegida por la ley a través de la regulación de un órgano independiente.

al PARLAMENTO HONDUREÑO de:

REFORMAR las leyes y reglamentos relacionados con los medios de comunicación y la radiodifusión para fortalecer la diversidad, independencia y pluralismo, así como garantizar la transparencia y equidad en los procedimientos de otorgamiento de concesiones y licencias.

RECONOCER en la Ley de Telecomunicaciones a las Radios comunitarias e indígenas, así como los medios alternativos.

DEROGAR los artículos en el Código Penal que castigan la difamación, las injurias y la calumnia, en particular el Artículo 155.

a la comunidad de PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, así como a la SOCIEDAD CIVIL de:

PROMOVER un diálogo entre editores, periodistas y comunicadores sobre democracia y libertad de expresión y propiciar la articulación entre periodistas y comunicadores con organizaciones de derechos humanos;

IMPULSAR un debate sobre el potencial y valor que representa para la sociedad hondureña en la conciliación de tensiones y confrontaciones políticas el ejercicio de un periodismo independiente, profesional y objetivo;

a tanto el ESTADO HONDUREÑO como los MEDIOS DE COMUNICACIÓN de:

GARANTIZAR la protección y asistencia oportuna y eficaz a los periodistas y medios de comunicación necesarias para que cumplan con su trabajo sin que las amenazas y ataques afecten su desempeño.  De la misma manera, los dueños y directivos de los medios de comunicación deben de emprender medidas para mejorar las condiciones de seguridad para sus colaboradores y empleados;

[1] En septiembre de 2008, un informe de la entidad no gubernamental, Consejo Nacional Anti Corrupción (CNA), reveló un conjunto de prácticas para sobornar y silenciar a empleados mediáticos, los cuales han sido practicados por gobiernos sucesivos pero que se agravaban notablemente durante el mandato de 2006-2009 del ex-presidente Manuel Zelaya. - http://www.cna.hn/index.php?documento=556&hl=medios

 [2] http://www.cna.hn/index.php?documento=556&hl=medios+