Luego de una subasta que tuvo lugar en diciembre de 2019, la empresa privada Movistar y la estatal ANTEL obtuvieron acceso a la banda de frecuencia 5G, lo que provocó que Multiseñal presentara un recurso administrativo y amenazara con denunciar penalmente al gobierno uruguayo, argumentando que este cambio generaría interferencias en la señal de la empresa. El Estado llegó a un acuerdo con Multiseñal, según el cual se le otorgarían dos millonesy medio de dólares a cambio de que la empresa se comprometiera a cambiar su frecuencia y no realizar tal denuncia. El Portal APU.uy entrevistó a Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de OBSERVACOM, quien analizó el tema en detalle.

Según Gustavo Gómez, esta historia tiene su origen hace diez años, cuando por decisiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones se estableció que los servicios de telefonía e internet móvil debían a partir de entonces utilizar la zona del espectro radioeléctrico de 2,6 gigahertz. Al llevar a cabo este cambio de frecuencia, el gobierno uruguayo resolvió que las empresas que otorgan estos servicios, teniendo en cuenta la posibilidad de interferencias entre distintos servicios, pueden cambiar su localización en un plazo de dos años, asignándoles la responsabilidad de tomar acciones para evitar problemas vinculados con interferencias, teniendo en cuenta que el cambio de ubicación resolvería estos inconvenientes: “no sólo hace diez años se tendrían que haber cambiado de lugar sino que además la propia resolución que Multiseñal aceptó pacíficamente que, si hubiera interferencia, ellos no tienen ningún tipo de protección ni tienen derecho a denunciar, lo dice el texto expreso”, afirmó.

Por otro lado, informes técnicos de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (URSEC) y la Dirección Nacional de Telecomunicación Audiovisual (DINATEL), dan cuenta que Multiseñal no hizo las inversiones adecuadas para que los equipos de los usuarios pudieran evitar interferencias, indicando estos informes que la situación sería menos problemática en caso de que hubieran tenido mejores receptores con filtros adecuados. Por estas razones, Gustavo Gómez expresa su incomprensión de las acciones tomadas por el gobierno actual frente a esta situación: “¿Por qué el gobierno le va a pagar 2,5 millones de dólares por algo que la legislación heredada le da seguridades jurídicas?”