La asociación Crysol rechazó con dureza la propuesta de otorgar libertad anticipada a represores condenados por delitos de lesa humanidad, calificándola como “deplorable y condenable” y advirtiendo que podría implicar un retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia en Uruguay.
En un comunicado fechado este jueves 9 de abril, al que tuvo acceso Portal APU.uy la organización cuestiona el argumento de descomprimir la superpoblación carcelaria como fundamento de la iniciativa. “La propuesta de otorgar la libertad anticipada […] invocando el propósito de descomprimir la explosiva superpoblación carcelaria, nos parece deplorable y condenable”, señalan.
El pronunciamiento eleva el tono al subrayar que los delitos de lesa humanidad tienen un estatus jurídico específico en el derecho internacional. En ese sentido, Crysol remarca que los responsables “no merecen ningún tratamiento jurídico que signifique disminuir el castigo legal que les corresponde”, recordando que se trata de crímenes “imprescriptibles e inamnistiables”. Además, relativizan el impacto de la medida en el sistema penitenciario, al afirmar que estos casos representan “una ínfima proporción de la población carcelaria”.
Más allá del plano jurídico, el comunicado introduce un componente político y simbólico de fuerte peso: la memoria histórica. La organización advierte que los avances en materia de justicia no fueron concesiones institucionales, sino el resultado de décadas de luchas sociales.
“Romper la muralla de la impunidad […] fue una batalla épica de generaciones de luchadores sociales y políticos que este proyecto desprecia”, sostienen.
El posicionamiento también anticipa un escenario de confrontación institucional. Crysol anuncia que llevará el tema ante instancias internacionales y que activará mecanismos de incidencia para frenar la iniciativa. “Expresamos nuestra decisión de denunciar esta iniciativa ante los organismos de DDHH […] para impedir que ella prospere en el ámbito parlamentario”, indica el texto.
En paralelo, la organización convoca a una respuesta amplia del tejido social y político. El llamado incluye a organizaciones sindicales, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, así como al sistema político en su conjunto, a movilizarse en defensa de los avances logrados. La apelación se enmarca en una consigna histórica: “seguir la lucha por Verdad, Justicia, Memoria y nuestras 197 detenidas y detenidos desaparecidos”.
El trasfondo de la discusión remite a obligaciones internacionales asumidas por el Estado uruguayo.
Tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que los Estados deben investigar, juzgar y sancionar este tipo de crímenes sin recurrir a mecanismos que impliquen impunidad, directa o indirecta.
En ese contexto, la advertencia de Crysol trasciende el caso puntual y se proyecta sobre la calidad democrática. El debate sobre la eventual liberación de represores vuelve a tensionar una pregunta de fondo en Uruguay: hasta qué punto los consensos construidos en torno al pasado reciente son irreversibles, o si, por el contrario, siguen siendo objeto de disputa política.
