El informe retoma y profundiza denuncias previamente documentadas en sus informes anuales, centrando su preocupación en el hacinamiento carcelario, la deficiencia de atención en salud, la falta de programas efectivos de reinserción social y el vínculo cada vez más estrecho entre la cárcel y la marginalidad urbana.

"El sistema penitenciario está fallando. Los diagnósticos son claros, la ruta de salida, no tanto", afirmó Lucía  Pérez, directora ejecutiva de la organización, quien llamó a un urgente cambio de rumbo en las políticas públicas penitenciarias del país.

Un deterioro anunciado

Según el documento, Amnistía Internacional ha venido advirtiendo de forma sistemática el deterioro de las cárceles uruguayas.

A pesar de que el tema fue incorporado como una preocupación relevante por varios partidos políticos durante la última campaña electoral, las autoridades aún no han implementado medidas estructurales que respondan al agravamiento de la situación.

Durante 2024, la organización elaboró un conjunto de aportes dirigidos a la Mesa de Trabajo sobre Sistema Penitenciario, instancia convocada por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y la Oficina del Comisionado Parlamentario.

Asimismo, presentó sus prioridades a los actores políticos de cara a las elecciones, enfatizando la urgencia de abordar la crisis penitenciaria como una cuestión prioritaria en la agenda nacional.

Condiciones críticas y muerte en custodia

La falta de respuestas concretas se volvió especialmente alarmante tras el incendio ocurrido en el ex Comcar el mes pasado, que resultó en la muerte de cuatro personas privadas de libertad.

El siniestro volvió a poner en evidencia los riesgos letales del actual sistema penitenciario, al que Amnistía califica como insostenible y contrario a los estándares mínimos de derechos humanos.

La organización remarca que la privación de libertad no solo debe cumplir con la función de sancionar el delito, sino también con la de rehabilitar conductas y permitir la reintegración de las personas a la vida social.

“La ruta de salida de la cárcel no puede ser la calle”, subraya el comunicado, denunciando un ciclo estructural de exclusión y violencia que afecta especialmente a varones jóvenes pobres, mujeres en situación de extrema vulnerabilidad y a la niñez vinculada a estas personas.

Llamado a un acuerdo nacional

Amnistía Internacional exige al Estado uruguayo la adopción de políticas urgentes que incluyan la prevención del delito, la mejora de condiciones de reclusión, la atención integral a personas privadas de libertad, y una estrategia robusta de reinserción social que rompa el círculo de exclusión y reincidencia.

“¿Cuál es el umbral de tolerancia?”, se pregunta el boletín, apelando tanto a la conciencia ética como a una visión pragmática de convivencia.

La organización sostiene que el respeto a la dignidad humana dentro de las cárceles es inseparable de la seguridad y cohesión social fuera de ellas.

Finalmente, la directora ejecutiva insta a un acuerdo político y social amplio que siente las bases de un modelo penitenciario distinto al actual. “Es tiempo de acciones”, concluye.

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