La decisión, adoptada por la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, prohíbe la publicación de solicitudes de formalización judicial hasta que exista una condena definitiva. Un cambio drástico en la política de comunicación de la Fiscalía, que llega justo una semana antes de la formalización del exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, por presuntos delitos de corrupción.

Restricciones que golpean la democracia y el control ciudadano

Cainfo advierte que esta medida no solo limita el acceso de la población a información crucial sobre casos de interés público, sino que también afecta pilares fundamentales del sistema democrático: la participación ciudadana, el control del funcionamiento estatal y la gestión pública. Asimismo, denuncia que se impone un obstáculo adicional al ejercicio del periodismo de investigación.

El artículo 135 del Código del Proceso Penal uruguayo establece que los procesos judiciales deben ser públicos en todas las etapas posteriores a la investigación preliminar, salvo decisión expresa de un tribunal. Para Cainfo, la resolución de Ferrero vulnera este principio y contradice compromisos internacionales asumidos por Uruguay en materia de derechos humanos.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha subrayado que el derecho de acceso a la información pública es esencial para la participación democrática y el control de la corrupción. La propia Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sostiene que la "máxima publicidad" debe ser el principio rector en materia de acceso a la información.

Medida sin respaldo legal

Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado, Ferrero reconoció que el verdadero motivo de la medida es frenar las filtraciones de investigaciones reservadas en el Ministerio Público. Sin embargo, Cainfo denuncia que no existen fundamentos legales o constitucionales que justifiquen semejante restricción.

La organización también señala un preocupante contexto: un aumento en las críticas y ataques provenientes de figuras políticas hacia el periodismo, especialmente cuando se difunde información sobre investigaciones de corrupción que involucran a dirigentes y funcionarios públicos.

Obstáculos adicionales en el Poder Ejecutivo

Cainfo también reportó trabas ilegales al derecho de acceso a la información en dependencias del Poder Ejecutivo. En al menos dos casos recientes, periodistas y ciudadanos se vieron obligados a presentar constancia de voto en las últimas elecciones o un certificado digital avanzado para registrar sus solicitudes, condiciones no previstas en la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública.

La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) ya había aclarado en 2022, mediante la Resolución N° 76/022, que esos requisitos son ilegales. La ley establece criterios claros: la ausencia de ritualismos y la no discriminación son principios fundamentales para garantizar este derecho.

Cainfo exige que se reviertan tanto las restricciones impuestas por la Fiscalía como los obstáculos administrativos, advirtiendo que su permanencia socavaría derechos esenciales garantizados por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por Uruguay.

El derecho a saber, en riesgo

La situación actual plantea serias interrogantes sobre el futuro de la transparencia y la rendición de cuentas en Uruguay, un país tradicionalmente visto como un referente regional en estos temas. La preservación del derecho de acceso a la información pública y la libertad de expresión son indispensables para el fortalecimiento de las democracias.

Cainfo, en su último comunicado, lo dejó claro: el derecho a buscar, recibir y difundir información no es un privilegio de unos pocos, sino un pilar sobre el que descansa el Estado de derecho.