Con respaldo del gobierno, organismos internacionales y sociedad civil, la iniciativa busca fortalecer el marco normativo frente a una forma de violencia que crece en entornos digitales y afecta especialmente a mujeres, niñas y adolescentes.

Tras la citación policial al periodista Sebastián Cabrera por el contenido de una nota de interés público, el Sector Prensa de APU impulsó un proceso de verificación y diálogo institucional que derivó en una nueva directiva del Ministerio del Interior para evitar prácticas que puedan afectar la libertad de prensa

Organizaciones socioambientales apelaron el fallo que se declaró incompetente para analizar los contratos petroleros firmados por ANCAP y denunciaron silencio estatal, falta de información pública y graves riesgos para el mar uruguayo ante el inminente inicio de la prospección sísmica.

Las autoridades analizaron casos vinculados a la seguridad del periodismo, la libertad de expresión y la actualización de criterios de actuación ante denuncias por difamación relacionadas con contenidos informativos.

La Corte Suprema de Chile confirmó la condena contra un oficial de Ejército en retiro por su participación en el secuestro calificado de la ciudadana uruguaya Mónica Cristina Benaroyo Pencu, detenida en Arica en septiembre de 1973 y cuyos restos fueron hallados recién en 2008 al interior de un recinto militar en la Pampa Chaca Oeste, Arica.

La iniciativa fue impulsada tras la orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos y será considerada en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

El Ministerio de Seguridad asignará “zonas exclusivas” para periodistas en las inmediaciones del Congreso y advirtió que actuará ante eventuales hechos de violencia.

La sección internacional de Oriente Medio suspendió la publicación de contenidos luego de una pérdida sostenida de ingresos y ante la falta de garantías concretas por parte de la dirección.

Oficialismo impulsa una comisión investigadora por la compra de patrulleras oceánicas tras detectar irregularidades contractuales, técnicas y administrativas que ya provocaron un perjuicio de 30 millones de dólares al Estado uruguayo

A través de la plataforma Change.org, fotógrafos y fotógrafas convocan a respaldar una petición pública para exigir el respeto a los derechos patrimoniales de autor y frenar prácticas que consideran abusivas en concursos fotográficos.