En apenas tres semanas, se han registrado las muertes de tres personas en situación de calle —dos en Montevideo y una en Rivera—, encendiendo las alarmas en la opinión pública y la política, reactivando debates sobre el alcance real del Plan Invierno, y dejando al descubierto viejas fallas estructurales en la atención a la indigencia.

Estas muertes han encendido la alarma social y reactivado el debate sobre la eficacia del Plan Invierno, la capacidad de los refugios, la aplicación de la ley de internación compulsiva y, sobre todo, la necesidad urgente de respuestas estructurales.

Los casos no son aislados: son consecuencia de una problemática crónica y creciente que involucra pobreza, adicciones, salud mental, fragmentación institucional y falta de voluntad sostenida para encarar una política integral.

Abordaje institucional: Entre la urgencia y la reactividad

El Estado uruguayo ha estructurado diversas respuestas institucionales para abordar la situación de calle, especialmente durante el invierno. El Plan Invierno 2025, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), despliega refugios nocturnos, centros 24 horas, servicios médicos móviles y equipos territoriales. Sin embargo, estas respuestas siguen siendo en gran medida, coyunturales y reactivas, no anticipatorias ni estructurales.

El sistema de salud, liderado por ASSE, aporta ambulancias, médicos y policlínicas móviles, mientras que desde la Junta Nacional de Drogas se articulan intervenciones en casos de consumo problemático. A pesar de estos esfuerzos, persiste una brecha entre el alcance teórico del sistema y su efectividad real.

Contexto y hechos recientes

31 de mayo – Estación Goes (Montevideo)

Un hombre de 48 años, identificado como “Enrique”, fue hallado sin vida en Estación Goes. Según el Mides, había ingresado en refugios en ocasiones previas y abandonó voluntariamente el último antes de fallecer. Se recordó que, al momento del deceso, había disponibles 115 camas en el sistema de refugios

17 de junio – Rivera

Heber Abel Pérez Techeira, de 64 años, fue encontrado muerto bajo el puente La Racca durante un operativo del Plan Invierno. Tenía contacto con equipos del Mides, pero reiteradamente rechazó ingresar a un refugio.

20 de junio – Buceo (Montevideo)

Un hombre de 56 años, asmático, ingresó a un centro de salud y se retiró sin alta médica. Horas más tarde fue hallado muerto en una plaza. Familiares indican que evitaba los refugios por temor a robos

El cruce político y la convocatoria a sala

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Desde la oposición, la diputada nacionalista Fernanda Auersperg —quien fue subsecretaria del Mides en la administración anterior— anunció la convocatoria del ministro Civila a la Comisión de Población y Desarrollo del Parlamento. “El Estado tiene la obligación de actuar incluso contra la voluntad de la persona, si está en riesgo su vida. No se puede esperar a que haya más muertes”, expresó.

El senador Robert Silva, del Partido Colorado, también expresó preocupación y llamó a “repensar el uso efectivo de la internación compulsiva”, mientras que el senador Álvaro Delgado fue más duro: “Cuando la ideología vale más que la vida, perdemos todos”.

Desde el oficialismo, sin embargo, se reafirma el respaldo al Plan Invierno y a la estrategia comunitaria, aunque no se descarta mejorar dispositivos y reforzar la comunicación con equipos de calle y vecinos.

Datos gruesos y datos desagregados

Según el censo más reciente, en Uruguay hay unas 3.504 personas en situación de calle. El 78,6 % se encuentra en Montevideo; 10 % en Canelones; y 3 % en Maldonado. Del total, unas 1.363 personas duermen en la calle y 1.395 acceden a refugios. En el interior del país, se estima que 533 personas están en situación de calle, con focos en Rivera, Paysandú y Salto.

El Plan Invierno 2025 ofrece 2.085 cupos en todo el país, con 48 refugios habilitados, mayoritariamente en Montevideo. A nivel sanitario, ASSE dispone de ambulancias móviles y refuerza policlínicas en zonas de alta concentración. Se estima que el costo operativo del Plan incluye alimentación, transporte, personal especializado y convenios con centros de salud privados, con una inversión que ronda los varios millones de pesos.

Respuestas institucionales (MIDES, ASSE y otros)

El Mides ha reafirmado que en los tres casos recientes, las personas fallecidas habían rechazado ingresar a los refugios. El ministro Gonzalo Civila destacó que “no se puede forzar a una persona si no hay una orden médica que justifique la internación”, y defendió el enfoque comunitario del Plan Invierno.

ASSE, por su parte, confirmó la incorporación de recursos médicos y psiquiátricos para fortalecer la respuesta sanitaria, incluyendo nuevas camas psiquiátricas y una mayor coordinación con emergencias. También se han movilizado recursos desde la Junta Nacional de Drogas para ampliar la cobertura en casos de consumo problemático.

Instrumentos legislativos: Lo vigente y lo que falta

En 2024 se aprobó una ley que habilita la internación compulsiva de personas en situación de calle cuando exista riesgo vital o deterioro psíquico severo. Sin embargo, su aplicación ha sido limitada: solo 11 personas fueron internadas en el marco de esta normativa, y la mitad regresó a la calle en menos de 24 horas.

Faltan protocolos claros, capacitación para equipos de calle y garantías para que la medida no derive en vulneraciones de derechos. También se reclama una ley marco de vivienda con acompañamiento, que incluya subsidios, políticas de reinserción y un parque público de soluciones habitacionales de transición.

Los vacíos que duelen más que el frío

Más allá de los números, la problemática revela un trasfondo complejo: la desconfianza hacia los refugios, la falta de seguridad interna, la fragmentación de servicios de salud y salud mental, y la ausencia de un sistema integral y sostenido de acompañamiento territorial.

Los tres fallecidos estaban vinculados de alguna manera con el sistema —habían sido contactados por el Mides o ingresado alguna vez en sus dispositivos— pero el Estado no logró retenerlos, protegerlos ni ofrecerles una alternativa eficaz.

Y aunque la ley habilita medidas excepcionales como la internación forzada, su aplicación sigue siendo marginal, tanto por barreras jurídicas como por vacíos operativos. ¿Quién evalúa el riesgo? ¿Qué recursos tiene un equipo de calle para intervenir? ¿Qué garantías existen para que esa intervención sea respetuosa y efectiva?

¿Qué ejemplos internacionales hay en esta materia?

Países como Finlandia, Canadá y Portugal han desarrollado modelos integrales que combinan vivienda, salud y reinserción social. El enfoque "Housing First" aplicado en Helsinki prioriza entregar una vivienda estable como condición para trabajar otras vulnerabilidades, como las adicciones o la salud mental.

Según un pormenorizado trabajo de Ella Hancock para el portal world-habitat.org, desde 2008, Finlandia adoptó el “Housing First” como política nacional. Esto implicó convertir refugios temporales en viviendas permanentes, garantizar soporte social continuo y eliminar condiciones previas como sobriedad forzada

Resultados concretos:

El 80 % de las personas atendidas accedieron a vivienda estable. El número de personas en calle según ARA (Housing Finance and Development Centre del gobierno finlandés)  cayó de 3 429 (2023) y sigue la tendencia decreciente

Financiamiento y ahorro: Inversión de €250‑€300 millones desde 2007, con ahorro estimado de €15 000–€32 000 por persona al año en salud, justicia y asistencia social

Canadá, por su parte, integra servicios de salud pública y acompañamiento psicológico a largo plazo, mientras que en Portugal se han implementado unidades móviles intersectoriales con intervención directa en calle y apoyo jurídico.

Estos modelos coinciden en algo: salir de la calle requiere mucho más que una cama por la noche. Requiere un enfoque de derechos, continuidad en el tiempo, inversión sostenida y articulación interinstitucional.

Solidaridad activa: APU aporta 20 camas para mujeres en situación de calle

En este complejo contexto, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) acordó con el Ministerio de Desarrollo Social aportar para de sus espacios edilicios para albergar hasta el mes de octubre, por lo menos a 20 mujeres en situación de calle en el marco de la consolidación del Plan Invierno.

Desde APU se informó que los espacios cedidos en préstamo para atender esta coyuntura forma parte de alianza que busca aportar solidaridad en un contexto de emergencia ante la llegada de las inclemencias del invierno, que hasta el momento ha cobrado la vida de tres personas.

Este viernes 20 de junio se completó la primer semana de funcionamiento del refugio acordado entre APU/MIDES en la capital uruguaya.

Reflexiones al cierre: ¿Es posible pasar del parche al paradigma?

Uruguay tiene instituciones técnicas capacitadas, leyes en vigencia y sensibilidad social. Lo que falta es volumen institucional, recursos sostenidos y voluntad política para transformar la excepción invernal en una estrategia de Estado. Las muertes en la calle no son inevitables; son el resultado de decisiones que pueden y deben cambiar.

La comparecencia del ministro Civila ante el Parlamento podría marcar un punto de inflexión: ¿seguir gestionando la emergencia, o construir una política pública estructural que restituya derechos y dignidad?

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