El Gobierno bloqueó el acceso de periodistas acreditados a la sede presidencial y justificó la medida por motivos de “seguridad nacional”. Organizaciones denuncian un grave retroceso institucional.
El gobierno de Javier Milei decidió bloquear el acceso de la prensa acreditada a la Casa Rosada, en una medida inédita que profundiza el conflicto entre el Ejecutivo y los medios de comunicación. La decisión fue adoptada sin previo aviso y consistió en deshabilitar el sistema de huellas dactilares que permitía el ingreso de unos 60 periodistas a la sede presidencial.
Desde el oficialismo, la medida fue presentada como preventiva, tras una denuncia por presunto espionaje ilegal contra dos periodistas que habrían grabado imágenes sin autorización dentro del edificio. Sin embargo, organizaciones de prensa y sectores políticos cuestionaron la decisión, al considerar que restringe el acceso a la información pública y afecta el control ciudadano sobre la gestión de gobierno.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) calificó la medida como “de extrema gravedad institucional”, al señalar que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del Poder Ejecutivo. Además, advirtió que no existe resolución judicial que justifique una sanción de tal magnitud, lo que vuelve desproporcionada la restricción aplicada a todos los periodistas acreditados.
La decisión se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno de Milei y la prensa, marcado por reiterados ataques verbales del presidente hacia periodistas y medios. En paralelo, el Ejecutivo enfrenta una serie de denuncias e investigaciones por presuntos casos de corrupción que involucran a funcionarios de alto nivel, lo que ha intensificado el escrutinio mediático en las últimas semanas.
Entre los casos que generan mayor repercusión se encuentran investigaciones sobre el patrimonio y movimientos financieros del jefe de Gabinete, así como otras denuncias vinculadas a presuntas irregularidades en distintas áreas del gobierno. En este escenario, el cierre de la Casa Rosada a la prensa es interpretado por diversos sectores como un intento de limitar la cobertura informativa en un momento crítico para la administración.
La medida no solo afecta el trabajo cotidiano de periodistas nacionales e internacionales, sino que también reabre el debate sobre el estado de la libertad de prensa en Argentina y el rol del Estado en garantizar el acceso a la información pública en contextos democráticos.
